Hay deudas que a algunos le quitan el sueño, pero las deudas de la familia Gaspard con sus proveedores parecen diseñadas para quitarles más que eso. La empresa IPG estaba encabezada por los venezolanos Yunilda Sabino y su esposo Emanuele De Martínez, residentes de Doral, Florida. En un giro trágico del destino, Yunilda enfermó gravemente de cáncer y falleció en julio de 2024. Su esposo, Emanuele, devastado y exhausto, la siguió a la tumba menos de un año después, en mayo de 2025.
Mientras la enfermedad consumía a la pareja, ambos libraron una batalla tan dolorosa como inútil: intentar que los hermanos José y Chamel Gaspard Morell -en el pasado señalados de fungir de presuntos testaferros para el político opositor venezolano Antonio Ledezma- honraran sus millonarias deudas. Los ruegos de los esposos De Martínez cayeron en oídos sordos. Ni José, ni Chamel, ni sus hijos —quienes estaban perfectamente al tanto de los tejemanejes y negocios sucios de la familia— tuvieron la decencia de pagar un solo centavo para aliviar la agonía de sus acreedores. Se necesitaría la intervención de Jonathan De Martínez, hermano de Emanuele y socio de IPG, para lograr lo que parecía imposible: obligar a los Gaspard a pagar su cuenta póstuma mediante un embargo brutal y necesario.
Un “mall” de mala muerte y estafas a la tercera edad
El botín que Jonathan De Martínez logró arrebatarle a las garras de los Gaspard no era precisamente un palacio en Beverly Hills, sino un oscuro epicentro de dudosas actividades: 18 locales comerciales ubicados en el condominio residencial y comercial St. Croix en Lauderdale Lakes. Se trata de una modesta ciudad en Florida con una población de mayoría afroamericana.
¿Qué albergaba este bastión inmobiliario de los Gaspard? Un variopinto ecosistema de peluquerías, boutiques, centros de estética y microfinancieras. Pero el verdadero “talento” de los inquilinos de los Gaspard brilló gracias a una mujer llamada Monique Clarke. Entre 2020 y 2021, desde uno de estos mismísimos locales, esta inquilina formó parte de una red de fraude telefónico diseñada para esquilmar sin piedad a ancianos en todo Estados Unidos. La gracia le costó a Monique terminar tras las rejas, acusada por la justicia federal junto a una banda de ciudadanos originarios de Jamaica. Todo bajo el techo y el cobro mensual de los ilustres hermanos Gaspard. Dime a quién le alquilas, y te diré quién eres.
De la madera al maletín: El camaleónico festín en PDVSA
Para entender la voracidad de los Gaspard, hay que viajar al bienio 2012-2013. Mientras Hugo Chávez agonizaba de cáncer y se veía forzado a soltar el poder para que Nicolás Maduro tomara las riendas de un país a punto de implosionar, los hermanos Gaspard vieron una oportunidad de oro en el caos. Con total desparpajo, constituyeron una fábrica de empresas de maletín en Caracas, utilizando como viles prestanombres incluso a sus propios familiares de la tercera edad.
Gracias a estas fachadas, recibieron decenas de contratos directos de una PDVSA que ya era una piñata abierta para los “enchufados”. La arrogancia de los hermanos era tal que se daban el lujo de alardear entre sus amistades y ante bancos como el Italbank de Puerto Rico, sobre su supuesto papel como contratistas del Ministerio de Defensa de Venezuela en esa misma época.
Las joyas de la corona de este desfalco corporativo incluyeron a:
-Multiservicios Total 12-12, C.A.: Una fachada dedicada a suministrar mobiliario de madera a las oficinas de PDVSA en la capital. Aquí los hermanos hacían un homenaje a la vieja tradición familiar. Su padre, Antonio Gaspard, se hizo rico como concesionario de inmensas plantaciones madereras en el estado Bolívar durante la presidencia de Raúl Leoni (1964–1969). Por supuesto, esto no fue gracias al libre mercado: Antonio mantenía una íntima amistad y hasta lazos de compadrazgo con una cuñada del mismísimo presidente Leoni. Amiguismo de vieja data.
– Servicios Global Latina 102, C.A.: La clásica empresa “todoterreno” destinada a la supuesta remodelación y reparación de las oficinas de PDVSA en Caracas.
– Servicios Romavick, C.A.: La guinda del pastel. Supuestamente prestaba servicios de construcción, pero le vendía a PDVSA desde consumibles de oficina hasta celulares y computadoras. Su audacia los llevó a instalar “talleres de reparación” en las mismísimas entrañas de Pdvsa Occidente, Pdvsa Oriente y Caracas. Allí reparaban equipos vendidos por ellos mismos (estuvieran o no en garantía) o incluso computadoras que la petrolera le había comprado a terceros. Todo un monopolio parasitario financiado con dinero público.
El laberinto offshore y las divisas preferenciales
Semejante asalto al erario venezolano requería una lavandería a la altura. En todos los casos mencionados, estas empresas de maletín no operaban solas; eran subsidiarias directas de fundaciones de papel que los Gaspard constituyeron hábilmente en Panamá. Entre ellas figuraban nombres rimbombantes como Island, Investment Foundation; Taboga, Investment Foundation; o Investment Foundation, Vail.
Este sofisticado andamiaje no era casualidad. El negocio les garantizaba a los Gaspard un acceso VIP a las codiciadas divisas preferenciales de CADIVI/CENCOEX en medio del asfixiante control de cambio que ahogaba al resto de los venezolanos. Con total impunidad, los hermanos movían fortunas entre Venezuela, Panamá y Estados Unidos, utilizando además firmas fachada intermediarias escondidas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. La mesa estaba servida para la triangulación perfecta.
La triangulación perfecta o cómo exprimir a PDVSA con equipos Lenovo (2014)
El apetito voraz de los Gaspard requería una obra maestra de la ingeniería financiera, un entramado diseñado a finales de 2014 con un único propósito: inundar a PDVSA con equipos informáticos esquivando cualquier fastidiosa limitación legal de compra directa que impusiera el Estado. ¿Para qué hacer las cosas por la vía transparente cuando se puede triangular?
La jugada maestra arrancó entre octubre y noviembre de ese año. Desde las sombras, la empresa panameña Golden Plate Investment Inc —bajo el férreo control del empresario venezolano José Gaspard— comenzó a emitir millonarias órdenes de compra de computadoras de la marca Lenovo. Para ello, utilizaron como intermediario y financista al mayorista IPG, con sede en Florida, cuyos dueños terminarían pagando con su patrimonio (y su paz mental hasta el final de sus días) el haber confiado en este clan.
La audacia de los Gaspard rozaba el delirio. Entre el 13 y el 26 de noviembre de 2014, a través de su conveniente empresa de maletín Servicios Romavick C.A., tuvieron la desfachatez de solicitar formalmente a la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicaciones (AIT) de PDVSA que les cedieran espacios físicos dentro de la estatal para instalar sus “talleres de garantía” de Lenovo. El engaño estaba tan bien orquestado que la propia Lenovo, desde Hong Kong, emitió una certificación oficial autorizando a las empresas de Gaspard a operar como sus representantes técnicos ante la petrolera. José Gaspard llegó a quejarse incluso de que Lenovo intentó supuestamente negociar de forma directa con PDVSA, con el fin de sacarlo a él y a sus empresas del negocio.
Finalmente, el 19 de diciembre de 2014, la trampa se cerró. Para financiar la monumental compra de computadoras, IPG le otorgó a las empresas de Gaspard una línea de crédito rotativa de hasta 3.000.000 de dólares. A modo de garantía (o colateral) por el préstamo, los Gaspard hipotecaron los 18 locales en el sórdido centro comercial St. Croix en Florida. Pero, como en los negocios de los Gaspard nada es lo que parece, la plaza comercial no estaba a su nombre directo: figuraba a nombre de una de sus tantas compañías en EE.UU., cuya propiedad mayoritaria pertenecía, convenientemente, a la sociedad offshore Williamette Valley Capital Corp, agazapada en la opacidad fiscal de las Islas Vírgenes Británicas. La mesa estaba servida para el gran impago.
El “perro muerto” y la excusa barata de una Venezuela en ruinas (2015 – 2017)
Como suele ocurrir en los esquemas parasitarios que dependían de la chequera chavista, el negocio colapsó estrepitosamente en el momento exacto en que el flujo de caja del Estado venezolano se secó. Pero los Gaspard no estaban dispuestos a perder un centavo de su propio bolsillo.
Para mayo de 2015, apenas cinco meses después de haber firmado el jugoso crédito de 3 millones de dólares, las empresas de Gaspard ya comenzaban a incumplir los plazos de pago. El castillo de naipes se venía abajo y, entre el 2 y el 6 de septiembre de 2015, se desató el pánico en los servidores de correo electrónico. Por un lado, Lenovo Venezuela le exigía desesperadamente a Gaspard que cumpliera con las garantías de los equipos fallidos en PDVSA; por el otro, IPG le reclamaba furiosamente el pago de la deuda, recordándole un pequeño e incómodo detalle: José Gaspard había prometido bajo palabra de honor que respondería con sus propios fondos si PDVSA fallaba.
Pero el honor es una moneda que no circula en el universo Gaspard. Acorralado, José Gaspard respondió admitiendo su insolvencia, pero no asumiendo su culpa, sino transmutándose en un cínico analista político. Se justificó argumentando que Venezuela era ahora un “país destruido, militarizado y económicamente quebrado”, alegando que el control de cambio le impedía conseguir dólares. ¡Qué ironía! Las mismas trabas cambiarias que durante años utilizaron para amasar fortunas con dólares preferenciales, ahora le servían como la excusa perfecta, la coartada ideal para hacerle el “perro muerto” a sus acreedores.
Irónicamente, en paralelo, los Gaspard levantaban su faraónico centro comercial Anclas Mall & Plaza, en La Chorrera, Panamá.
El teatro de la morosidad se prolongó un par de años más, operando en las sombras. El 10 de marzo de 2017 se registró el último y raquítico pago parcial. Para hacerlo, el dinero no viajó por vías regulares, sino que fue lavado a través de un opaco circuito internacional de empresas que incluyó saltos por cuentas en Panamá y pagos desviados descaradamente hacia sociedades fachada propias, como la absurdamente bautizada iRobot de Venezuela, otra de las firmas comerciales de los Gaspard en el país suramericano.
Tras este último malabar financiero, los Gaspard bajaron la santamaría y dejaron un saldo deudor de 594.267,89 dólares. Lo que en su infinita soberbia no calcularon fue que esa deuda no se quedaría congelada; a partir de ese momento, comenzó a devorar su patrimonio al ritmo de un interés por mora del 18% anual. El reloj de arena se había volcado y la cacería judicial estaba a punto de comenzar.
El descaro en los tribunales y el conveniente comodín de las sanciones (2020 – 2023)
Ante el silencio sepulcral de los Gaspard y la absoluta falta de pagos, el conflicto abandonó los correos electrónicos y aterrizó donde los tramposos más temen: el estrado judicial. La paciencia de IPG se agotó y el 20 de mayo de 2020 introdujeron formalmente una demanda de ejecución hipotecaria. El objetivo era claro y merecido: arrebatarle a los Gaspard el control del centro comercial de Florida para cobrarse la deuda.
Pero si algo le sobra a esta familia es desfachatez para litigar. El 8 de marzo de 2022, la defensa de los Gaspard presentó ante la corte sus argumentos formales, revelando una estrategia que raya en el surrealismo. Su principal carta fue intentar evadir la responsabilidad amparándose en la geopolítica. Bajo la figura legal de “frustración del propósito”, los abogados argumentaron que las sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela imposibilitaron que PDVSA les pagara. ¡Una pirueta argumentativa majestuosa! Los mismos empresarios que operaban mediante opacas *offshores* y que habían exprimido los dólares de CADIVI, ahora se presentaban como mansas víctimas del imperialismo estadounidense, pidiendo clemencia al mismísimo sistema judicial de EE.UU. para proteger sus bienes en Florida.
Pero la artimaña legal tenía los pies de barro. El 22 de septiembre de 2023, la defensa de IPG contraatacó presentando una lapidaria moción de juicio sumario. No llegaron con discursos políticos, sino con más de medio centenar de evidencias documentales demoledoras. Entre el arsenal de pruebas figuraban conocimientos de embarque marítimo y aéreo que demostraban irrefutablemente que los equipos informáticos sí habían sido entregados y que las excusas de Gaspard carecían del más mínimo sustento legal o fáctico. El cuento de la “frustración del propósito” quedó reducido a cenizas.
Acorralados contra las cuerdas, a punto de perder su preciada plaza comercial en un juicio inminente y sin más mentiras que inventar, las empresas de Gaspard recurrieron al último refugio de los morosos profesionales. El 16 de noviembre de 2023, se acogieron a la Ley de Quiebras (Capítulo 11) en Estados Unidos. Su único objetivo era ganar tiempo, asfixiar a los demandantes y lograr la congelación automática del embargo de la propiedad. Un escudo de papel para una empresa moralmente arruinada.
La falsa quiebra, la deuda astronómica y la rendición de los cobardes (2024 – 2025)
El intento de instrumentalizar la justicia concursal estadounidense como un escudo terminó por explotarles en la cara a los Gaspard. La matemática, a diferencia de la política, no miente ni perdona.
El 12 de junio de 2025, una juez dictó una sentencia que cayó como un yunque sobre el patrimonio de los venezolanos. La corte determinó que la deuda real de Gaspard con IPG —sumando el capital original impago, los letales intereses acumulados del 18% anual y los exorbitantes honorarios de los abogados— había escalado a la astronómica y asfixiante cifra de más de 2 millones 300 mil dólares. Semejante monstruo financiero devoraba por completo el valor total de la plaza comercial. Ya no había salvación posible.
Total y absolutamente derrotados, el 15 de septiembre de 2025 la empresa de los Gaspard se vio obligada a firmar un acuerdo de rendición incondicional. Los Gaspard no solo dejaron de pagar la hipoteca durante 8 años y cobraron los alquileres de los locales sin pagar los impuestos a la propiedad de los años 2022, 2023 y 2025, sino que, al verse acorralados, lograron exprimirle $50,000 dólares adicionales en efectivo a sus propios demandantes a cambio de firmar la rendición y no tener que subastar el centro comercial.
La capitulación final se materializó el 5 de diciembre de 2025, consumándose la pérdida total del activo. Sin embargo, la escena del cierre fue el epítome de la cobardía. Sabiendo que el nombre de José Gaspard estaba manchado con alertas internacionales y que su sola firma era un foco de problemas, el clan decidió esconderlo. Fue un medio hermano con menor perfil público, Juan Gaspard, quien dio la cara y firmó la escritura de transferencia del inmueble a favor de IPG. Así, mientras el medio hermano ponía el nombre en los tribunales, José Gaspard se mantenía en las sombras, escabulléndose para no exponer su firma en el acta de su propia derrota.
El botín maldito, la traición de IPG y la “Guerra Civil” (2025 – 2026)
Cualquiera pensaría que, tras recuperar el control del inmueble, la historia tendría un final feliz para los herederos de la deuda. Pero en este lodazal financiero la decencia brilla por su ausencia, e incluso los “vencedores” demostraron estar cortados por la misma tijera de la avaricia.
El mismo mes de diciembre de 2025, el mismísimo día en que IPG recibió legalmente la propiedad, sus directivos decidieron protagonizar su propia escena de traición corporativa. Con el activo ya en el bolsillo, se negaron a pagarle a su propio bufete de abogados el 20% de honorarios previamente acordados. Pero los abogados que se enfrentaron a los Gaspard no eran unos novatos dispuestos a dejarse pisotear. Como represalia inmediata, el bufete demandó a IPG por flagrante incumplimiento de contrato.
La justicia divina operó rápido para castigar la rapiña interna. El 10 de abril de 2026, una autoridad judicial falló a favor de los abogados, castigando la mezquindad de IPG y clavándole a la plaza comercial un gigantesco embargo de 1 millón de dólares en su contra. El trofeo arrebatado a los Gaspard nacía muerto, asfixiado por las propias deudas de quienes acababan de ganarlo.
Distribución indebida de fondos
La pérdida del centro comercial no fue el único golpe para el empresario venezolano. En la sentencia del 10 de abril de 2026, la jueza federal determinó que José Gaspard adeudaba a su propia empresa en quiebra más de $20,000 por concepto de ‘distribuciones impropias’. En el estricto sistema de bancarrotas de Estados Unidos, un dueño no puede extraer fondos sin autorización de la corte ni justificación contable.
Este hallazgo, catalogado como una irregularidad administrativa y civil por el tribunal, sumó a la pérdida de confianza que culminó semanas después con la decisión más drástica de la juez del caso: cancelar la reorganización y ordenar la liquidación total de la empresa (Capítulo 7), arrebatándole a los Gaspard el último resquicio de control sobre sus activos en Florida.
El hallazgo de la corte federal sobre las extracciones de dinero podría abrir un nuevo frente legal para el empresario. En el sistema de bancarrotas de Estados Unidos, los retiros no autorizados bajo custodia judicial no solo derivan en sanciones civiles como la liquidación forzosa de la empresa. Si las autoridades federales llegan a investigar el caso y demuestran que Gaspard actuó de mala fe o con intención de ocultar estos fondos a la corte, estas ‘distribuciones impropias’ pudieran acarrearle graves consecuencias penales.
El epílogo de la codicia
El infame esquema operado entre 2014 y 2026 es el retrato fiel de una élite parasitaria. Demuestra cómo una simple “operación de suministro” para el Estado venezolano no era más que un caballo de Troya para apalancarse en activos inmobiliarios en Estados Unidos, esconderse en estructuras opacas en el Caribe y lavar dinero a costa del colapso de un país.
Finalmente, fue el peso aplastante de los intereses moratorios, la insolvencia galopante y la ridícula sustracción indebida de fondos bajo la nariz de una juez lo que terminó por despojar a los Gaspard de su oscuro patrimonio en Florida. El inmueble, ese símbolo de estatus y fraude con el que intentaron engañar a todos, quedó convertido en un monumento a la ruina, atrapado hoy en un embargo millonario en una “guerra civil” entre los propios vencedores del litigio.
Los Gaspard perdieron la propiedad, su reputación y muy pronto, si la justicia federal avanza con apoyo del síndico liquidador, podrían perder también su libertad. Un final a la altura de su codicia.
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