Ocho empresarios argentinos que exportaron productos a Venezuela durante el gobierno kirchnerista fueron procesados por lavado de dinero. La justicia argentina estimó que facturaron 305 millones de dólares con sobreprecios.
El líder del grupo procesado es Juan José Levy, un argentino que se benefició de los negocios con Venezuela. También están procesados sus hermanos Alejandro Javier y Carlos Alberto Levy, entre otros.
Las empresas de Juan José Levy eran Laboratorios Esme, Bleu Tel, Corporación Gulfos y Grupo Núcleo. Estas empresas vendieron desde artículos de higiene personal como toallas femeninas, pañales y shampoo hasta equipos de televisión digital como televisores, antenas y decodificadores, reveló Infobae.
Las ventas se hicieron mediante un convenio de cooperación entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Venezuela enviaba combustible a Argentina, pero no lo cobraba. El dinero se usaba para financiar exportaciones argentinas a Venezuela que necesitaba algunos productos. El objetivo era impulsar las exportaciones de productos argentinos a Venezuela.
La causa demostró que las empresas de Levy cobraron precios exorbitantes a los venezolanos y que luego transfirieron el dinero a sociedades -muchas sin actividad comercial- y cuentas en distintos lugares del mundo. Según el fallo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, al que accedió Infobae por fuentes judiciales, hubo un “blanqueo” del dinero que se recibió lícitamente, aunque por la venta de productos con grandes sobreprecios.
Según los contratos firmados en ese momento, las empresas que mandaban productos a Venezuela recibían un adelanto del 50 o 60 por ciento de lo pactado. Eso significa, según el juez, que no había un gran riesgo empresario de no cobrar que justificara los sobreprecios detectados. Para el juez, los sobreprecios que pagaron los empresarios argentinos fueron un daño para el estado venezolano.
El juez dictó los procesamientos en una resolución de 600 páginas. Escribió un “preámbulo” en el que explicó de manera clara cómo se realizó la operación en general y luego detalló cada uno de los hechos que ocurrieron en torno a la maniobra.
Aguinsky indicó que en el expediente se analizaron “hechos relacionados con una serie de contratos de provisión de bienes y/o servicios firmados en el marco de un acuerdo binacional entre la República Argentina y la República Bolivariana de Venezuela”.
Y añadió: “En efecto, aunque los convenios firmados entre ambos países mencionan la realización de intercambios comerciales a ´precios competitivos a nivel internacional´, las mercaderías vendidas, así como también los fletes y seguros cobrados a empresas estatales venezolanas por Laboratorios Esme SAIC, Bleu Tel S.A., Corporación Gulfos S.A. y Grupo Núcleo S.A., habrían sido con precio excesivo, es decir, contratados con precios mucho mayores respecto a iguales productos exportados por las mismas empresas Argentinas a otros países o en relación a similares productos vendidos por otras empresas a Venezuela o a otros Estados”.
Los contratos entre las empresas argentinas y el estado venezolano decían que se hacían “para crear una alianza estratégica socialista para impulsar el intercambio comercial a precio justo de bienes necesarios para la higiene personal y el cuidado del hogar, para la Corporación de Mercados Socialistas “Comerso” en el marco del Convenio Bilateral entre Venezuela y Argentina, los cuales serían incorporados en el sistema de distribución y consumo socialista para satisfacer las necesidades del pueblo bolivariano “. Así figuraba -por ejemplo- en el contrato entre Suministros Venezolanos Industriales C.A. (SUVINCA) y Laboratorios Esme SAIC-representado por Levy- para comprar productos de higiene personal. Según la justicia argentina, Levy cobró sobreprecios -por ejemplo- de un 339% en las toallas femeninas, y de 300% en los pañales para adultos. Así fue la “alianza estratégica socialista” desde el lado argentino.
En el procesamiento se indicó qué se investigó: “Así, el objeto en estudio fue el ingreso y posterior salida de divisas por la venta de mercadería que se estimó con un valor excesivo a la República Bolivariana de Venezuela, teniendo en cuenta el Convenio Integral de Cooperación firmado entre ese país y Argentina, lo que habría implicado una estafa al Estado venezolano. También se podrían comprobar otras conductas que permitieron que se sacaran los fondos con apariencia de legalidad y, luego, la maniobra se habría complicado por medio de un cruce de transferencias entre cuentas de los supuestos proveedores. Hacia allí se habrían mandado las divisas desde Argentina, bajo conceptos que permitieron sus envíos a otras de las propias personas vinculadas a las operaciones en investigación, o a través de canales fuera de la ley para llegar a cuentas en el exterior que no fueron declaradas, pero que tienen en su constitución una declaración sobre el origen de los fondos que las relaciona con las firmas en pesquisa”.
Cuando el juez habla de “supuestos proveedores” es porque las empresas de Levy les compraban productos en China a otras empresas que también eran de Levy y que luego mandaban los productos a Venezuela. Es decir que-según el procesamiento- las empresas argentinas les compraban a falsos proveedores chinos (que eran también de Levy) y con las facturas justificaban los sobreprecios. Después el dinero circulaba por cuentas de Levy y de su estructura de negocios por diferentes lugares del mundo. Así se encontraron depósitos en bancos de Estados Unidos, Panamá, Suiza, Austria, Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas, entre otros lugares. El juez señaló que: “El blanqueo de dinero que se hizo después terminó siendo el delito investigado”.
“La multiplicidad de transferencias de dinero entre diferentes productos bancarios pertenecientes a empresas, en su mayoría presuntamente sin actividad comercial, lleva a preguntar qué necesidad había de blanquear lo que está limpio a través de un sistema complicado de cuentas, si no es el de ocultar su origen. En ese sentido, los negocios sospechosos con transacciones oscuras y circulación dudosa de dinero deben aclararse en un amplio debate oral y público, como esta causa lo merece”, dice la resolución.
La empresa Bleu Tel S.A que vendió antenas para televisión digital a Venezuela le pagó a una proveedora llamada Coosud Telecomunicaciones S.A cifras millonarias. La sociedad era “trucha” y los dueños de la misma vivían en casas muy pobres dentro de la villa 31 de Retiro. Es decir que era sociedad “armada” para emitir facturas falsas con el fin de inflar los precios que pagaba Venezuela.
El juez Aguinsky intentó conseguir colaboración de las autoridades venezolanas y mandó más de 20 exhortos a Caracas. No tuvo respuesta. “Venezuela siempre tuvo una postura cerrada frente a la constante y continua solicitud de asistencia jurídica internacional hecha por este juzgado para profundizar en los supuestos hechos delictivos ocurridos en ese territorio. Su negativa en contestar exhortos y producir pruebas fue igualmente igual al intento de la defensa, que no obtuvo resultado alguno. El avance de la investigación del delito de legitimación de bienes fue posible con la verificación de un escenario más detallado de la maniobra, proporcionado por los datos dados por otros Estados requeridos por los que circuló el dinero observado”, señaló el magistrado.
Aguinsky destacó en cambio que: “La cooperación internacional financiera fue eficaz por la intervención de los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores en los tres períodos de gobierno que abarcó esta investigación. Sin embargo, las demás instituciones de gobierno parecen no haber notado esta situación al no haber impulsado investigaciones que hubiesen permitido iluminar, en tiempo oportuno, los aspectos turbios en que se desarrollaron los hechos. Me refiero a las facetas administrativas, financieras y políticas vinculadas a la compleja maniobra”. Es decir que para el juez desde el gobierno argentino no se hizo nada para evitar la maniobra investigada. Además, los dólares de los venezolanos que debían usarse para fomentar las exportaciones de empresas argentinas terminaron en China y dando vueltas por el mundo.
El juez prohibió la salida del país de Juan José Levy -y otros procesados- quien debe enfrentar un embargo de 85.000.000.000 pesos que es una cifra similar a la que se le acusa de haber lavado. A la esposa de Levy, María Julieta Ratto, quien sigue bajo investigación, se le dictó una falta de mérito. El juez dictó procesamientos y embargos contra las cuatro sociedades usadas por Levy para vender insumos con sobreprecios a Venezuela y luego “blanquear” el dinero.
En 2011 Juan José Levy declaró ante la AFIP un patrimonio de un millón de pesos. En 2016 blanqueó cerca de 1400 millones de pesos. Su fortuna creció mucho en solo cinco años. La AFIP le anuló el blanqueo por el avance de la causa en la que fue procesado.
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