La estatal petrolera venezolana Pdvsa ha recibido otro golpe judicial en el extranjero. Un juez en La Haya, Países Bajos, falló en agosto a favor de una empresa panameña de origen venezolano, Brumby Shipholdings S.A., y le ordenó a Pdvsa el pago de más de 32 millones de dólares por concepto de facturas pendientes por la compra de una flota de 42 remolcadores.
Un contrato con sobreprecio y mora
El contrato entre Pdvsa y Brumby Shipholdings S.A. se firmó el 12 de noviembre de 2010 y el monto total por los 42 remolcadores alcanzaba la suma de 144,8 millones de dólares. Las embarcaciones, fabricadas en Singapur y Malasia, tenían capacidad para operar las 24 horas del día y contaban con tecnología de punta, además de ofrecer facilidades a la tripulación. Los remolcadores serían utilizados para el mantenimiento, reparación, sustitución y tendido de líneas sublacustres para transporte de crudo, reparación de tuberías en el lago de Maracaibo, mudanza de gabarras de perforación y facilidades de apoyo, lo que contribuiría a la modernización de las actividades de producción de petróleo en el occidente de Venezuela, reveló El Pitazo.
Sin embargo, el contrato se realizó con un sobreprecio estimado en 110 millones de euros, según denunció en 2019 el exdiputado Conrado Pérez (Primero Justicia), vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. De acuerdo con la documentación presentada por Pérez, Brumby Shipholdings S.A. compró los remolcadores a un precio de 40 millones de euros, incluidos los gastos de transporte desde Singapur a Venezuela, y luego los revendió a Pdvsa con un margen de ganancia exorbitante.
Además, las embarcaciones se entregaron en 2011, un año después de suscrito el acuerdo, y Pdvsa nunca canceló el monto acordado. Por esta razón, Brumby Shipholdings S.A. introdujo un reclamo judicial contra Pdvsa y sus filiales Bariven y Pdvsa Operaciones Acuáticas, que fueron las que adquirieron los remolcadores.
Un fallo que responsabiliza a Pdvsa
El juez Maarten van de Laarschot dictaminó en su sentencia que Pdvsa era responsable por los compromisos adquiridos por sus filiales en el extranjero. El magistrado consideró que Pdvsa tenía el control efectivo sobre Bariven y Pdvsa Operaciones Acuáticas, y que estas actuaban como agentes o representantes de la petrolera. Por lo tanto, desestimó los argumentos de Pdvsa, que alegaba que no era parte del contrato ni tenía obligación alguna con Brumby Shipholdings S.A.
El fallo establece que Pdvsa debe pagar 21,2 millones de dólares correspondientes al monto adeudado por contrato, más otros 13 millones de dólares derivados de intereses por mora. Asimismo, ordena a Pdvsa pagar las costas del proceso judicial.
Los dueños de Brumby Shipholdings S.A., bajo la lupa
Brumby Shipholdings S.A. fue registrada en Panamá en 2005 y tiene como accionistas a los venezolanos Hidalgo Socorro Urdaneta y Enoc Martínez Carrasquero. Ambos son proveedores de servicios de Pdvsa a través de al menos ocho empresas, comenzando con Astivenca, que funcionaba en Maracaibo, y terminando con Brumby Shipholdings.
Socorro Urdaneta y Martínez también rentaron con sobreprecio embarcaciones para el proyecto gasífero que desarrolló Pdvsa Costa Afuera en Sucre. El caso más célebre fue el alquiler del Aban Pearl, gabarra que terminó hundida.
En 2016, las autoridades judiciales en Guatemala allanaron el Banco de los Trabajadores, una entidad financiera en la que Socorro tenía en ese entonces 20 % de las acciones tras una negociación efectuada por 20 millones de dólares en mayo de 2013. El empresario nacido en Maracaibo escondió que era contratista de la petrolera, lo que levantó las sospechas de directivos de la entidad financiera y llevó al inicio de un proceso que provocó el congelamiento de 20 millones de dólares y decomiso de un avión. En Estados Unidos también se investigaron las cuentas del dueño de DHK Finance, que residía para la fecha en La Romana, República Dominicana, en una casa valorada en 10 millones de dólares. Las investigaciones se iniciaron debido a sospechas de lavado de dinero.
La sentencia de La Haya es apenas otro revés para la estatal petrolera venezolana, que se suma a la ya larga lista de irregularidades, reclamos y despilfarro perpetrados en el manejo de flota de buques tanqueros y otras embarcaciones. Al menos 3.700 millones de dólares han sido comprometidos o perdidos por Pdvsa y sus filiales, de acuerdo con una extensa investigación realizada en 2020 por la Alianza Rebelde Investiga (ARI) en unión con la plataforma latinoamericana de periodismo CONNECTAS.
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