Contar con instituciones independientes, garantizar que la justicia actúe sin interferencias y combatir el crimen organizado sin vulnerar los derechos de la población son algunos de los desafíos que todavía enfrentan los países de América Latina, pero, ¿qué necesitamos para hacerles frente?
Para Stuardo Ralón Orellana, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), parte de la respuesta está en el fortalecimiento de las instituciones, en garantizar que cuenten con los recursos que necesitan para operar y en promover políticas públicas que respondan a las necesidades de la población.
Así lo explicó durante una entrevista con La Prensa, durante el periodo 197 de sesiones del organismo, que celebró sus audiencias públicas en Panamá del 26 al 30 de octubre, en la sede del Parlamento Centroamericano y del Caribe (Parlatino).
Uno de los aspectos que destacó Ralón fue la necesidad de garantizar que las instituciones encargadas de ejercer controles sobre el poder político puedan desarrollar sus funciones con independencia. Explicó que, si bien, cada país tiene su propio diseño constitucional, existen principios que contribuyen a mantener una separación de poderes, como la selección de funcionarios mediante procesos basados en méritos y capacidades, la estabilidad en sus cargos y la autonomía institucional.
Resaltó que esta última no debe limitarse a la libertad para tomar decisiones, sino que también debe incluir recursos presupuestarios que permitan a las instituciones cumplir sus responsabilidades.
“Este tipo de normas, de reglas que permitan mérito, capacidad, autonomía, estabilidad en el cargo es lo que permite a los Estados tener una sana división y control de poder”, apuntó.
Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de garantizar que las investigaciones judiciales se desarrollen sin interferencias y bajo el respeto del debido proceso. Ralón remarcó que todo aquel que esté sometido a una investigación debe contar con garantías que le permitan ejercer su defensa y resaltó la importancia de establecer mecanismos de protección para los testigos de posibles delitos así como para aquellos que denuncien abusos.
En materia de seguridad ciudadana, el presidente de la CIDH sostuvo que combatir el crimen organizado no debe implicar el debilitamiento de las garantías fundamentales.
“El respeto a los derechos humanos y las políticas de seguridad no son contrapuestos, no son excluyentes, sino se puede respetar los derechos humanos y a la vez poder tener una política de seguridad”.
Además, fue enfático en asegurar que es necesario que los Estados mantengan un control efectivo sobre los centros penitenciarios, para evitar que se conviertan en espacios que son usados por estructuras criminales. Añadió que las cárceles también deben garantizar condiciones que permitan la rehabilitación y posterior reintegración de las personas privadas de libertad a la sociedad.
Políticas públicas con presupuesto y resultados
La protección de las personas LGBTIQ+, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes fue otro de los temas analizados. Y en esta temática identificó tres aspectos necesarios para desarrollar políticas públicas efectivas para estas poblaciones: contar con información estadística, asignar presupuestos adecuados y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
Explicó que la ausencia de datos hace complicado conocer las condiciones de las comunidades y así mismo diseñar respuestas diseñadas para sus necesidades.
Advirtió que algunas políticas se encuentran formuladas pero carecen de los recursos necesarios para prosperar, como dinero, personal técnico o equipos. Por ello, consideró indispensable que las acciones gubernamentales puedan ser evaluadas y auditadas para determinar si realmente están generando resultados.
Libertad de expresión y movilidad humana
En cuanto a las amenazas contra periodistas, comunicadores y ciudadanos que expresan opiniones críticas, el presidente de la CIDH manifestó que son los Estados los encargados de garantizar condiciones de seguridad que permitan ejercer la libertad de expresión sin temores.
“En una democracia, en una república podemos tener ideas diferentes, pero al final esas ideas diferentes son válidas, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero no porque alguien opinó diferente va a arriesgar su vida o tiene que salir huyendo del país”, expresó.
El presidente de la CIDH mencionó los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que calificó como las tres dictaduras de la región, al referirse a las restricciones a la libertad de expresión, la represión y otras situaciones que obligan a muchos de sus nacionales a abandonar sus países.
A su juicio, para evitar estas situaciones no solo se requieren políticas de seguridad efectivas, sino también marcos legales compatibles con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión. “La libertad de expresión es yo puedo opinar, yo puedo decir y no voy a ser perseguido, no voy a ser censurado”, manifestó.
Ralón advirtió que impedir que los ciudadanos se pronuncien sobre determinados asuntos puede llevar al cierre de los espacios de participación y al debilitamiento de la democracia.
Las declaraciones se produjeron mientras la CIDH desarrollaba 29 audiencias públicas en Panamá, en las que se examinaron situaciones relacionadas con el acceso a la justicia, las libertades fundamentales, la seguridad y los derechos de distintas poblaciones.
Según explicó el presidente del organismo, estos espacios permiten abordar los desafíos de la región y promover la aplicación de criterios técnicos basados en los compromisos internacionales asumidos por los propios Estados.
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