Secuestran a un pastor colombiano que mediaba con grupos armados

Por Estefano Tamburrini, Maracaibo (Zulia)

Samuel Salazar Soto, anglicano, consejero de paz y defensor de los derechos humanos, fue secuestrado en Capacho Viejo, zona fronteriza de Venezuela. La acción todavía no ha sido reivindicada.

Un nuevo golpe contra la paz llega desde Venezuela. Samuel Salazar Soto, pastor anglicano, consejero de paz y defensor de los derechos humanos, fue secuestrado por un grupo armado no identificado en la localidad de Capacho Viejo —municipio Libertad, estado Táchira, Venezuela—, una zona andina situada en la frontera con Colombia. Lo acompañaba otra persona, cuya identidad no ha sido precisada, que posteriormente fue liberada por los secuestradores. «La amenazaron de muerte —relató un testigo a Avvenire— y le ordenaron que no denunciara lo sucedido». El secuestro ocurrió el domingo pasado, a las 16:00, cuando el comando armado interceptó a Salazar y se lo llevó en un vehículo. Sin embargo, varios días después, la acción todavía no ha sido reivindicada.

La noticia fue comunicada a Avvenire por sus familiares, quienes instan a las autoridades a actuar para «garantizar su regreso sano y salvo». Sobre el caso también se pronunció Freddy Bernal, gobernador del Táchira, quien aseguró el despliegue inmediato de los servicios de inteligencia y de las fuerzas del orden «en todo el territorio nacional» para encontrar al pastor. «Táchira —sostiene— es uno de los estados más seguros del país». Las palabras de Bernal, ya sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, deben tomarse con cautela, puesto que el gobernador es conocido como protector de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional y de otros grupos armados de la región.

Por su parte, en la plataforma X, la oficina del Defensor del Pueblo de Bogotá expresó su «profunda preocupación» por el secuestro del pastor y pidió su «liberación inmediata», así como «el respeto de su vida e integridad personal». El Defensor del Pueblo también solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia que coordine, junto con la diplomacia de Caracas, «todas las acciones necesarias» para garantizar el regreso del religioso. Corresponde, por tanto, al presidente saliente Gustavo Petro jugar sus últimas cartas durante su mandato, decidido a dar los últimos retoques a una “paz total” agonizante.

El líder progresista también está siendo presionado por miembros de su propio partido, el Pacto Histórico, que reivindican afinidades políticas con las ideas del pastor. «Pida la autorización de las autoridades venezolanas», dice a Petro el activista Luis Guillermo Pérez Casas, subrayando: «Defender la paz no puede convertirse en un factor de riesgo». Ayer, Petro, en La Habana para la última visita oficial de su Gobierno, todavía no había expresado su posición sobre el caso Salazar. También guarda silencio el recién elegido presidente colombiano Abelardo De La Espriella, ideológicamente distante del pastor, según reconoce su círculo más cercano entre bastidores.

También llegan presiones de Cristian Cabrera, representante del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, para quien el secuestro de Salazar «representa una grave agresión contra quienes trabajan por la reconciliación y la defensa de los derechos humanos». También han expresado su solidaridad la diócesis de San Cristóbal y las demás iglesias cristianas, que han convocado celebraciones y cadenas de oración en los municipios fronterizos de ambos países.

El sacerdote forma parte del Consejo Nacional de Paz, con sede en Bogotá, en representación del Foro Internacional de Víctimas del Conflicto que desde hace décadas desangra al país. Él mismo está reconocido como víctima, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011, tras haber sufrido amenazas y persecuciones debido a su activismo, ya que denunciaba la falta de garantías para las víctimas y los desplazados de la guerra, así como la trata de migrantes en la frontera colombo-venezolana.

En los últimos años, la zona transfronteriza ha sido testigo de un recrudecimiento del conflicto armado, que ha provocado un millón de víctimas desde 1985 y, solo en 2025, 77 masacres, 256 muertos —en su mayoría indígenas— y 419 casos de reclutamiento de menores, la mayor parte de ellos captados a través de las redes sociales.

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