Del Delcygate a Canarias
«Existen conversaciones referidas a los trámites para evitar la continuidad en un procedimiento penal por falsedad que debió seguirse en alguno de los juzgados de Instrucción y de lo Penal de Madrid y que afectó presuntamente a un familiar muy cercano de Díazgranados. Esas conversaciones abarcan desde abril de 2019 hasta octubre de 2024 y en ellas se hace referencia a conversaciones o contactos a nivel operativo judicial que deberían ser oportunamente valorados», señala la Fiscalía en un escrito del pasado diciembre.
Anticorrupción sostiene que se ha detectado «una relación tan próxima como extrañamente justificable» entre el comisario del Delcygate y Díazgranados y su familia. La UDEF recoge en su informe una conversación entre Palomero y el bróker chavista que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2020. En ella, el abogado le relataba que «la reunión de [entonces] con el comisario fue muy fructífera» y que acababa de contarle un asunto a su hijo menor, Francisco Alfonso Diazgranados, conocido como Kiko.
«Parece que ayer se aclaró todo y se ha limpiado el expediente de Kiko», reveló Palomero a Díazgranados. A continuación, le insistió en que «la verdad es que se está portando Jesús maravillosamente». El bróker venezolano respondió que ellos también estaban cuidando al comisario del Delcygate. El joven fue detenido por falsedad documental el 27 de mayo de 2019 en el control de fronteras de un vuelo Madrid-Miami.
El chat describe «las acciones llevadas a cabo por la organización para paralizar el procedimiento penal tocando a autoridades situadas en muy altos niveles del ámbito administrativo y del judicial, así como las acciones de esta misma organización dirigidas al borrado de información negativa de Kiko Díazgranados» para evitar que las autoridades de Estados Unidos le prohibieran entrar al país. La Fiscalía apunta a que ambos interlocutores se refieren en el chat a lo que «podrían ser cobros de dinero» por parte de Gómez Martín.
«7.000 euros para el amigo»
Anticorrupción señala, en concreto, un posible pago de 7.000 euros. En una conversación de WhatsApp que tuvo lugar el 6 de marzo de 2020, Palomero comenta a su interlocutor que «si te parece, voy a sacar los 7.000 euros para el amigo». El bróker venezolano desconoce de qué amigo se trata, así que el abogado le tuvo que refrescar la memoria: «Para Jesús el comisario». Horas más tarde, el letrado de Plus Ultra vuelve a escribirle para contarle que está «comiendo con Leo y Jesús el comisario». «Siii, dale lo de Jesús», le contesta Díazgranados, uno de los operadores financieros de confianza de Hugo Chávez.
El juez José Luis Calama señala al expresidente del Gobierno como el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias». La documentación judicial demuestra su relación con Díazgranados. El bróker chavista se refería a él con los sobrenombres de «zorro», «z» o «zzzz», según el informe elaborado por la UDEF en noviembre de 2025. La primera juez del caso Plus Ultra, la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, remite al documento en el auto de inhibición a la Audiencia Nacional.
En el escrito al que ha accedido THE OBJECTIVE, Collazos señala que Zapatero habría intercedido ante directivos de Repsol para que otorgara a Díazgranados la «distribución de lubricantes de esa compañía en Venezuela». La magistrada ya sugiere en el auto que el comisario del aeropuerto de Barajas la noche del frustrado viaje de Delcy Rodríguez a Madrid, el 20 de enero de 2020, habría recibido «gratificaciones» de la trama.
Collazos explica que Díazgranados mantenía relación con Julio Martínez Martínez, al que los investigadores consideran el testaferro de Zapatero. El empresario venezolano le hacía encargos a través de Palomero «para llevar sus asuntos económicos en España», hecho que incluía «favores y gratificaciones» a diferentes autoridades, entre las que se encontraría el comisario del Delcygate.
Interior mantiene al comisario
Como avanzó este diario, Gómez Martín fue la persona que puso en contacto a los directivos de Plus Ultra con la cúpula del Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos. El actual jefe superior de la Policía en Canarias jugó un papel determinante en esa tarea. Fue el directivo Rodolfo Reyes quien propuso al presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, abrir dos vías políticas para conseguir el rescate: la de Ábalos y la de Zapatero. Para hacerlo, requirió la colaboración de Palomero, el abogado que pagó 2.000 euros a Jésica Rodríguez por orden del empresario peruano Felipe Baca.
Las fuentes consultadas en el Ministerio del Interior no ven por ahora pruebas contundentes contra el jefe superior de Policía en Canarias. La Dirección General de la Policía tomará acciones en función de la decisión de Calama: esto es, si finalmente imputa a Gómez Martín o no. Las mismas fuentes esgrimen que las pesquisas de la UDEF que han trascendido no implican directamente al mando, sino que son terceros quienes hablan del presunto papel de un responsable policial en la trama. Si el juez decide imputarle, la Policía le abrirá automáticamente un expediente disciplinario que se resolverá cuando finalice el proceso judicial.
Mientras tanto, Interior podrá plantear las medidas cautelares que considere oportunas. Durante los últimos días, no obstante, la presión para que Gómez Martín dimita ha crecido, según refieren diversas fuentes policiales. De hecho, la Dirección General le pidió que fuese a Madrid para dar las explicaciones pertinentes en persona. A su vuelta este viernes a Canarias, el comisario convocó a una «reunión urgente» a todos los mandos de la jefatura canaria para defender su inocencia frente a las acusaciones. La última palabra la tendrá el ministro Fernando Grande-Marlaska y, sobre todo, lo que revele el sumario del caso.
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