Alejandro Betancourt ha sido objeto de múltiples investigaciones. Ahora es el socio sin rival del Gobierno de Estados Unidos en el intento del presidente Trump de controlar los recursos petroleros de Venezuela.
Los fiscales españoles pusieron en la mira al empresario petrolero venezolano Alejandro Betancourt en una investigación por blanqueo de capitales. Las autoridades suizas lo investigaron en otra causa. Ambos países solicitaron su extradición desde Gran Bretaña, donde Betancourt vive en una finca rural de 14 dormitorios, y las autoridades británicas lo arrestaron hace menos de un año, impidiéndole viajar al extranjero.
Pero todo eso apenas importó.
Como parte de la toma de control de la industria petrolera venezolana por parte de la administración Trump, Estados Unidos está formando una asociación extraordinaria con Betancourt. Según el acuerdo, el Pentágono podría intentar adquirir una participación importante en su empresa, en una operación que, según analistas petroleros, resulta difícil de comparar con cualquier precedente reciente en la historia de Estados Unidos.
Eso convertiría a Betancourt en el principal socio de la administración Trump en su empeño no solo por controlar la venta del petróleo venezolano, sino también por poseer directamente una parte de él. Y situaría a Betancourt en el centro de la creciente transformación de Venezuela, que pasaría de ser una nación soberana a convertirse, en esencia, en un Estado vasallo de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Marco Rubio, planteó el nombre de Betancourt durante una reunión en la Casa Blanca en primavera. Había llegado a la conclusión de que Betancourt podía ser un socio viable para Estados Unidos debido a su experiencia cerrando acuerdos petroleros en Venezuela y aumentando allí la producción, según una persona familiarizada con los esfuerzos estadounidenses por respaldarlo.
Eso significaba que Betancourt debía poder viajar libremente. Funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia intervinieron en la investigación suiza, contactando a sus homólogos en Suiza para persuadirlos de que no siguieran adelante con la extradición, según personas familiarizadas con el asunto.
También pidieron al Gobierno británico que relajara las restricciones de viaje impuestas a Betancourt, dijeron esas personas, permitiéndole viajar a Venezuela y a Estados Unidos para reunirse con funcionarios de la administración Trump. El Gobierno británico se mostró reticente, pero finalmente accedió a la petición.
Según el acuerdo con la administración Trump, una oficina de financiación del Pentágono planea asociarse con la petrolera de Betancourt, North American Blue Energy Partners, o NABEP, a la que se están otorgando concesiones de 100 años para operar 17 campos petroleros en Venezuela.
Betancourt no es propietario de los campos, pero las concesiones le otorgan derechos exclusivos para explotarlos, y su tamaño potencial es enorme. En conjunto, esos campos contienen unas reservas estimadas de 65.000 millones de barriles, casi tanto como todas las reservas probadas de Estados Unidos.
«Estados Unidos nos ha causado estragos» con este acuerdo, afirmó Rafael Ramírez, exministro venezolano de Energía. Calificó el inusual pacto con Betancourt de «grotesco» e «insostenible a largo plazo», porque fue negociado en secreto con un Gobierno autoritario que muchos venezolanos consideran ilegítimo, haciéndose eco de críticas procedentes de todo el habitualmente polarizado espectro político venezolano.
Sara Chouraqui, portavoz de Betancourt y asesora jurídica general de su petrolera, rechazó esas críticas.
«Para Alejandro, esto no es político», dijo Chouraqui. «El hecho de que ahora esté en condiciones de revitalizar el potencial económico del país, que llevaba tanto tiempo dormido, constituye en sí mismo una victoria, no para un partido político concreto, sino para toda Venezuela».
Este artículo se basa en entrevistas con ejecutivos petroleros, funcionarios estadounidenses actuales y anteriores y exfuncionarios venezolanos, algunos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para poder tratar cuestiones diplomáticas delicadas.
Al optar por Betancourt, la administración Trump descartó asociarse directamente con un gigante petrolero estadounidense como Chevron, que lleva décadas desarrollando amplias operaciones en Venezuela, o con Petróleos de Venezuela, la petrolera estatal del país.
El acuerdo con Betancourt presenta algunos paralelismos con la transición del socialismo estatal al capitalismo de mercado en la Rusia postsoviética, cuando Occidente trabajó con oligarcas recién encumbrados para obtener acceso a las reservas petroleras rusas.
«En realidad, el parecido resulta inquietante», afirmó Francisco Rodríguez, economista venezolano. En ambos casos, señaló Rodríguez, gobiernos débiles entregaron partes fundamentales de sus industrias petroleras a figuras con buenos contactos. En Rusia, recordó, aquellos oligarcas se hicieron inmensamente ricos mientras a menudo respaldaban gobiernos autoritarios.
En respuesta a una solicitud de comentarios sobre los esfuerzos de Estados Unidos para presionar a Suiza y Gran Bretaña a fin de reducir la presión judicial sobre Betancourt, el Departamento de Estado remitió a una sesión informativa celebrada el martes, en la que un alto funcionario estadounidense dijo a periodistas que la administración había determinado que no existían «problemas legales pendientes en Estados Unidos». Los procedimientos legales aún abiertos se habían originado en gran medida en los intentos de fiscales estadounidenses de investigar los negocios de Betancourt aproximadamente una década atrás, afirmó el funcionario.
La Casa Blanca no hizo comentarios, mientras que el Departamento de Justicia y la Embajada británica en Washington no respondieron a las solicitudes de comentarios. The Washington Post había informado anteriormente sobre algunos detalles de las gestiones estadounidenses para ayudar a Betancourt con sus problemas legales.
Al explicar el acuerdo, Rubio dijo esta semana a un periodista venezolano que la asociación con Betancourt iba a «profesionalizarse» y que «operará bajo leyes que se le aplicarán, de modo que el dinero nunca sea utilizado de forma indebida».
El presidente Trump ha promocionado el acuerdo como una forma de reducir los precios de la gasolina y reponer las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos, aunque la iniciativa podría tardar años, en el mejor de los casos, y existen dudas sobre si el Pentágono cuenta con autoridad legal para llevarla adelante.
Betancourt tiene una larga trayectoria operando en el turbio mundo de los acuerdos petroleros secretos, las luchas de poder dentro del régimen y múltiples investigaciones por delitos financieros.
Sin embargo, hasta que en los últimos días surgieron noticias sobre el acuerdo, Betancourt, de 46 años, nacido en una familia de la alta sociedad que remonta su linaje a un presidente venezolano del siglo XIX, era conocido principalmente por haber dominado, cuando aún estaba en sus veintitantos años, el arte de conseguir acuerdos con los dirigentes autoritarios de Venezuela.
Tras obtener enormes beneficios de contratos adjudicados sin licitación por el Gobierno venezolano, destinó ese dinero a adquirir propiedades emblemáticas por todo el mundo, entre ellas un ático en la Olympic Tower de Manhattan y un castillo en España con extensos terrenos de caza, mientras se introducía en nuevos negocios que iban desde bancos africanos hasta la extracción de petróleo venezolano.
Aunque el acuerdo con la administración Trump es poco convencional, existen razones de peso para adoptar este nuevo enfoque, según expertos venezolanos en petróleo.
Franco Sampieri, director de la Cámara Petrolera del Zulia, el estado productor de petróleo situado en el oeste de Venezuela, dijo que creía que el acuerdo generaría numerosos empleos directos e indirectos en la región.
«Llevamos 30 años de retraso», afirmó Sampieri, subrayando que Zulia necesitaba desesperadamente una iniciativa de este tipo para contribuir a resucitar la industria.
Petróleos de Venezuela es hoy una carcasa vaciada de lo que fue en el pasado, lastrada por la mala gestión y la corrupción, lo que reduce su atractivo como posible socio. Betancourt, por su parte, también posee una reputación —aunque empañada por acusaciones de conducta impropia— de ser capaz de sacar adelante negocios y aumentar la producción petrolera en Venezuela.
La administración Trump también podría disponer de un tipo de influencia sobre Betancourt que no podría ejercer sobre una gran petrolera estadounidense, especialmente después de que fuera detenido en Gran Bretaña el pasado noviembre en relación con investigaciones internacionales por blanqueo de capitales.
Si Betancourt no siguiera las directrices marcadas, la administración Trump podría cambiar de rumbo y presionar a autoridades judiciales extranjeras para que reabrieran las acusaciones, o instar al Departamento de Justicia a reactivar su investigación sobre un caso de blanqueo de capitales en Miami. En aquella causa, Betancourt fue identificado —aunque no por su nombre— como co-conspirador no acusado, según una persona familiarizada con el expediente.
La ayuda que Betancourt ha recibido del Gobierno estadounidense para evitar un mayor escrutinio —en lugar de tratarlo como posible testigo en otras investigaciones por corrupción o incluso como co-conspirador no acusado— ha sorprendido profundamente a antiguos funcionarios del Departamento de Justicia, según la persona familiarizada con la investigación de Miami.
Betancourt se ha acercado recientemente a Mauricio Claver-Carone, un poderoso operador político próximo a Rubio, según dos personas conocedoras de la relación entre ambos. Claver-Carone ha desempeñado un papel decisivo en la formulación de la política hacia Venezuela pese a no ocupar ningún cargo formal en la administración Trump.
Betancourt procede de un entorno privilegiado. Su padre era cardiólogo y pianista, y su madre, diseñadora de joyas. Estudió en un exclusivo colegio privado de Caracas antes de cursar estudios de negocios en la Universidad Suffolk, en Boston.
Cuando regresó a Venezuela, los elevados precios del petróleo estaban provocando un auge económico. La revolución de Hugo Chávez se encontraba en pleno apogeo, mientras el dirigente venezolano trataba de utilizar los ingresos petroleros para consolidar su poder, financiar programas contra la pobreza y elevar el perfil internacional de Venezuela.
Pero, en medio de las expropiaciones de Chávez y de su retórica antiestadounidense, también existían oportunidades para ganar enormes cantidades de dinero en muy poco tiempo. Betancourt comenzó a abrirse camino vendiendo turbinas, lo que le permitió establecer vínculos con funcionarios gubernamentales.
Aprovechando esos contactos, Betancourt entró en el negocio de la construcción de centrales eléctricas en una época en la que Venezuela sufría escasez de electricidad. Pese a contar con poca experiencia en el sector de generación eléctrica, el Gobierno de Chávez le adjudicó numerosos contratos sin licitación.
José Aguilar, auditor energético venezolano independiente que coordinaba a menudo su trabajo con organizaciones venezolanas de transparencia ciudadana, determinó que la empresa de Betancourt había sobrefacturado a entidades estatales en más de 800 millones de dólares por las centrales eléctricas, a menudo aplicando enormes márgenes adicionales.
Por otra parte, fiscales de Europa y Estados Unidos investigaron acusaciones según las cuales ejecutivos de la empresa de Betancourt habrían pagado decenas de millones de dólares en sobornos para conseguir esos contratos.
Betancourt no fue acusado como consecuencia de las múltiples investigaciones sobre estas actividades, y Chouraqui, su portavoz, afirmó que nunca había sido acusado formalmente de delito alguno en ninguna jurisdicción.
Aun así, Aguilar calificó de «vergonzosa» la decisión del Gobierno estadounidense de asociarse con Betancourt.
Todos los primeros negocios de Betancourt sentaron las bases para una rápida acumulación de riqueza. Pero también lo expusieron al desprecio de muchos venezolanos, que lo consideraban un traidor por hacer negocios con un Gobierno que encarcelaba a disidentes, purgaba de críticos la administración pública y nacionalizaba sectores de la economía.
Betancourt entró en la industria petrolera venezolana en 2011 al adquirir una participación minoritaria en Petrozamora, una productora controlada por el Estado que operaba campos petroleros en el lago de Maracaibo.
Coordinándose con otros accionistas minoritarios procedentes de Rusia, Betancourt conservó su participación en Petrozamora hasta 2022, cuando una de las periódicas purgas del Gobierno venezolano lo expulsó de la empresa por orden de Tareck El Aissami, entonces ministro de Petróleo y rival de Delcy Rodríguez, que en aquel momento ocupaba la vicepresidencia.
Pero la purga de El Aissami duró poco y terminó sirviendo de catalizador para su propio arresto en 2024 bajo acusaciones de corrupción.
Después de que su participación en Petrozamora fuera expropiada, Betancourt sorteó las consecuencias alineándose con la facción del régimen encabezada por Rodríguez, actualmente presidenta de Venezuela, y con su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional.
En 2024 recuperó su participación en Petrozamora a través de NABEP, una empresa recién creada y registrada en Barbados. La compañía contribuyó a ejecutar una rápida recuperación operativa, elevando la producción de 20.000 barriles diarios a unos 200.000.
De ese modo, NABEP se convirtió en la segunda mayor petrolera privada de Venezuela, acercándose a la producción de Chevron, de aproximadamente 280.000 barriles diarios.
Mientras la administración Trump intenta elevar la producción petrolera total de Venezuela, esa posición convirtió a Betancourt no solo en un interlocutor clave entre Washington y Caracas, sino también en una figura preparada para acumular todavía más riqueza y poder como socio del Gobierno de Estados Unidos.
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