Un simple rastreo de su nombre en algún buscador revela resultados como: blanqueo de capitales, sobornos, sanciones económicas, fugitivo de la Justicia de Estados Unidos. Se trata de Raúl Gorrín Belisario, un empresario venezolano dueño del canal de televisión Globovisión, aliado al régimen chavista, y de la empresa Seguros La Vitalicia.
Para muchos venezolanos era un total desconocido, pero desde el año 2013 su nombre empezó a relacionarse con personajes de la “Revolución Bolivariana”, especialmente con la llegada de Maduro al poder en mayo de ese año y tras la adquisición del 80% de las acciones de Globovisión que, antes de pasar a sus manos, era el principal canal de noticias de señal abierta en Venezuela crítico con el gobierno del difunto Hugo Chávez y que luego se transformó en una televisora de contenido oficialista tras el despido de periodistas que denunciaron en vivo la censura impuesta por la nueva directiva, reveló Infobae.
El también abogado chavista fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por haber entregado unos 159 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios venezolanos para beneficiar judicialmente a personas vinculadas al narcotráfico y a la guerrilla.
Extendió su trama de corrupción con el uso de bancos de inversión que le permitían operar en el mercado de divisas de Venezuela con dólares preferenciales que luego eran llevados a un sistema de blanqueo de capitales. Para ello, formó alianza con el banquero venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray para comprar una entidad financiera en República Dominicana que les permitiera mover esos fondos “sin dejar rastro”.
“Gorrín entregó sobornos para obtener acceso a la compra de bonos del Tesoro Nacional de Venezuela a un tipo de cambio favorable, lo que le generó cientos de millones de dólares de ganancia. La conspiración involucraba dinero en efectivo oculto en cajas de cartón, empresas ficticias en paraísos fiscales, cuentas bancarias suizas y transferencias bancarias internacionales supuestamente enviadas por Gorrín para adquirir múltiples jets privados y yates, y para financiar una línea de moda de alta gama en el sur de Florida”, señala un comunicado del Departamento de Justicia de EEUU.
Según la investigación, Gorrín pagó miles de millones de dólares en sobornos al ex tesorero y escolta de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, para que con su cargo le autorizara operaciones cambiarias en favor del régimen venezolano.
En 2018 el gobierno estadounidense ordenó el embargo de todos sus bienes en territorio norteamericano que fueron comprados con dinero malversado, violando la Ley de Prácticas de Corrupción en el extranjero. Entre los bienes confiscados al empresario chavista destacan: 24 propiedades en Miami y Nueva York, valoradas en unos 77 millones de dólares.
Pero si el pago de más de 1.000 millones de dólares en sobornos parecía una cifra alarmante, para Gorrín significaba libertad para sus negocios ilícitos. España, por ejemplo, lo imputó por el desfalco de más de 600 millones de euros en contratos fraudulentos con la estatal petrolera venezolana, PDVSA, que se blanquearon desde Madrid.
A pesar de los vínculos con la cúpula chavista, investigaciones de medios norteamericanos como The Wall Street Journal han señalado a Gorrín de estar involucrado en planes para derrocar a Maduro, no porque realmente quiera que eso ocurra sino porque le afectan las sanciones internacionales en su contra, especialmente las relacionadas con sus propiedades.
Según el informe del diario, el empresario venezolano aceptó trabajar para el gobierno norteamericano con la condición de que las sanciones en su contra sean eliminadas. De acuerdo con el citado medio, Gorrín participó activamente en la Operación Libertad, aquella estrategia política que sorprendió a los venezolanos cuando Juan Guaidó, acompañado por el líder opositor Leopoldo López, intentaron ejecutar un levantamiento militar para sacar a Maduro del Palacio de Miraflores.
El magnate se reunió en EEUU con el entonces vicepresidente Mike Pence para ser el negociador principal entre Washington y Caracas para lograr una transición en Venezuela.
El plan se basaba en la emisión de un decreto del Tribunal Supremo de Justicia donde se desconocería la Asamblea Nacional Constituyente designada por Maduro y se garantizaría el reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en 2015 con Juan Guaidó a la cabeza como presidente encargado de Venezuela, otorgándole la autoridad militar para actuar contra Maduro.
“Gorrín desempeñó un papel clave en un plan fallido a finales de abril para convencer al ministro de Defensa Vladimir Padrino López, al presidente del Tribunal Supremo Maikel Moreno y al jefe de contrainteligencia militar Iván Hernández de que presionaran la salida del señor Maduro”, señaló el diario estadounidense.
El miércoles 19 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reafirmó las acusaciones contra Gorrín, que enfrenta nueve cargos de lavado de dinero. Sin embargo, el empresario venezolano se encuentra fugitivo de las autoridades.
Denuncias contra Marta Albiach por extorsión y prácticas fraudulentas en edición de videos
COMMENTS