Un dicho popular afirma que no hay peor astilla que la del mismo palo. Ello retrata de algún modo las declaraciones del exdiputado opositor venezolano Rafael Guzmán, quien, en una entrevista, ha criticado la forma en la que el «interinato» de Juan Guaidó y la junta ad hoc y junta directiva, nombradas por Guaidó y reconocidas por el gobierno de Estados Unidos, gestionaron, respectivamente, fondos de Pdvsa y Citgo.
Las palabras del exdiputado Guzmán en una entrevista para HispanoPost, realizada por Blanca Vera Azaf, también muestran en gran medida la forma en la que el «interinato» manejó el tema de los bonistas acreedores de Pdvsa.
Ante el vencimiento del bono de Pdvsa 2017 y la necesidad de pagar a los acreedores el monto total, el gobierno de Nicolás Maduro optó por reestructurar ese título. El incentivo para lograrlo fue ofrecer 50,1% de las acciones de Citgo como garantía y así seducir a los inversionistas.
La Ley Orgánica de Administración Financiera autoriza a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) a emitir bonos sin la aprobación de la Asamblea Nacional (AN), pero la reestructuración del bono 2017 implicaba un hecho sin precedentes: la colocación de Citgo como garantía.
En ese momento, el jefe de la bancada del PSUV era Héctor Rodríguez y el diputado encargado de los asuntos económicos dentro del grupo oficialista era Hugbel Roa, un fiel seguidor de Tareck El Aisami, quien era el vicepresidente de la República. Era evidente que había una presión para que la oposición –que tenía mayoría parlamentaria- avalara la reestructuración de esa deuda.
Los diputados opositores respondieron, mediante una carta, que era la Fiscalía de la nación, dirigida por Luisa Ortega Díaz, quien debía emitir su opinión legal al respecto.
Meses después, el gobierno de Maduro -asfixiado por los malos manejos económicos y de Pdvsa y ante el bloqueo del financiamiento internacional- decidió incumplir el pago de la deuda externa y todas las emisiones de bonos entraron en cesación de pagos.
En 2019, el gobierno interino tomó el control de los activos de Pdvsa en el exterior y estableció la estrategia de defensa judicial basada en litigios contra los acreedores, en vez de la negociación con estos. Actualmente, hay deudas de la República y de Pdvsa; que incluyen los títulos, las emisiones de bonos, la deuda comercial y la deuda financiera.
Las dos grandes amenazas sobre Citgo provienen de deudas de la República (caso Crystallex). La otra se debe a la reestructuración del bono de Pdvsa 2017, que fue reemplazado por el bono de Pdvsa 2020, con la particularidad de que se ofreció 50,1% de las acciones de Citgo como garantía.
En cuanto a los procesos judiciales, la única demanda que lleva adelante el interinato es contra el bono 2020, específicamente contra su garantía. El resto de las demandas existentes son de los acreedores contra la República, donde buscan cobrarse con Pdvsa y sus activos como Citgo,
Hace pocos días se dictó una sentencia de la Corte de Delaware que autorizó a varios acreedores a embargar acciones de Citgo.
El exdiputado de la AN de 2015 por Primero Justicia, Rafael Guzmán, es uno de los pocos que se ha atrevido a hablar sobre un tema que se ha vuelto un tabú, con responsabilidades que nadie asume.
-La sentencia de la Corte de Delaware es una muestra de que la estrategia diseñada para demandar a los tenedores de bonos fracasó o no deberíamos preocuparnos?
-Cuando el gobierno interino asume el control de los activos de Pdvsa en el exterior, en el año 2019, se diseñó una estrategia de defensa basada en litigios contra los acreedores, y se desecha cualquier negociación con estos. En mi opinión, esto fue un grave error. Se cayó en la tentación de hacer inmensos gastos en pagos a bufetes de abogados sin resultados positivos.
-¿Cuál es el alcance de la sentencia dictada por el juez Leonard Stark?
-Se les otorgó el derecho a cuatro empresas para embargar acciones de la compañía Citgo Petroleum Corp y cobrar 2,5 millardos de dólares en deudas.
-¿Por qué el juez decidió fallar a favor de las empresas que demandaban a Citgo?
-El juez validó el argumento de que Citgo era el «alter ego» del gobierno de Venezuela.
-¿Qué es un alter ego?
-Alter ego significa que no hay una separación entre Citgo y el gobierno interino de Juan Guaidó. Es decir, que son lo mismo. Debido a esta decisión, estos cuatro acreedores que están en proceso de demanda contra la República pueden ir contra los activos de Pdvsa en el exterior (Citgo), pues son lo mismo.
-¿Qué quiere decir eso?
-Según el juez Stark, esto significa que los acreedores lograron demostrar que el gobierno interino de Juan Guaidó, quien asumió el control de la empresa desde 2019, utilizó la empresa para sus propios fines. De allí que la sentencia señala y leo textual: “La naturaleza de la relación entre la República y PDVSA no ha cambiado materialmente en el tiempo después de que esta misma corte sentenció con lugar en el caso (del alter ego) de Crystallex en agosto de 2018, a pesar del reconocimiento por EEUU del gobierno de Guaidó en 2019”.
-¿Por qué es relevante esta sentencia?
-Porque les da luz verde a todos los acreedores para ir contra los activos de Pdvsa. Este es el resultado de los errores por parte de representantes del interinato, que incumplieron principios elementales del gobierno corporativo.
No tiene explicación lógica el hecho de que uno de los integrantes del gobierno interino, José Ignacio Hernández, quien fue el testigo experto en el caso de Crystallex para demostrar el alter ego de Pdvsa para que esta empresa pudiera ir contra los activos de Pdvsa en el exterior, haya cometido junto con el interinato todos estos errores.
Pero, además, hay algo incluso más grave y es que esta misma persona actuó como testigo experto para Owens-Illinois, una de las compañías favorecidas por esta sentencia de la Corte de Delaware. Y hay que recordar que en el pasado también fue testigo experto de la empresa Helsinge, en el caso de Pdvsa Litigation Trust.
-Retrocedamos un poco: ¿por qué se decidió demandar a los acreedores de los bonos Pdvsa 2020 en vez de ir por el camino de la negociación?
-Hubo un momento en que el gobierno interino pagó los intereses del bono Pdvsa 2020 para no caer en default y evitar que los tenedores ejercieran la garantía, es decir, tomar control de la empresa.
Previo a que se vencieran los siguientes intereses, el Departamento del Tesoro dio una licencia de protección por seis meses. Esa licencia -que prohibía a los tenedores del 2020 accionar contra la compañía- daba pie para que se protegiera la empresa y para que en lapso de seis meses las partes pudieran llegar a acuerdos.
Puedo decir con total claridad que allí había interés para que este acuerdo se consolidara. Estados Unidos nunca ha prohibido que las partes negocien.
-Pero entonces, ¿por qué no se negoció con los tenedores del bono 2020?
-Porque no les dio la gana. En vez de utilizar la licencia para negociar, Pdvsa ad hoc decidió demandar, sintiéndose protegidos por esa licencia.
-¿Cuál fue el criterio?
-Nunca se explicó a la oposición cuál fue el criterio. Solo decían que la emisión era nula y que se había violado la Constitución.
-¿Eso significaba que en teoría los tenedores de bonos no podrían recuperar nunca su inversión?
-No, simplemente querían que se anulara la garantía que es Citgo, pero seguirían siendo acreedores como el resto de los tenedores de bonos. Demandaban la nulidad de la reestructuración y su garantía y no la deuda.
-¿Hubo voces que se opusieron a la demanda?
-Alejandro Grisanti, en aquel momento director de Pvdsa ad hoc, se opuso a la demanda y lo comunicó. Dijo que la estrategia era equivocada, que había que utilizar los lapsos de la licencia para poder negociar. De hecho, hay un correo y una carta de Grisanti notificando esto.
-¿Se les pagaron los honorarios de los bufetes contratados para ese litigio? ¿Tiene información sobre esto?
-La información que tengo es que se aprobó más de una centena de millones de dólares en pago de honorarios de abogados, pero no sé en qué proporción se repartió, no tengo conocimiento de eso. Una de nuestras denuncias era que se gastaba plata en abogados que además perdían los juicios.
-¿En qué se basó el juez para responsabilizar al gobierno interino de utilizar a Citgo para sus propios fines?
-Hay varias razones de carácter económico. Por ejemplo, dice el escrito lo siguiente: “El gobierno de Guaidó ha tratado las obligaciones de Venezuela y PDVSA como una sola, indicando específicamente que tiene la intención de tratar la deuda de bonos de PDVSA de manera intercambiable con la deuda de bonos de Venezuela en una eventual reestructuración», tal y como lo había declarado y esto significa que se actuó de manera negligente al abordar conjuntamente los compromisos de deuda de la República con los de la empresa.
Por otro lado, la sentencia sostiene que: «La cuenta de Twitter de la Junta Ad Hoc de PDVSA se refiere a los activos de PDVSA como activos de Venezuela». Esto también da pie a pensar que la empresa y el gobierno de Venezuela son lo mismo.
La sentencia especifica el financiamiento del interinato con fondos de Pdvsa como una de las razones que prueba el control económico sobre Citgo por parte del gobierno de Guaidó. La sentencia indica que “el Gobierno de Guaidó ha continuado afirmando su control económico sobre PDVSA, sus activos y subsidiarias. Además, agrega que, para financiarse, el Gobierno de Guaidó ha debitado fondos directamente de las subsidiarias de Pdvsa en Estados Unidos.
Incluso, se hace referencia a un caso específico: “En abril de 2020, el Gobierno de Guaidó se aprovechó de los fondos ubicados en Estados Unidos de PDVSA y Citgo para fondear los honorarios de abogados y también para financiar a la Asamblea Nacional”.
Además, el juez señala que las ganancias de Pdvsa van directamente al gobierno de Juan Guaidó, lo cual demuestra nuevamente el control indebido sobre la compañía.
-Pero la sentencia establece otros argumentos adicionales.
-Sí, se manifiesta que el procurador especial designado por Juan Guaidó ejerció funciones indebidas sobre Pdvsa. Leo textual: “PDVSA, en coordinación con el Abogado Especial designado por el Presidente de la República, llevará a cabo la representación legal de (Ad Hoc PDVSA) y sus empresas afiliadas en el extranjero”.
Se agrega en el mismo fragmento que la estrategia de defensa judicial de Pdvsa se ejecutará solo en coordinación con el procurador especial, lo cual confirma la injerencia indebida por parte de este funcionario.
Un ejemplo de ello es que se asegura que “Luis Pacheco, entonces Presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA, afirmó en una entrevista de 2020 que la Junta Ad Hoc trabaja hacia ‘el objetivo principal’ de establecer el control efectivo del Gobierno de Guaidó sobre Venezuela». Esta declaración denota el manejo político de la empresa.
En cuanto a las decisiones que llevaron a contemplar la idea de que Pdvsa y el gobierno interino eran lo mismo, la sentencia señala que “La Junta Ad Hoc de PDVSA, nombrada por el Gobierno de Guaidó, ha ejercido los derechos de accionista de la petrolera estatal para nombrar a los directores de PDVH; los directores de PDVH han ejercido los derechos de accionista de PDVH para nombrar a los directores de CITGO Holding; y los directores de CITGO Holding han ejercido los derechos de accionista de CITGO Holding para nombrar a los directores de CITGO Petroleum”.
-¿Por qué el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con la licencia 42 le confiere a la AN del 2015 poderes por encima de la Constitución venezolana? ¿Puede explicarnos ese razonamiento y qué piensa usted al respecto?
-Estados Unidos reconoce a la AN como autoridad legítima y con poderes que están en ese Estatuto de la Transición. La AN 2015 es la que tiene -conforme a ese estatuto- facultades para proteger esos activos y, en aras de eso, ellos entienden que es la AN la que podría negociar con los tenedores del bono 2020. Sin embargo, la realidad es que esos activos a quien le corresponde negociar es a la junta directiva de Pdvsa ad hoc y la junta directiva de Citgo ad hoc.
-¿Pudiera ser posible la creación de grupo en el que convivan las partes, es decir, la administración de Maduro y la oposición para ponerse de acuerdo en ir en bloque en defensa de Citgo?
-Bueno, aquí te voy contestar lo siguiente: la política es el arte de lo posible. Si una comisión integrada por el statu quo se pone de acuerdo, se puede logar la defensa de los activos de Venezuela.
-¿Quién es el statu quo?
-La verdad es que quien gobierna en Venezuela es Nicolás Maduro y en Estados Unidos reconocen a la Asamblea Nacional electa en el año 2015. Ese es el statu quo.
-¿Cree que para Estados Unidos es incómodo tener un activo venezolano en su territorio? ¿Habría interés en que más bien Venezuela perdiera Citgo?
-Estados Unidos está comprometido con el restablecimiento de vías democráticas y pacificas en Venezuela y, en su momento, se comprometió con una política para lograr cambios en Venezuela. Sin embargo, esa estrategia fracasó. Si me preguntas si hay intereses en que Venezuela perdiera Citgo, te digo que no puedo asegurar que sea una política de Estados Unidos.
Yo lo que creo es que hay un compromiso de ayudar a los venezolanos para que resuelvan sus problemas. Pero también hay un compromiso de que los acreedores y la justicia estadounidense siga su camino. Desde un principio Estados Unidos instó a las partes a la negociación, es decir, al gobierno interno y a las juntas ad hoc de Pdvsa y de Citgo. Obviamente garantizando la protección de los activos, y lo que perseguía era que se hubiera una solución.
Si en Venezuela hubiera una solución política, Citgo no se perdería. Ciertamente, la deuda es alta, pero con las reformas que deberían adelantarse en la economía se podría responder a esa deuda que se tiene con los acreedores.
-Si Citgo se pierde, Maduro culpará al interinato y a la oposición y viceversa, pero Estados Unidos no quedará tampoco bien parado, al menos dentro de la opinión pública que vive en Venezuela. ¿Cómo lo hace sentir esta situación?
-Yo este tema lo he pensado mucho y me recuerda el pasaje bíblico del Rey Salomón con las dos mujeres que aseguraban ser madres de su niño. Salomón decidió picar al niño por la mitad y es cuando la verdadera madre decide renunciar a su hijo. Esta disputa lamentable entre los dos statu quo nos lleva a pensar que Venezuela no tiene madre que la quiera.
La AN de 2015, liderada en este momento por Dinorah Figuera, ha dado un paso importante proponiendo que las partes se entiendan para logra salvar Citgo. Ya una de las partes demostró que le duele y le interesa Citgo. Ahora falta ver si Nicolás Maduro puede demostrar a través de un gesto que es un buen padre de familia o no.
Perfil
Rafael David Guzmán Reverón es un abogado y político venezolano, que fue diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 4 del estado Miranda entre 2016 y 2021. También fue presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en 2018.
Nació en Caracas el 13 de agosto de 1971. Se graduó de bachiller en el Colegio San Ignacio de Loyola y estudió derecho en la Universidad Santa María. Hizo un posgrado en derecho económico en la Universidad Católica Andrés Bello. Trabajó en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Desde el año 2000 forma parte del equipo político de Henrique Capriles, líder del partido Primero Justicia. Ese año asumió la labor como consultor jurídico de la alcaldía de Baruta, hasta el año 2008 cuando fue nombrado por el recién electo gobernador del estado Miranda Henrique Capriles como procurador general del estado.
En 2009, mientras ejercía como procurador, Rafael Guzmán denunció supuestas irregularidades de la gestión del exgobernador Diosdado Cabello y pidió a la Fiscalía General la apertura de una investigación sobre el caso.
En 2015, fue electo diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 4 del estado de Miranda, que comprende las parroquias Guarenas, Guatire, Araira, Caucagüita, Filas de Mariche y La Dolorita. Durante su gestión parlamentaria, se destacó por su labor en materia económica y financiera, así como por su crítica al gobierno de Nicolás Maduro.
En 2018, fue designado presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Desde ese cargo, impulsó iniciativas legislativas para proteger los activos de Venezuela en el exterior, como Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos.
En 2019, reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y apoyó su estrategia de defensa judicial basada en litigios contra los acreedores de la República y Pdvsa. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó allanarle la inmunidad parlamentaria por apoyar el levantamiento cívico-militar protagonizado por Guaidó y Leopoldo López el 30 de abril de ese mismo año.
En 2023, concedió una entrevista al medio Hispanopost donde afirmó que Guaidó se aprovechó de los fondos de Pdvsa y Citgo para financiar su denominado «interinato» y cuestionó su manejo del tema de los bonistas acreedores.
Rafael Guzmán es considerado uno de los pocos políticos opositores que se ha atrevido a hablar sobre un tema que se ha vuelto un tabú, con responsabilidades que nadie asume.
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