Por Estefano Tamburrini
Se le acusa de complicidad y omisión de control por haber nombrado a Carlos Carvallo, expresidente de Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay. Los fondos estatales y los inversores quedan desprotegidos.
La transición puede esperar. Tras la quiebra de Ueno Bank, que ha provocado la congelación de 2,9 millones de cuentas bancarias, ambas cámaras del Parlamento han iniciado el procedimiento de juicio político (impeachment) contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña, convocado a las 10:00, hora local (14:00 en Italia), ante el órgano legislativo.
La decisión fue bipartidista y contó también con el respaldo de su propia formación política, el Partido Colorado.
La oposición rechazó «categóricamente» la dimisión del presidente, tal como afirmó la senadora Yolanda Paredes, quien exigió que «aclare su situación jurídica».
Peña ha sido sometido a juicio político por «mala conducta en el ejercicio de sus funciones».
Está siendo investigado por conflicto de intereses, ya que durante los primeros 19 meses de su mandato mantuvo relaciones comerciales como socio de Ueno Holding y Grupo Vásquez, entidades que controlan Ueno Bank, y por el traslado masivo de 850 millones de dólares en fondos públicos a dicha institución bancaria durante su presidencia.
También se le acusa de complicidad y omisión de control por haber nombrado a Carlos Carvallo, expresidente de Ueno, al frente del Banco Central del Paraguay.
Tras conocer el procedimiento de juicio político, Peña —quien también está siendo investigado por la Fiscalía local— declaró:
«Presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa».
Asimismo, manifestó su disposición a ofrecer «plena colaboración» con la justicia.
Alcibíades González Valle, abogado constitucionalista, explicó a Il Fatto Quotidiano que, mediante su dimisión, Peña habría obtenido «inmunidad parlamentaria», puesto que se habría convertido en senador vitalicio, tal como establece el artículo 189 de la Constitución paraguaya.
González señaló que «una vez iniciado el juicio político, ya no se puede proceder a la dimisión».
Préstamos cruzados y balances falsificados
La crisis de Ueno Bank afecta al 60 % de la población adulta paraguaya, que había confiado sus ahorros, pensiones y salarios a la entidad bancaria, la segunda del país en número de depositantes de fondos públicos estatales.
Su crisis, caracterizada por tarjetas bloqueadas, aplicaciones fuera de servicio y retiradas de dinero interrumpidas, es consecuencia directa de un esquema de préstamos cruzados y balances falsificados.
Según los investigadores, los préstamos cruzados habrían terminado en empresas vinculadas al Grupo Vásquez, perteneciente a Federico Miguel Vásquez Villasanti, de ascendencia italiana, quien a su vez poseía el 75,94 % de Ueno Bank y el 94,02 % de los derechos de voto.
Sin embargo, en determinado momento el dinero se agotó, afectando incluso al umbral mínimo de seguridad de 500 millones de dólares depositados en el Banco Central.
«Retiraron 70 millones que nunca fueron devueltos», informaron fuentes de la Superintendencia de Bancos de Paraguay, que el martes 3 asumió el control de Ueno Bank.
Durante esas mismas horas se llevaron a cabo registros relacionados con Vásquez para impedir su fuga o la posible destrucción de pruebas relevantes para los procedimientos judiciales.
El banquero fue trasladado a prisión, al centro penitenciario nacional de Tacumbú, y su detención fue confirmada el jueves.
También fueron detenidos otros siete directivos del banco, entre ellos Juan Manuel Cardoni y Julio Daniel Rey Fernández.
Sus bienes están sujetos a un embargo de 70 millones de dólares.
En total, 27 personas están imputadas, entre accionistas y representantes de las empresas vinculadas a los préstamos cruzados.
La indignación en las calles
Los manifestantes, que comenzaron a salir a las calles el martes y llegaron incluso hasta las puertas del Congreso, en la calle Río Jejuí, exigían la apertura de un juicio político contra el presidente.
«No queremos que acepten su dimisión, porque de lo contrario él (Peña, nota de la redacción) quedaría protegido como senador vitalicio», denunció la dirigente sindical María Silva Invernizzi.
«Que el proceso siga adelante, que Peña pierda su inmunidad», exclamó Adolfo Villalba, uno de los manifestantes.
Una vez concluido el juicio político, el Gobierno de transición podría quedar bajo la responsabilidad del vicepresidente Pedro Alliana, a quien el Partido Colorado ha mantenido al margen del procedimiento.
Sin embargo, la ciudadanía sigue expresando su rechazo y reivindica:
«¡Que se vayan todos!».
En el fondo, para los manifestantes, la quiebra de la entidad financiera representa «el enésimo ataque contra ciudadanos honestos y trabajadores, personas cuyos pequeños ahorros son el fruto de años de trabajo», según explicó el activista social Belarmino Balbuena.
La crisis golpea a los más vulnerables
Mientras tanto, el presidente del Banco Central asegura:
«Los depósitos y los tratamientos de pensiones están garantizados».
El Fondo de Garantía cubrirá hasta el 97 % de los titulares de cuentas (alrededor de 38.000 millones de dólares).
En realidad, la mayor parte de los depósitos, más del 60 %, se concentra en el 3 % de las cuentas que permanecen desprotegidas, según Moody’s.
Se trata de aproximadamente 1.000 millones de dólares depositados en Ueno Bank por organismos del Estado, entre ellos el Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Economía, además de otros fondos pertenecientes a empresas, inversores y distintas entidades.
Para Moody’s, la situación es «manejable» desde el punto de vista financiero, pero las consecuencias de la quiebra afectan directamente a la población.
«Ueno nos había aprobado un préstamo para nuestra primera vivienda, pero nunca llegó a desembolsarlo», denunció Nadia González, madre de tres hijos.
«Ahora no sabemos dónde vivir».
Los enfermos también se han visto afectados.
«Tenía que retirar mis últimos ahorros para pagar los gastos médicos», explicó Ingrid Bustamante, paciente sometida a diálisis.
«Pero no ha sido posible. Todo está bloqueado, incluso la salud».
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