La justicia de Curazao ha iniciado acciones decisivas en torno a la quiebra del Banco del Orinoco N.V., filial del Grupo Financiero BOD y controlado por el Grupo Cartera -del banquero Víctor José Vargas Irausquín-, tras una investigación profunda sobre irregularidades financieras. El tribunal de primera instancia, que supervisa el proceso de bancarrota, emitió el pasado 30 de octubre de 2024 un fallo crucial en respuesta a la presentación de documentos que resultaron ser falsos, los cuales buscaban respaldar un supuesto portafolio de inversiones valorado en más de 1.500 millones de dólares y gestionado desde Singapur.
Este fallo establece que el Banco del Orinoco, en manos del empresario Víctor Vargas y sus socios, no cumplió con las pruebas de solvencia exigidas, dado que la firma Farrington en Singapur —la entidad internacional responsable de custodiar los valores— desconoció por completo la autenticidad de los documentos proporcionados por Cartera / Vargas en Curazao. La situación de incertidumbre que enfrentan los acreedores, quienes esperaban que estas inversiones cubrieran parte de las deudas, ha derivado en medidas extremas.
La decisión judicial incluye la confiscación de bienes de Vargas y de varios directivos asociados con Cartera / Vargas, un esfuerzo directo por salvaguardar los intereses de los afectados.
El impacto de esta quiebra, que involucra a numerosos acreedores, ha motivado a sus representantes legales, como Lucas Rodríguez, José Gregorio Vásquez y Roberto Hung, a desplazarse hasta Curazao. Estos abogados, reunidos en la isla desde hace días, han comenzado a movilizarse frente a las autoridades judiciales para defender los derechos de sus clientes, muchos de los cuales confiaron sus ahorros al Banco del Orinoco.
La gravedad de la situación, en la que un capital millonario ha “desaparecido”, mantiene en alerta tanto a los acreedores como a los observadores del sector financiero, quienes siguen con atención el desenlace de este complejo proceso judicial.
Documentación falsa y creciente preocupación por la pérdida de las inversiones
Víctor Vargas Irausquín, propietario del Grupo BOD y del Banco del Orino N.V. en Curazao
El caso del Banco del Orinoco NV ha escalado a nivel internacional, especialmente tras la revelación de que los documentos presentados para respaldar una inversión de más de 1.500 millones de dólares en Singapur eran falsos. Esta documentación, clave para probar la existencia de los fondos destinados a cubrir las deudas del banco con sus acreedores, fue presentada en el tribunal de Curazao con la intención de demostrar la solvencia del banco. Sin embargo, la firma Farrington, reconocida institución internacional encargada de la custodia de valores en Singapur, negó tajantemente haber recibido o gestionado tales inversiones, desmintiendo toda relación con los documentos.
La confirmación de esta irregularidad detonó una profunda preocupación entre los acreedores del banco, quienes temen no recuperar sus fondos. Lucas Rodríguez, José Gregorio Vásquez y Roberto Hung, representantes legales de un grupo significativo de afectados, han advertido sobre la gravedad de esta situación, señalando que los fondos supuestamente invertidos se “esfumaron” sin dejar rastro. Esta ausencia de los activos, sumada a la presentación de documentos falsificados, refuerza las sospechas de fraude a gran escala, aumentando las tensiones entre los afectados y el grupo empresarial Cartera / Vargas.
Para los acreedores, la falta de transparencia y la supuesta desaparición de los fondos representan una violación de sus derechos financieros y una traición a la confianza depositada en el banco, motivándolos a buscar justicia a través de todas las vías legales disponibles.
Como parte de su estrategia, los representantes de los acreedores han solicitado entrevistas con diversos organismos judiciales y financieros de Curazao, con el objetivo de agilizar el proceso de embargo de bienes y responsabilizar a los directivos del banco por la pérdida de los fondos. También han instado a las autoridades locales a que adopten medidas que eviten que los bienes de los implicados puedan transferirse fuera de la isla, mientras se investiga la posible conexión de esta quiebra con otros territorios financieros. Con estos encuentros, los acreedores buscan reforzar su posición y exigir una respuesta contundente de las autoridades frente a lo que consideran uno de los fraudes bancarios más impactantes en la historia de Curazao, que comparan con la tristemente célebre estafa Ponzi de Bernard Madoff.
Acciones legales y responsabilidad penal
Víctor Vargas Irausquín
El fallo del tribunal de Curazao no solo apunta a recuperar los activos perdidos, sino también a enjuiciar a los responsables del Banco del Orinoco NV por presuntas prácticas fraudulentas. En este contexto, se han planteado diversas acciones legales que incluyen la posibilidad de levantar el “velo corporativo” para que los directivos del banco, entre ellos Víctor Vargas y sus socios, asuman con su patrimonio personal el pago de las deudas. Esta medida, extraordinaria en casos de quiebra, permitiría que los acreedores puedan acceder a los bienes personales de los implicados, y no solo a los activos del banco, para satisfacer las obligaciones financieras pendientes.
Además, los representantes de los acreedores han propuesto invocar la “acción pauliana”, un mecanismo legal que permitiría anular las transacciones o negocios realizados por el Banco del Orinoco en el período previo a la quiebra, si se demuestra que estas operaciones fueron ejecutadas con la intención de desviar fondos o reducir su capacidad de pago. Esta estrategia busca proteger los derechos de los acreedores frente a cualquier maniobra que los haya perjudicado de manera deliberada.
El tribunal, por su parte, también ha abierto la vía penal, debido a que la presentación de documentos falsos representa un delito grave en Curazao, con consecuencias que podrían extenderse a otras jurisdicciones donde el banco o sus directivos tengan presencia financiera. Esta dimensión penal del caso añade un nuevo nivel de presión sobre el Grupo Cartera / Vargas y sus asociados, quienes podrían enfrentar sanciones más allá de la simple restitución de los fondos perdidos.
Conflicto de intereses en el comité de acreedores
Dentro del proceso judicial, ha surgido una preocupación adicional en torno al Comité de Acreedores, que tiene el mandato de supervisar y aprobar los planes de compensación presentados en beneficio de los afectados. Los representantes de los acreedores han denunciado la presencia de un miembro dentro del comité que mantiene vínculos directos con el Grupo Cartera / Vargas, una situación que consideran un claro conflicto de intereses. Para los acreedores, resulta inaceptable que alguien ligado a la entidad responsable de la quiebra esté involucrado en la toma de decisiones sobre el proceso de compensación.
Esta denuncia ha llevado a los abogados de los acreedores a presentar formalmente una solicitud ante el tribunal para que este miembro sea desincorporado del Comité de Acreedores. Argumentan que su participación no solo compromete la transparencia del proceso, sino que también podría influir negativamente en las votaciones sobre el plan de composición de deudas, el cual fue presentado por los mismos directivos de Cartera Vargas. En opinión de los afectados, permitir que personas con nexos directos con el grupo empresarial tomen decisiones críticas dentro del proceso judicial abriría la puerta a maniobras que busquen beneficiar a los responsables de la quiebra en lugar de garantizar justicia para los acreedores.
La respuesta del tribunal a esta solicitud será crucial, pues de ella dependerá en gran medida la credibilidad del proceso de quiebra.
Próximos pasos y audiencia clave de diciembre
Víctor Vargas Irausquín
Con la audiencia del 6 de diciembre de 2024 en el horizonte, el proceso judicial en torno a la quiebra del Banco del Orinoco NV entra en una fase decisiva. Esta sesión, programada por el tribunal de Curazao, será un punto de inflexión, ya que en ella se buscará avanzar en los acuerdos de compensación para los acreedores y establecer los mecanismos para recuperar los fondos desaparecidos. Esta audiencia es especialmente relevante debido al volumen de afectados y al monto de las inversiones comprometidas, lo cual ha colocado este caso en el foco de la atención pública y financiera.
En preparación para la fecha, los representantes legales han instado a todos los afectados a formalizar sus reclamaciones antes del 15 de noviembre, asegurándose de que sus demandas sean presentadas ante el tribunal para incluirse en las decisiones de diciembre. Aquellos que aún no cuentan con representación legal tienen la posibilidad de presentar sus denuncias y documentación directamente con los síndicos del caso, quienes han abierto un canal de atención especial para agilizar el proceso.
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