Por Estefano Tamburrini | Il Fatto Quotidiano, Italia | 7 de noviembre de 2026
La destitución no ha sido suficiente. Manifestantes enfurecidos han rodeado la residencia del expresidente y han obligado a los militares a evacuarlo y trasladarlo a una base protegida. Peña había sido destituido por el Senado debido a conflictos de intereses y vínculos irregulares con la entidad bancaria. Este domingo debe comparecer ante la Fiscalía.
La población paraguaya se rebela tras la destitución de Peña
La ira de los ciudadanos paraguayos no se ha calmado.
Después de que el Senado aprobara por unanimidad el juicio político (impeachment) contra Santiago Peña, acusado de conflictos de intereses, desvío de fondos públicos y otros delitos relacionados con la quiebra de Ueno Bank, el expresidente —juzgado en ausencia— fue sometido temporalmente a arresto domiciliario por orden de la Fiscalía local.
Sin embargo, la decisión no fue suficiente para detener la revuelta popular.
Desde la Plaza de Armas, una multitud de manifestantes se desplazó hasta la residencia de Peña, situada en el lujoso barrio de Santísima Trinidad, en Asunción.
Cerca de la medianoche, los manifestantes intentaron irrumpir en la vivienda después de superar el cordón de seguridad.
La respuesta de las fuerzas del orden fue inmediata.
Un grupo táctico blindado intervino para evacuar al expresidente de su residencia, que ya se encontraba rodeada por los manifestantes, y trasladarlo al Regimiento de Escolta Presidencial, una instalación militar fortificada situada en la avenida General Santos, también en Asunción.
Los enfrentamientos durante la noche
Por su parte, las unidades móviles y antidisturbios de la Policía Nacional intentaron contener a la multitud, que ya se encontraba fuera de control, utilizando gases lacrimógenos y proyectiles de goma.
Los medios locales informaron de varios heridos y personas con contusiones en ambos bandos, aunque las autoridades todavía no habían publicado cifras oficiales.
También se registraron decenas de detenidos y fugados durante la noche.
Entre los heridos se encontraba Pedro Babera, jefe de la Décima Comisaría, quien recibió el impacto de una losa de cemento a la altura de la ceja.
Entre infiltrados e indignación popular
Informes de inteligencia sostienen que los enfrentamientos ocurridos durante la noche fueron provocados por grupos de infiltrados violentos que se mezclaron con los manifestantes espontáneos con el único propósito de provocar a las fuerzas del orden y desencadenar el caos.
El Gobierno y la oposición se acusan mutuamente de estar detrás de los episodios violentos.
Las teorías enfrentadas van desde una supuesta estrategia subversiva destinada a generar un vacío de poder hasta la hipótesis de un ataque organizado por el propio entorno del expresidente para desacreditar las manifestaciones.
Sin embargo, también existe una indignación auténtica y generalizada entre los manifestantes.
Horas antes, algunos habían exigido la confiscación de todos los bienes del expresidente y su traslado a la prisión de Tacumbú.
«Santi es un criminal, debe ir a la cárcel», denunció Andrés Maldonado, un estudiante de 21 años que, al igual que otros manifestantes, considera el arresto domiciliario una especie de trato privilegiado hacia el expresidente.
«Mi familia se ha quedado sin dinero, no tenemos efectivo», lamentó.
Otro manifestante, Rubén Amarilla, declaró:
«La ley dice que, si robas 10.000 o 100 millones, da igual, terminas en prisión. Pero cuando se trata de un manguruyú —término local que significa ‘pez gordo’—, la ley deja de aplicarse».
La audiencia judicial, el juicio político y las acusaciones
Peña deberá comparecer este domingo a las 11:00, hora local (15:00 en Italia), ante el Ministerio Público y la magistrada instructora Silvia González, donde se celebrará una audiencia preliminar de garantías.
Está prevista la presentación formal de las acusaciones a sus abogados y la solicitud de medidas cautelares por parte de la Fiscalía.
Tras la destitución de Peña, decidida el viernes por el Senado después de aproximadamente siete horas de debate entre la acusación y los abogados defensores, han salido a la luz diversas irregularidades.
Entre ellas destaca la existencia de una supuesta mansión fantasma, sin planos ni autorizaciones medioambientales, registrada a nombre del expresidente.
El inmueble estaría situado en la localidad de San Bernardino y tendría un valor aproximado de 900.000 dólares, una cifra que supera ampliamente los ingresos declarados por el exmandatario.
«El dinero que están buscando podría estar allí», comentaron los fiscales.
Un incremento patrimonial injustificado superior al 1.600 %
Peña también habría registrado un incremento patrimonial injustificado de más del 1.600 % entre 2017 y 2023.
Además, habría ignorado, ya desde julio, diversas advertencias relativas al riesgo de quiebra de Ueno Bank.
Las investigaciones también se centran en un posible conflicto de intereses relacionado con sus participaciones en Ueno Holding y Grupo Vázquez, empresas vinculadas a Ueno Bank.
Entre las acusaciones figura asimismo el uso ilícito de fondos de pensiones, presuntamente desviados hacia una entidad bancaria que carecía de suficiente solidez estructural.
También se investigan supuestos favoritismos en el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central de Paraguay.
Carvallo, antiguo director de Ueno Bank, también tiene una orden de detención.
La defensa de Peña denuncia una violación del debido proceso
Para los abogados del expresidente, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, Peña es víctima de una «evidente violación del debido proceso», provocada por reconstrucciones mediáticas que, según ellos, carecen de fundamento.
Los letrados habían solicitado una prórroga de 72 horas para preparar la defensa de su cliente, pero la petición fue rechazada.
Ahora amenazan con recurrir a instancias internacionales para denunciar lo que consideran irregularidades en el procedimiento judicial.
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