Múltiples instituciones públicas, privadas y académicas han venido trabajando, con rigor y sentido de urgencia, para proponerle al gobierno entrante una hoja de ruta clara en seguridad, defensa nacional y justicia. Sectores que fueron, sin duda, vilipendiados, de manera descarada, por el gobierno saliente.
Y si es un hecho que la administración del presidente Petro despreció, humilló y debilitó a las instituciones encargadas de proteger a los colombianos, también es un hecho que el Presidente entrante ha asumido un compromiso distinto, devolverles el lugar que les corresponde y convertirlas en el eje central de su gobierno. Para lograrlo ha prometido gobernar de la mano de la Fuerza Pública, desde los territorios y en alianza con los países alineados en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional.
Por eso cobra especial relevancia el trabajo dedicado y profesional que, en materia de seguridad, defensa nacional y justicia, han cumplido actores como la Universidad Militar Nueva Granada, la Escuela Superior de Guerra, el Colegio de Generales de la Policía, La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las FF.MM. (Acore), el Instituto de Ciencia Política ICP, el Instituto Latinoamericano de Paz y Seguridad (Ilaps), la Universidad de Los Andes y el Consejo Nacional Gremial.
Quiero detenerme en uno de estos documentos, que bien podríamos llamar una obra maestra, Colombia, Estrategia Integral de Seguridad – Un enfoque sistémico para recuperar el control institucional del territorio. Liderado por Acore, en cabeza del general (r) Guillermo León, el General (r) Juan Carlos Salazar y Carlos Enrique Moreno Mejía, se construyó durante más de un año. Participaron más de 50 oficiales de la reserva de las Fuerzas Militares y de la Policía, congresistas, empresarios y académicos nacionales e internacionales.
Moreno lo resume con una frase que debería enmarcarse: “El crimen no es ideológico, es codicioso. El centro de gravedad de todas las estructuras armadas ilegales son las rentas criminales y los territorios donde las producen”.
Y tiene razón. Llevamos décadas combatiendo efectos y no causas. Perseguimos al criminal, pero dejamos intacto el negocio que lo paga. Las economías ilícitas son el alimento de la hidra de mil cabezas. ¿Por qué no las hemos podido contener? Porque la corrupción, la falta de determinación política y la permeabilidad de las campañas con el dinero del crimen, terminan por someter a los gobiernos entrantes.
La propuesta es clara: no se trata solo de policías y soldados. La seguridad es un problema integral del Estado. Y para enfrentarlo el informe plantea cinco pilares transversales, dependientes entre sí.
1. Seguridad y Defensa Nacional. Urge una Ley de Seguridad y Defensa Nacional que blinde la política de Estado.
2. Justicia Articulada con Seguridad. Hay que armonizar el DIH con el derecho interno y acabar con la inseguridad jurídica que hoy premia al delincuente.
3. Colapsar las Economías Criminales. Aquí está el corazón del asunto. Se propone una estrategia nacional con centros de fusión de inteligencia financiera en los territorios.
4. Reforma del Sistema Penitenciario y Carcelario. Incluye la liquidación del Inpec. Las cárceles de hoy son territorios del crimen.
5. Desarrollo Territorial Productivo. Se proponen nodos productivos donde el Estado llegue de una vez con infraestructura, justicia, servicios públicos, crédito, asistencia técnica y acceso a mercados.
Después de cuatro años de agonía institucional, de un gobierno que relativizó el delito y debilitó a quienes lo combaten, los colombianos necesitan certezas. La Estrategia Integral de Seguridad que hoy ponen sobre la mesa los veteranos, académicos y empresarios, es una de ellas. No es una propuesta de mano dura ni de mano blanda. Es una propuesta integral para el Estado.
El reto del gobierno entrante es mayúsculo, pero también lo es la oportunidad. Debemos movilizar todos los esfuerzos en seguridad, defensa, justicia y transparencia, para que la nación recupere la dignidad que le fue arrebatada.
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