La gran noticia es que Colombia regresa al club más efectivo del mundo para el intercambio confidencial de inteligencia financiera, el Grupo Egmont, la plataforma que conecta a 177 Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional.
Es una victoria que debe atribuirse a este Gobierno. Se recuperó la confianza internacional y hay voluntad política para reactivar instrumentos determinantes contra la corrupción, el terrorismo, las economías criminales y el lavado de activos. Después de cuatro años opacados y apocados en el tablero global de la inteligencia y la seguridad, comenzamos a reconstruir la dignidad, el liderazgo y legitimidad.
Pero el desafío mayor empieza ahora. Que los anuncios, el carácter y la firmeza del Gobierno, y en particular estos nuevos instrumentos, se traduzcan en resultados contundentes y estructurales. No basta con bombardeos si no se recupera la gobernanza estatal del territorio. No basta con operativos en las cárceles, si no se hace una reingeniería total del INPEC. No basta con capturar cabecillas si no se desarticulan sus economías. Ya pasó la época de los resultados efectistas. El país está hastiado de este círculo interminable de criminalidad y violencia.
En esa línea, iniciativas como la presentada por la Dirección de Seguridad, Justicia y Defensa del DNP con Asocapitales son un acierto estratégico. Es una investigación única en su género, desarrollada por expertos, con hallazgos que deben ser la base de la hoja de ruta público-privada contra la más invisible y poderosa de las economías ilícitas, la extorsión. Lo que estamos enfrentando no es un delito más, es un sistema de tributación criminal.
En Colombia, como en otros países, coexisten dos sistemas tributarios. Uno lo recauda la DIAN. El otro lo cobra el crimen. La diferencia es dramática, una tajada del primero termina en el bolsillo de los corruptos; toda la tajada del segundo termina en criminalidad y violencia.
Lo explica con precisión Gustavo Duncan para el caso de Medellín. La extorsión mueve unos 25 millones de dólares al año. Parece poco frente al narcotráfico, pero con eso se compra lo más valioso en un territorio, el monopolio de la violencia y la regulación “impositiva” y del orden. Quien cobra la extorsión decide qué huevos, licor o cigarro se venden en la tienda, qué gota a gota presta y qué buseta circula. No se paga por miedo. Se paga por un orden criminal ante la ausencia del Estado.
El estudio del DNP y Asocapitales pone cifras a esa realidad. En los últimos 15 años se registraron 111 mil denuncias por extorsión, se pagaron 62 mil millones de pesos, el 59% se concentró en áreas urbanas -Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla- y el 70% se originó desde las cárceles en modalidad digital. Y lo más grave, eso es solo la punta del iceberg. Representa apenas el 20% del fenómeno real. El otro 80% paga en silencio, no denuncia.
La segunda buena noticia es que el DNP contempla llevar al nuevo Plan Nacional de Desarrollo un CONPES específico, no solo contra la extorsión, sino contra las Economías Ilícitas. En total sintonía con el Estatuto Antiterrorista. Eso incluye contrabando, minería ilegal y gota a gota, así como el financiamiento del terrorismo. El centro de gravedad de esa política debe ser uno, golpear los flujos de dinero, extinguir el dominio de los activos y neutralizar las redes de corrupción que los protegen. Y claro, llevarlo a los territorios, replicando modelos como el que lidera el Alcalde de Medellín. Aquí la UIAF, la SAE, la DIAN, la DNI, la Inteligencia de las Fuerzas, la Secretaría Presidencial Anticorrupción y la Fiscalía General de la Nación, no solo deben trabajar coordinados, el imperativo es hacerlo de manera integrada, con indicadores y metas puntuales, comprometiendo a los mandatarios locales y en alianza con el sector privado.
Insumos hay. Son resultado de meses de mesas técnicas conjuntas con la Universidad Militar Nueva Granada, el Ministerio de Defensa Nacional y las Reservas Activas de la Fuerza Pública. La inteligencia está. La ruta está. Ahora falta lo que más ha costado en Colombia, una ejecución sostenida, con visión de estado y sin intereses ideológicos.
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