El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado una orden de protección para acceder a documentos clasificados en el caso contra el banquero Julio Herrera Velutini, la exgobernadora puertorriqueña Wanda Vázquez y el exagente del FBI Mark Rossini. La solicitud surge luego de que las partes no lograran un acuerdo sobre el manejo de la información sensible.
Información clasificada de “seguridad nacional”
El fiscal Ryan Crosswell, en una moción presentada ante la jueza Silvia Carreño Coll en el Tribunal Federal en San Juan, argumentó que el material en cuestión es de “seguridad nacional” y está protegido por la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA). La orden de protección, según Crosswell, es necesaria para salvaguardar la seguridad nacional y permitir que las defensas revisen los documentos de forma segura.
El Departamento de Justicia propone la creación de un “Área Segura/Instalación de Información Sensible Compartimentada” donde la defensa pueda preparar sus mociones judiciales. Esta área también serviría para que el tribunal y los acusados revisen la información clasificada si se considera relevante para el juicio.
La orden propuesta también incluye estrictas limitaciones sobre el manejo de la información clasificada. Los abogados no podrán comunicar ciertos asuntos a sus clientes sin autorización previa del Ministerio Público, y el material estará marcado con la etiqueta “Para los ojos de los abogados solamente”.
Antecedentes del caso
El juicio contra Julio Herrera Velutini, Wanda Vázquez y Mark Rossini está programado para comenzar el 21 de enero de 2025. Los tres enfrentan cargos por un presunto esquema de soborno para detener una investigación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras contra Bancrédito International. La investigación se centraba en la destitución del funcionario a cargo, George Joyner, a cambio de una contribución a la campaña de Vázquez en 2020. Todos los acusados han declarado no culpabilidad.
Herrera Velutini también enfrenta un segundo juicio por presuntamente intentar sobornar al gobernador Pedro Pierluisi para detener otra investigación de la misma oficina.
El Ministerio Público anticipa objeciones por parte de los acusados y ha solicitado la oportunidad de responder a estas. El caso continúa su curso en medio de la controversia sobre el manejo de información clasificada, la cual podría afectar significativamente el desarrollo del juicio.
Denuncias contra Marta Albiach por extorsión y prácticas fraudulentas en edición de videos
COMMENTS