Hasta ahora, la familia había preferido mantener el caso a bajo volumen. Pero esta prevención quedó rota el reciente 22 de mayo. Ese día, el exgobernador de Florida y actual senador republicano por ese estado, Rick Scott, denunció la situación en su cuenta de X (antes Twitter): “Nelson Rivero es otra víctima de la brutal dictadura de Maduro. Padre de dos hijas cuyo único ‘delito’ fue querer un futuro mejor para su familia. Nelson fue detenido arbitrariamente por la DGCIM en 2023 sin una orden judicial. Desde entonces, ha permanecido injustamente encarcelado en Tocuyito, cruelmente separado de sus hijas y su familia”.
Los familiares de Rivero habían solicitado a Scott su intervención en el caso, a sabiendas de su influencia en los corrillos políticos de Washington DC y, a la vez, de la tutela que desde la capital estadounidense ahora se ejerce sobre los asuntos de Venezuela.
En conversación telefónica con Armando.info, la esposa del preso, la artista plástica larense Armary Prado, amplía lo que el senador Scott aseguraba en su post: el verdadero error de Rivero y de su familia habría sido el de “entrar en su entorno familiar, ese fue nuestro pecado”.
Con eso se refiere al entorno de Marcos Antonio Campos Flores, abogado, dos veces candidato a alcalde del municipio San Diego (noreste de Valencia), estado Carabobo, por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y con el respaldo del gobernador Rafael Lacava. Pero sus parentescos son aún más importantes para esta historia que su afiliación política y título universitario: es sobrino de la ex Primera Dama de la República o Primera Combatiente, Cilia Flores, y hermano de Efraín Antonio, uno de los dos llamados narcosobrinos, capturados en noviembre de 2015 en Puerto Príncipe, la capital de Haití, como parte de una operación encubierta de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés); llevados a juicio en los Estados Unidos y condenados en 2017 a 18 años de prisión, a la postre la administración del presidente demócrata Joe Biden los liberó en el marco de un canje de prisioneros con el régimen de Caracas.
En mala hora los Rivero se cruzaron con él, ciertamente.
Campos Flores ha sido el principal denunciante de Nelson Rivero ante el poder judicial. Su cercanía con la depuesta familia presidencial, su condición de abogado y su identificación partidista le dieron en un momento un poderío provinciano que aprovechó para descabezar enemigos. Incluyendo a Nelson Rivero, aunque la familia Rivero no conozca todavía a ciencia cierta el porqué de tan desmedida animadversión. Lo que sí pueden comprobar es que, por esa saña, Nelson Rivero lleva tres años ausente de su hogar, y está prisionero en la infame Cárcel de Tocuyito desde octubre de 2025.
Tras la captura el pasado 3 de enero en Fuerte Tiuna de su encumbrada tía —ahora en espera de juicio en Nueva York— y bajo el interinato de Delcy Rodríguez —quien ha procurado borrar cualquier prebenda del derrocado madurismo—, Marcos Antonio Campos Flores conserva el mando suficiente para mantener preso a un individuo de manera arbitraria, poder del que hace gala.
Números desconocidos entre recién conocidos
La acusación contra Nelson Rivero, de acuerdo con lo que se lee en el expediente de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, está tipificada en tres delitos: tráfico ilícito de armas, asociación para delinquir y conspiración. Delitos todos que habría cometido en perjuicio del Estado venezolano y no de la persona de Marcos Antonio Campos Flores, quien en el expediente es retratado como denunciante.
¿En qué se fundamenta la acusación? En dos hechos recogidos en el expediente. En el primero, con fecha del 16 de mayo de 2023, una docente de la Unidad Educativa Juan XXIII, en Valencia, recibió una caja de regalo que dentro llevaba un explosivo, aunque el documento no especifica de qué tipo. El otro, cuya fecha no se precisa en el legajo, tocaba al propio Marcos Antonio Campos Flores: un “mensaje vía WhatsApp con carácter amenazador hacia su familia” que el sobrino de Cilia Flores habría recibido. El documento no detalla cuándo Campos Flores recibió el mensaje ni cuál era el contenido exacto de la supuesta amenaza.
La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) habría rastreado el origen de la amenaza hasta el celular con línea telefónica No. 00584142286804. Y determinó que desde ese mismo número se habría ordenado el servicio de taxi que llevó el paquete explosivo al colegio Juan XXIII. Enseguida, según figura en el expediente, “de las resultas de la investigación se pudo determinar la relación de las llamadas y recorrido geográfico de la línea telefónica 00584142286804 con la línea 00584144817444”. Este último número correspondía al celular de Nelson Rivero. Con ese único indicio, resultó un caso que a la Dgcim poco le costó cerrar.
En agosto de 2023 se presentó la acusación formal, que refrendaron un fiscal provisorio, Ángelo José Dorta Sivira, y tres fiscales auxiliares: Gabriel José Almea Hernández, Michael Gabriel Quintero Silveira e Isa Hereda Duarte. Los tres primeros fueron detenidos en septiembre de 2025, como parte de una purga que el entonces Fiscal General de la República, Tarek William Saab, catalogó como “una nueva operación ejemplarizante y trascendental contra elementos degradados del sistema de justicia”.
El abogado Ramón Cardona, defensor de Nelson Rivero, confirma que los tres fiscales sancionados gozan hoy de medidas sustitutivas de prisión, mientras su defendido ya suma tres años tras las rejas.
Relaciones peligrosas
Esa es, en resumidas cuentas, la historia judicial que transcurrió hasta hace poco. Pero la historia humana contiene más detalles, entre ellos, la descripción del lugar y del momento en los que Nelson Rivero y Armary Prado cometieron su “pecado”.
Todo comenzó en 2021, en un momento en el que Campos Flores era candidato a alcalde de San Diego por el PSUV para las elecciones del 21 de noviembre de ese año. La propaganda oficialista lo pintaba como un joven jovial y practicante de bicicross, destinado a arrebatarle por fin a la oposición su tradicional bastión en ese cantón de clase media antichavista.
“Todo fue súper casual”, rememora Armary Prado, hija de Armando Prado, viejo militante larense de Movimiento al Socialismo (MAS), quien fue director general de la Alcaldía de Iribarren durante la gestión de Macario González, entre 1995 y 2000. En septiembre de 2025, González fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y permaneció desaparecido durante 68 días. Fue liberado en febrero de 2026.
Lo que Armary Prado adjetiva como “casual” se explica así: un medio hermano suyo, Antonio Tovar, es amigo de José Luis Martínez. Y por otro lado, la media hermana de José Luis Martínez, Fanny Fátima Urdaneta, es pareja de Campos Flores. Los seis grados de separación se comprimieron en una fiesta de cumpleaños.
“Mi hermano [Antonio Tovar] y José Luis se conocieron en China (…) un amigo en común los presentó, hace más de 15 años, y se hicieron amigos porque ambos tenían los mismos comercios de importación, sobre todo de repuestos y maquinarias”, dice Armary Prado, quien añade que su hermano viajaba a ese país para cazar oportunidades en ferias de importadores. Ambos, Antonio y José Luis, luego, coincidieron de regreso a Valencia, la capital de Carabobo.


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