Minería de criptomonedas: una actividad legítima usada por algunas organizaciones y tramas delictivas para el lavado de dinero

Minería de criptomonedas: una actividad legítima usada por algunas organizaciones y tramas delictivas para el lavado de dinero

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La minería de criptomonedas es una actividad que consiste en usar computadoras especializadas para resolver problemas matemáticos complejos y validar transacciones en una red descentralizada. Los mineros reciben como recompensa una cantidad de criptomonedas, como bitcoin, ethereum o litecoin, entre otras, que pueden vender o guardar en sus billeteras virtuales.

La criptominería es una parte esencial del funcionamiento de estas redes, pues garantiza su seguridad, integridad y consenso. Además, es una forma de generar ingresos para muchas personas y empresas que ven en las criptomonedas una oportunidad de inversión, ahorro o innovación.

Sin embargo, como suele ocurrir con toda actividad que maneja grandes sumas de dinero, existen grupos criminales que buscan utilizarla para cometer delitos como el lavado de dinero, como se conoce al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de fondos provenientes de actividades ilegales, como el narcotráfico, la corrupción, el terrorismo o el fraude.

Según un informe de la plataforma de análisis de blockchain Chainalysis, cientos de millones de dólares en criptomonedas ilícitas se mueven a direcciones de depósito con una fuerte exposición a la minería. Esto significa que los delincuentes envían sus fondos a servicios de minería o a exchanges que reciben importantes fondos de minería, con el fin de ocultar el origen de los fondos y hacerlos pasar por ingresos legítimos de la actividad minera de criptomonedas.

Los delincuentes usan la minería de criptomonedas para lavar dinero de varias formas, entre las que se destacan las siguientes:

  • Comprar equipos de minería con dinero sucio y luego vender las criptomonedas generadas en el mercado, obteniendo así dinero limpio.
  • Enviar dinero sucio a fondos de minería o servicios de hashing, que son plataformas que ofrecen poder de cómputo a cambio de una comisión, y luego retirar las criptomonedas minadas en otras billeteras virtuales, rompiendo así la trazabilidad de los fondos.
  • Transferir los rescates de ransomware a billeteras virtuales de pools de minería. Los ataques de ransomware son intrusiones informáticas que secuestran datos o sistemas y exigen un pago para liberarlos.
  • Usar las criptomonedas minadas para evadir sanciones económicas o controles cambiarios impuestos por algunos gobiernos a ciertas entidades, que terminan recurriendo a la minería de criptomonedas para acumular capital, mezclando fondos provenientes del minado con dinero procedente de actividades sancionadas, sin pasar por el sistema financiero tradicional.

Estas prácticas representan un riesgo para la industria de las criptomonedas, pues afectan su reputación, su legalidad y su seguridad.

También se ha reportado que grupos narcotraficantes en algunos países han incursionado en la minería de criptomonedas o se han asociado con criptomineros para lavar sus ganancias ilícitas, mezclando fondos del narcotráfico con otros legítimos, provenientes del minado, y dar así apariencia de legalidad.

La situación de Venezuela y el caso Pdvsa-Cripto

Venezuela es un país que ha experimentado un auge de la minería de criptomonedas en los últimos años, debido a la crisis económica, la hiperinflación, el control cambiario y las sanciones internacionales que afectan al país. Muchos venezolanos han visto en las criptomonedas una forma de preservar el valor de su dinero, de acceder a divisas y de enviar o recibir dinero.

En 2018, el gobierno de Venezuela creó la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), un ente encargado de regular, supervisar y fiscalizar el uso de las criptomonedas en el país.

Uno de los casos más recientes y escandalosos de lavado de dinero con minería de criptomonedas en Venezuela es el llamado caso Pdvsa-Cripto, que involucró a empresarios y a exaltos funcionarios gubernamentales y de la estatal petrolera Pdvsa. Según la investigación de la fiscalía, desde Pdvsa se asignó a empresarios el manejo de buques con cargas de crudo petrolero, que luego fueron comercializados en el exterior. Sin embargo, los pagos correspondientes a Pdvsa nunca se realizaron, sino que se desviaron a cuentas personales de los implicados, usando criptomonedas, a través de la Sunacrip, para ocultar el rastro del dinero.

El caso Pdvsa-Cripto provocó la detención en 2023 de más de 42 personas, entre ellas el exjefe de la Sunacrip, Joselit Ramírez. Ramírez está acusado de los delitos de corrupción administrativa y malversación de fondos. Ramírez habría usado la Sunacrip para facilitar el lavado de dinero de la trama de corrupción, que se estima que movió más de 3 mil millones de dólares en criptomonedas.

Como parte de la investigación, se realizaron varios allanamientos y decomisos de bienes relacionados con los implicados, entre ellos una granja de minería de bitcoin. Además, en 2023 se aseguró que había sido ordenado el cierre temporal de todas las granjas de minería de bitcoin con licencia en Venezuela, lo que generó incertidumbre y temor entre los mineros legales, que temían perder sus equipos y sus ingresos.


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