Informe de la Policía española revela trama en Venezuela entre el militar Said Cabrera y el empresario Roberto Rincón para saquear a PDVSA

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Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, enviado a la Audiencia Nacional española, revela un nuevo episodio en el presunto saqueo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), en el que habría participado el exmilitar ‘chavista’ Said Cabrera y con el que se habría conseguido que dos contratos, uno por valor de 80 millones de dólares, fueran adjudicados a empresas detrás de las que estaban presuntamente los empresarios Roberto y José Rincón.

El oficio de la UDEF -de octubre de 2022-, remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 y al que ha tenido acceso Europa Press, detalla las pesquisas que han llevado a demostrar «de manera palmaria» la relación de índole personal y profesional del exmilitar con los empresarios Roberto Rincón -detenido en EEUU- y su hijo José Rincón -investigado por la Audiencia Nacional-, reveló The Objective.

En el mismo, se apunta que se han estudiado dos operativas sospechosas en las que participaron los tres en 2013 y 2014, y que en al menos una de ellas Said Cabrera aun era funcionario venezolano adscrito al Ministerio de Defensa, algo que le posicionaba como alguien «cercano» al círculo de funcionarios de PDVSA, empresa que fue la contratante de ambos servicios.

La primera de las operativas analizada consistió en la venta de unos vehículos a la filial de compras de PDVSA llamada Bariven. En los correos que se intercambiaron Cabrera y los empresarios, la UDEF ve reflejado el ‘modus operandi’ de la familia Rincón: interponían sociedades «sin aparente vinculación con ellos» que lograban licitaciones con PDVSA gracias al contacto previo de Roberto Rincón con funcionarios venezolanos «para asegurar que estas terceras empresas interpuestas lograran hacerse con los contratos».

«Una vez que una de estas empresas era elegida como licitadora y se hacía con el proyecto, la familia Rincón se convertía en su proveedora, justificando mediante la pertinente facturación toda la venta de materiales y productos», indica la Policía.

Apunta, asimismo, que para dar con este sistema de corrupción empresarial, fue determinante la declaración de culpabilidad en EEUU de Roberto Rincón, quien en junio de 2016 confirmó sobornos a funcionarios venezolanos de PDVSA que influyeron de manera decisiva, según el informe, en la adjudicación directa de licitaciones a sus compañías. De hecho, indicó que uno de esos funcionarios era el gerente de Prevención y Control de Pérdidas de la petrolera Rafael Reiter Muñoz, quien a su vez aparece como tesorero en una mercantil panameña -Inversiones EC 58 INC.- constituida en 2014 por Said Cabrera.

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En este caso, la venta de vehículos a Bariven la realizó una sociedad denominada Maniobras Civiles INC. La UDEF explica que las comunicaciones arrancan en diciembre de 2012 y dejan negro sobre blanco el rol tanto de Cabrera como de Roberto y José Rincón. «Se puede afirmar que, pese a no observarse una vinculación formal con la sociedad por parte de ninguna de estas tres personas, serán precisamente ellas quienes darán las instrucciones y procederán a la ejecución de la operación de venta», señala.

Indican los investigadores que existe una cadena de correos relativos a un viaje de médicos alemanes a Venezuela el 10 de marzo de 2013 con ocasión del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, que revelaría que Cabrera era funcionario público cuando se realizó la operativa sospechosa. Además, destacan un documentos excel en el que se ha podido constatar que la venta de esos 17 vehículos a Bariven por importe de 2,7 millones de dólares conllevó un beneficio de 881.786 dólares, «lo que supone una rentabilidad de un 46,04 por ciento».

La UDEF indica que este documento junto a la cadena de correos electrónicos intercambiado, también permite inferir que la venta fue aprobada «tras una conversación de Roberto Rincón con Said Cabrera en casa de este último, dándose acto seguido instrucciones a José Rincón –hijo de Roberto– para que proceda a su ejecución».

A esta lista se sumarían otras dos con 124 y 163 vehículos con numeraciones de órdenes de compra coincidentes con las emitidas por Bariven. El coste de los vehículos fue de 6,2 millones de dólares y fueron vendidos por 11,3 millones, lo que arroja un beneficio de 5 millones para Maniobras Civiles INC., que «prácticamente duplicó la inversión».

La segunda de las operaciones sospechosas tiene que ver con la sociedad Plymouth Overseas Limited, participada de manera minoritaria por Cabrera, que se hizo supuestamente con un contrato para la implantación de un sistema de videovigilancia promovido por PDVSA y que contaba con un presupuesto de 80 millones de dólares.

Con base a ese contrato, dice la UDEF, se canalizaron fondos hacia España por un importe cercano a los ocho millones de dólares. Las transferencias llegaron principalmente de un fondo de inversión radicado en Islas Caimán llamado Adar Latam High Income Fund LTD (7 millones de dólares), controlado por Diego y Sergio Marynberg, y de un fondo denominado Tradequip CA (1 millón), controlado por Roberto y José Rincón. Esos fondos llegaban a una cuenta de Caixa Geral que estaba a nombre de Carmen Julia Pérez y en la que figuraba como autorizado el propio Said Cabrera.

Los investigadores ponen de relieve que Plymouth Overseas Limited era una sociedad creada pocos meses antes de hacerse con el contrato y sin ningún recorrido profesional. Y que todo el dinero inicial que permitía a esa sociedad acometer el encargo de PDVSA no fue transferido a ninguna cuenta a nombre de la mercantil sino «a una cuenta personal abierta en España ex profeso y a su nombre por una persona física (Carmen Julia), autorizando el acceso de la misma a Cabrera».

Una vez más, la familia Rincón se posiciona a través de sus sociedades como proveedora del material que deberá utilizar Plymouth Overseas Limited para llevar a cabo el proyecto. El informe apunta además que gran parte del dinero enviado a España a la cuenta de Carmen Julia Pérez «será a su vez transferido a otras jurisdicciones en un período muy corto de tiempo». Apunta que al menos cinco millones fueron a una cuenta de Bahamas. / Más en The Objective


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