A principios de septiembre de 2026, el despacho del jefe de la Policía de Doral (Florida), Matthew Castillo, comenzó a recibir una serie de correos electrónicos alarmantes. En lo que a todas luces es una operación de intimidación en pleno desarrollo, los mensajes, redactados con una rimbombante jerga legal, invocan términos como “Seguridad Nacional”, “Alertas Rojas de Interpol”, delitos federales bajo el “Título 18” e incluso hacen llamados de atención sobre el presidente Donald Trump.
El objetivo de esta campaña en curso no es una red criminal, sino intentar silenciar a dos reconocidos comunicadores venezolanos: el periodista Alejandro Marcano, residente de Doral, y el investigador periodístico Jorge Castro, residenciado en España.
Sin embargo, lo que se presenta ante las autoridades de Florida como una sofisticada trama cibernética, ha resultado ser, un burdo caso de acoso, difamación y usurpación de funciones legales, orquestado desde Oklahoma por individuos sin credenciales jurídicas, motivados por el fanatismo religioso, las deudas de favor y el extremismo político.
La anatomía del engaño: Fabricando un prontuario
La escalada de hostigamiento contra Marcano —conductor de un canal de análisis político en YouTube — y Castro —invitado permanente de Marcano y conocido por sus punzantes investigaciones sobre corrupción— se aceleró tras una serie de revelaciones sobre figuras de la oposición venezolana y críticas a la institución eclesiástica.
Los agresores, al ver frustrados sus intentos de amedrentar a los comunicadores públicamente, decidieron en días recientes cruzar la línea hacia el ámbito penal. Para engañar a la policía local de Doral, enviaron una amalgama de acusaciones sin sustento. En primer lugar, intentan criminalizar el uso periodístico de una fotografía familiar de hace varias décadas, en la que aparece una niña, cuyo rostro no se distingue, mientras es llevada de la mano por el exjefe policial venezolano Mauro Yánez Pasarella; acusando infundadamente a los comunicadores de “explotación infantil” e invocando la *Take It Down Act* (una normativa de la Comisión Federal de Comercio diseñada exclusivamente para combatir otro tipo de ilícitos).
Además, fuentes legales consultadas confirmaron que los atacantes intentan hacer pasar por “prontuario criminal” una querella introducida en España por un empresario salpicado en Venezuela por la trama de corrupción “Pdvsa-Cripto”. En los documentos españoles enviados a la policía de Doral como supuesta “prueba”, los nombres de Marcano o de los propios acusadores ni siquiera aparecen, evidenciando la simulación del delito.
Los rostros detrás de la farsa
Las comunicaciones que actualmente inundan el correo de la policía de Florida están firmadas por “Kevin E. Myers”, un estadounidense residente en Oklahoma, quien se presenta como “representante legal” (con un supuesto Poder Notarial o POA), asegurando coordinar “ciberforenses en España” y tener abogados criminalistas a su disposición. Su supuesto cliente: Mauro Yánez Quijada, un venezolano que utiliza de manera intimidatoria el antiguo cargo de su padre —Mauro Yánez Pasarella, exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) en Venezuela—.
No obstante, fuentes tribunalicias y autoridades de Oklahoma consultadas por este medio dibujan un perfil muy distinto al de los poderosos agentes internacionales que ambos intentan proyectar.
Personas allegadas a la comunidad católica hispana de Oklahoma City señalan que Yánez Quijada, tras su paso por el periódico de la Arquidiócesis local, desarrolló un profundo celo religioso que rápidamente se transformó en un vehículo para censurar cualquier crítica en redes sociales.
Por su parte, Kevin Erick Myers, lejos de ser un abogado o un experto en seguridad nacional, es en realidad un técnico informático ordinario y de clase asalariada. Fuentes del sistema educativo de la región confirmaron que el historial laboral de Myers se basa en brindar soporte técnico de bajo nivel como contratista para instituciones de educación pública en Oklahoma.
Myers carece de licencia para ejercer el derecho y posee un historial legal que roza la usurpación de funciones. En 2021, Myers intentó demandar al Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security) fungiendo como una suerte de abogado para representar legalmente, de manera irregular, precisamente al padre de Yánez Quijada, Mauro Yanez Pasarella. Utilizando únicamente un poder notarial de carácter médico, el caso fue rápidamente desestimado por el juez federal debido a la inexperiencia y falta de legitimidad procesal de Myers. Además, su perfil crediticio incluye deudas hospitalarias, embargos salariales e impagos de arriendos, realidades que contrastan con la imagen de éxito e influencia que intenta proyectar en sus comunicaciones a la policía de Doral.
El “Pacto de compadres” y la confesión pública
¿Por qué un técnico informático ordinario arriesgaría su libertad cometiendo el delito de enviar reportes policiales falsos por un tercero? De acuerdo con allegados a ambos en Oklahoma, la lealtad ciega de Myers hacia Yánez Quijada responde a una vieja deuda personal y al compadrazgo.
En 2006, cuando Kevin Myers fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, fue precisamente Mauro Yánez Quijada quien sirvió como su garante para sacarlo de la cárcel. Hoy, dos décadas después, Myers parece estar pagando ese favor escribiendo correos ilegales a la policía de Florida.
La verdadera motivación de esta operación en desarrollo quedó expuesta hace apenas unos meses, en junio pasado. En comentarios públicos documentados en la plataforma YouTube, Yánez amenazó a Marcano advirtiéndole que lo llevaría a una corte federal sencillamente porque no aceptaba sus “ataques a la Iglesia Católica” ni que interrumpiera “el trabajo de nuestro presidente Donald Trump”, luego de que Castro cuestionara en el canal de Marcano hechos irregulares o de corrupción en el clero. Al percatarse que estas intimidaciones en línea no acallaron a los comunicadores, decidieron elevar su acoso en septiembre, recurriendo a las falsas alarmas en Doral.
La inmunidad de la verdad
El intento de utilizar en este momento a las fuerzas del orden del sur de la Florida para dirimir rencillas religiosas, cobrar deudas de gratitud personales de hace veinte años e intentar censurar a comunicadores, es una maniobra peligrosa y delictiva. En el estado de Florida, las demandas y denuncias estratégicas contra la participación pública están severamente castigadas.
Más allá de los correos mal redactados y los delirios de grandeza, la operación de intimidación en curso por parte de Yánez y Myers ejemplifica cómo la Primera Enmienda de los Estados Unidos no puede ser vulnerada por impostores.
Alejandro Marcano y Jorge Castro continúan su labor informativa, demostrando que la verdad no se amedrenta ante falsos agentes cibernéticos ni deudas de gratitud provenientes de Oklahoma.









COMMENTS