La empresa petrolera venezolana CITGO, filial de PDVSA en Estados Unidos, ha recibido una orden judicial que suspende temporalmente algunas órdenes de embargo contra sus activos por parte de seis acreedores. Sin embargo, esta medida no implica que la compañía esté a salvo de perder su principal activo externo, ya que aún enfrenta otros cinco procesos legales, incluyendo el de la minera canadiense Crystallex.
La suspensión es una orden de rutina que se dicta mientras el afectado (en este caso PDVSA) apela la decisión. La orden suspende temporalmente algunos procesos de embargo pero no los revierte, a menos que PDVSA gane la apelación.
Así lo explicó en Twitter el economista Francisco Rodríguez (@frrodriguezc), quien ha seguido de cerca el caso CITGO y ha abogado por un acuerdo político que permita negociar con los acreedores y evitar la pérdida de la empresa.
«Para evitar la pérdida de CITGO, necesitamos un acuerdo político que permita entrar en una negociación con los acreedores. Reitero el llamado a los negociadores a discutir un acuerdo urgente para que la nación no pierda su activo externo más importante», comentó Rodríguez.
CITGO es una de las principales empresas de refinación y comercialización de petróleo y derivados en EE.UU., con ocho refinerías, unas 60 terminales y una red de distribución con más de 14 mil estaciones de servicio. La empresa fue entregada como respaldo por el gobierno de Nicolás Maduro para recibir préstamos distribuidos en el 49.9% a la empresa rusa Rosneft y el 50.1% a los bonistas de los bonos PDVSA2020 en el mes de octubre de 2016, sin la solicitud y aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela.
Actualmente CITGO es administrada por una junta directiva designada por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó (desde 2019 hasta 2023), quien recibió la empresa en un estado crítico, hipotecada al 100%, además con deudas de bonos PDVSA a futuro emitidas desde 2010, con un recorte de suministro de petróleo crudo desde Venezuela desde 2016 para cumplir los compromisos con China, con deudas atrasadas de 614 millones de dólares. En octubre de 2019 la empresa Crystallex obtuvo judicialmente la autorización para embargar CITGO por la deuda pendiente que data de 2007, pero el Departamento del Tesoro de EE. UU. intervino, para evitar que los acreedores iniciaran el embargo.
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