Basado en el reportaje de The Wall Street Journal
MARACAIBO, Venezuela. Tras la caída de Nicolás Maduro y el acercamiento de Venezuela a la administración de Donald Trump, el empresario venezolano José Enrique Rincón creyó que finalmente había llegado el momento de regresar a su país y recuperar el conglomerado empresarial valorado en 700 millones de dólares que le había sido confiscado durante el gobierno anterior.
Sin embargo, su regreso terminó de una manera muy diferente a la que esperaba: fue detenido poco después de aterrizar en Venezuela en junio.
Actualmente, el gobierno venezolano respaldado por Estados Unidos continúa reorganizando los activos del Grupo Lamar, el conglomerado que Rincón construyó durante cuatro décadas, mientras permite que inversionistas extranjeros participen en su administración.
Entre las empresas involucradas se encuentra Miller Holding, un grupo turco dirigido por Turhan Mildon, empresario de 29 años que recientemente contrajo matrimonio en Nueva York con Alina Habba, antigua abogada personal de Donald Trump. A la ceremonia asistieron importantes funcionarios estadounidenses.
La situación de Rincón pone de manifiesto una contradicción en los esfuerzos de Washington por convertir a Venezuela en un destino atractivo para la inversión extranjera: las confiscaciones empresariales y las detenciones por motivos políticos denunciadas durante el chavismo parecen continuar bajo el gobierno de Delcy Rodríguez.
De construir un imperio empresarial a terminar encarcelado
José Enrique Rincón, de 62 años, permanece recluido en la prisión Rodeo I, situada cerca de Caracas, en una celda de aproximadamente 2,7 por 1,8 metros.
Según sus familiares, ha perdido alrededor de 11 kilogramos y presenta problemas cardíacos que no estarían recibiendo la atención médica adecuada.
Su familia sostiene que las acusaciones de traición y terrorismo formuladas en su contra fueron fabricadas para justificar la confiscación de Grupo Lamar, el principal exportador de camarón de cultivo de Venezuela.
La compañía fue intervenida a finales de 2024, cuando las autoridades tomaron el control de sus instalaciones y propiedades.
Mariana Rincón, hermana del empresario y una de las pocas familiares que permanecen en Venezuela, es la única persona autorizada para visitarlo.
Para ella, lo ocurrido representa una prolongada pesadilla familiar.
Una empresa que exportaba 200 millones de dólares al año
La historia empresarial de José Enrique Rincón comenzó en 1988, cuando empezó a comercializar el emblemático cangrejo azul del lago de Maracaibo.
Con el paso de los años, amplió sus operaciones hacia el cultivo de camarones y posteriormente diversificó sus inversiones en supermercados y procesamiento de materiales reciclables.
En 2022, las exportaciones anuales de camarón de Grupo Lamar hacia Europa alcanzaron aproximadamente los 200 millones de dólares.
La compañía se convirtió en uno de los mayores ejemplos de éxito del sector privado venezolano, dentro de una economía históricamente dependiente de la industria petrolera.
Lamar también llegó a ser uno de los principales empleadores del estado Zulia.
Sus trabajadores recibían bonificaciones vinculadas a la producción, alimentos subsidiados y atención médica, beneficios especialmente importantes en una región con pocas oportunidades de empleo formal.
Una parte considerable de su plantilla estaba formada por integrantes de la comunidad indígena wayuu. Miles de ellos trabajaban en las plantas de procesamiento, limpiando y empaquetando camarones.
La presencia de trabajadores indígenas era tan importante que el propio Rincón aprendió expresiones en lengua wayuunaiki para comunicarse con ellos.
La intervención que provocó el desplome de la industria
La situación cambió radicalmente después de las elecciones presidenciales venezolanas de 2024.
En noviembre de aquel año, el empresario fue acusado públicamente de financiar a la oposición y participar en actividades contra el gobierno. Según el reportaje, no se presentaron pruebas que respaldaran esas acusaciones.
Pocos días después, familiares y directivos de Lamar comenzaron a abandonar Venezuela con destino a Colombia, Panamá y Estados Unidos.
Las fuerzas de seguridad tomaron oficinas, plantas procesadoras, apartamentos y miles de hectáreas de terrenos agrícolas sin órdenes judiciales, según las denuncias recogidas por el periódico.
La intervención tuvo consecuencias especialmente graves para los trabajadores indígenas wayuu del estado Zulia.
Bajo una junta designada por el Estado, la compañía experimentó importantes dificultades financieras. Antiguos directivos señalaron que la falta de capital provocó retrasos salariales y la salida masiva de empleados.
Una importante planta procesadora también terminó destruida por un incendio.
De acuerdo con cifras del sector citadas por The Wall Street Journal, la producción total de camarón en Venezuela se ha desplomado más del 90 % desde 2024, una caída atribuida en gran medida al deterioro de Lamar durante la administración estatal.
El colapso dejó aproximadamente 9.000 trabajadores sin empleo en el occidente venezolano.
Más de un centenar de familiares y colaboradores empresariales de Rincón también abandonaron el país.
Jonathan González, un indígena wayuu de 30 años que anteriormente trabajaba para Lamar, contó que tuvo que paralizar la construcción de su vivienda después de perder su empleo.
González cuestionó las afirmaciones de que Venezuela está mejorando económicamente y aseguró que, para muchos antiguos trabajadores, las condiciones actuales son considerablemente peores que antes.
El conglomerado quedó bajo administración de una empresa turca
A pesar del cambio político en Venezuela, los activos confiscados a Grupo Lamar continúan fuera del control de sus propietarios originales.
Actualmente, sus instalaciones camaroneras son operadas por Miller Holding, un conglomerado empresarial turco.
Su principal ejecutivo, Turhan Mildon, también participa en otros negocios dentro de Venezuela.
El grupo administra una red de fábricas de cemento y comercializa granos de café mediante concesiones otorgadas durante el gobierno de Nicolás Maduro.
En una entrevista reciente con Forbes Turquía, Mildon expresó su descontento con la salida de Maduro del poder, aunque manifestó tranquilidad respecto al futuro de sus negocios.
El empresario explicó que, mientras en la época de su abuelo el conocimiento técnico era especialmente importante, actualmente las relaciones personales tienen un peso determinante.
Una portavoz de Mildon había señalado anteriormente que Miller Holding opera las instalaciones de Lamar, pero no es su propietaria.
Ni el Ministerio de Información de Venezuela ni Miller Holding respondieron a las solicitudes de comentarios del periódico relacionadas con la detención de Rincón.
Por su parte, un funcionario estadounidense declaró que la administración Trump se opone a las expropiaciones y a la corrupción heredadas del período de Maduro.
Washington también habría pedido a las autoridades venezolanas que revisaran y anularan los contratos cementeros de Mildon si estos infringían sanciones estadounidenses o estaban relacionados con prácticas corruptas.
El funcionario reconoció que revertir décadas de corrupción requeriría tiempo.
Regresó a Venezuela convencido de que podría recuperar su patrimonio
Tras la operación militar estadounidense del 3 de enero de 2026 que terminó con la captura de Nicolás Maduro, Rincón interpretó que el panorama político venezolano había cambiado.
Después de varios meses exiliado en Panamá, decidió regresar a su país para recuperar sus empresas y defender su inocencia.
Su hijo Juan Diego Rincón explicó que su padre consideraba que finalmente había llegado el momento adecuado para volver.
Su padre, de avanzada edad, y su hermana menor lo esperaban en el Aeropuerto Internacional La Chinita, cerca de Maracaibo.
Sin embargo, agentes de la policía de investigaciones venezolana lo detuvieron inmediatamente después de aterrizar.
Rincón manifestó ante el tribunal encargado de su caso que había regresado para enfrentar las acusaciones porque consideraba que esa era la única manera de demostrar su inocencia y recuperar el honor de su familia.
Según un escrito judicial presentado por su abogado, los fiscales venezolanos no habían entregado la documentación que detallara las acusaciones ni las pruebas existentes contra él.
Mientras permanece encarcelado, su estado de salud continúa deteriorándose.
Además de los problemas cardíacos, el empresario denuncia dificultades para acceder a los medicamentos que necesita tras haberse sometido a una cirugía de bypass gástrico.
Mientras Rincón sigue preso, el gobierno busca nuevos inversionistas
Las autoridades venezolanas continúan promoviendo nuevas inversiones en la industria camaronera, pese a que uno de sus empresarios más importantes sigue privado de libertad.
El Ministerio de Pesca anunció recientemente planes para recibir delegaciones empresariales procedentes de Indonesia, con el objetivo de atraer capital al sector.
Mientras tanto, familiares y colaboradores de Rincón denunciaron que funcionarios armados y encapuchados del Grupo de Operaciones Especiales utilizan vehículos del empresario y han convertido su residencia en Maracaibo en un centro de operaciones improvisado.
La hermana del empresario, Mariana Rincón, continúa visitándolo semanalmente en prisión.
Le lleva alimentos, medicamentos y revistas especializadas sobre la industria camaronera, al mismo tiempo que intenta conseguir su liberación.
También acudió a organizaciones venezolanas de derechos humanos dedicadas a documentar detenciones políticas.
Sin embargo, estas organizaciones se encuentran desbordadas por el incremento de familias que denuncian arrestos arbitrarios.
El caso de Rincón fue incorporado a una lista de espera.
Le asignaron el número 1.601.
COMMENTS