CARACAS — El abogado y comentarista venezolano Jorge Burgos cuestionó públicamente la actuación de Zair Mundaray durante los 17 años que permaneció en el Ministerio Público y pidió explicaciones sobre su responsabilidad institucional en algunos de los casos más controvertidos ocurridos durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
En una extensa serie de publicaciones en X titulada “Zair Mundaray: Diecisiete años de polvo”, Burgos citó resoluciones oficiales que, según las imágenes difundidas, muestran que Mundaray ocupó distintos cargos de dirección dentro de la Fiscalía. Entre ellos mencionó la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones y la Dirección General de Actuación Procesal.
Burgos también recurrió a declaraciones que Mundaray ofreció a la organización PROVEA en 2018, en las que describió bajo su responsabilidad áreas relacionadas con delitos comunes, corrupción, protección ambiental y derechos fundamentales. A partir de esas palabras, Burgos plantea que Mundaray ocupaba posiciones con capacidad de decisión sobre investigaciones y política penal.
El autor centra buena parte de sus críticas en lo que considera una falta de rendición de cuentas sobre el período anterior a la ruptura de Mundaray con el gobierno venezolano. En sus publicaciones pregunta qué actuaciones emprendieron las dependencias bajo su dirección frente a denuncias de violaciones de derechos humanos y menciona procesos como los de María Lourdes Afiuni, Iván Simonovis y Leopoldo López.
Burgos sostiene que la discusión no debe limitarse a las denuncias que Mundaray formuló después de abandonar Venezuela, sino que debe incluir su actuación mientras formó parte del Ministerio Público. También reclama documentos, números de expedientes y actuaciones concretas que permitan determinar qué hizo desde sus cargos para enfrentar posibles abusos del Estado.
Mundaray, por su parte, ha defendido públicamente su gestión. En mensajes reproducidos en las mismas publicaciones aseguró haber participado en investigaciones sobre las masacres de Barlovento y Tumeremo, haber impulsado procesos contra funcionarios y haber documentado centenares de presuntas ejecuciones extrajudiciales. También afirmó que algunos expedientes fueron preservados para ser entregados posteriormente a la Corte Penal Internacional debido a obstáculos que, según su versión, impedían avanzar contra funcionarios de alto nivel.
El intercambio refleja una discusión más amplia dentro de la oposición venezolana sobre la responsabilidad de antiguos funcionarios que, después de romper con el chavismo, pasaron a denunciar violaciones de derechos humanos desde el exilio.
Burgos afirma que revelar información y colaborar con organismos internacionales tiene valor, pero sostiene que eso no sustituye una explicación sobre las decisiones tomadas mientras se ejercían cargos públicos. Su reclamo central es que la transición política y la búsqueda de justicia también deberían incluir un examen del papel desempeñado por quienes formaron parte de las instituciones del Estado durante los años en que ocurrieron los abusos denunciados.
Las acusaciones y valoraciones contenidas en las publicaciones corresponden a Burgos y no han sido verificadas de manera independiente.
Esta fueron sus palabras:
Hay una palabra que se le escapó y lo explica todo: desempolvar. Dijo que en 2017 el Ministerio Público empezó a desempolvar viejos casos que involucraban a funcionarios. Detengámonos ahí. Lo que se desempolva, alguien lo empolvó antes.
El polvo no cae sobre lo que se usa. Cae sobre lo que se aparta. El polvo es tiempo, y en un expediente el tiempo tiene nombre: la madre que espera, el muchacho que se pudre preso, el país que se va.
Un expediente empolvado no es un olvido. Es una decisión que se toma cada mañana que alguien pasa frente al archivo y elige no abrirlo.
Y él lo confesó con orgullo: los guardé para la CPI.
Guardar no es investigar. Guardar es administrar la justicia como un inventario. Y esa decisión no se la impuso Maduro.
Antes de seguir: esto no es una campaña de odio.
Curioso. Es la misma palabra que usa el chavismo cuando se le acaban los argumentos. Si esto es campaña, que me avisen y les paso mis datos bancarios, porque a mí nadie me ha pagado un centavo. Soy un ciudadano que lee documentos. Eso se llama contraloría.
LAS CARAS QUE NUNCA VIMOS
Todo régimen tiene dos rostros. Uno se para frente a las cámaras. Ese lo condena la historia primero, porque se dejó fotografiar.
El otro no aparece nunca. Firma, archiva, guarda.
Y esto hay que entenderlo: cuando a ti te llevaron preso, no te recibió Delcy Rodríguez. No te leyó la cartilla Cilia Flores. Te imputó un fiscal. Te sentenció un juez. Te allanaron la casa funcionarios con nombre, cargo y resolución.
La dictadura no se ejecuta desde Miraflores. Se ejecuta desde un tribunal.
Por eso en la caída de la Unión Soviética, y en cada régimen totalitario que se desploma, los rostros invisibles son los primeros en reaparecer del otro lado. Su ventaja fue no ser conocidos. Y esa misma ventaja la usan después como coartada.
LOS PAPELES
Resolución 1069 — 14/07/2014. Luisa Ortega Díaz lo designa Director de la Dirección Técnico Científica y de Investigaciones.
Resolución 030 — 15/01/2016. Lo designa Director General de Actuación Procesal.
Resolución 1578 — 16/09/2016. Suma la Dirección General Contra la Delincuencia Organizada, con delegación de firma.
Ingresó en 2000. Salió en agosto de 2017. Diecisiete años en la sala de máquinas.
Y esto lo dijo él, no yo. PROVEA, diciembre de 2018: bajo su responsabilidad estaban Delitos Comunes, Corrupción, Protección al Ambiente y la Dirección de Derechos Fundamentales, encargada de investigar y procesar a funcionarios públicos vinculados con violación de derechos humanos. Y remató: esas áreas eran “la médula de la política penal del país”.
La médula. La palabra la escogió él.
Entonces no discutamos si tenía poder. Discutamos qué hizo con él.
Y que quede claro que no era opcional: artículo 287 del COPP, la denuncia es obligatoria para el funcionario público que en el desempeño de su empleo se imponga de un hecho punible.
No era heroísmo. Era el sueldo.
Burgos también enumera episodios ocurridos durante los años de Mundaray en el Ministerio Público y menciona, entre otros, el cierre de RCTV, el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, el proceso contra Iván Simonovis y el juicio contra Leopoldo López. A partir de esos casos cuestiona cuál fue el papel de los funcionarios que ocupaban cargos dentro de la Fiscalía.
En otra publicación reproduce declaraciones atribuidas a Mundaray en una entrevista con PROVEA en diciembre de 2018:
“La Dirección General de Actuación Procesal, bajo mi responsabilidad, tenía a su cargo cuatro direcciones: Dirección de Delitos Comunes […], Dirección contra la Corrupción […], la Dirección de Derechos Fundamentales […] y la Dirección de Protección al Ambiente. Estas áreas son la médula de la política penal en el país”.
LAS PREGUNTAS
Ni una rueda de prensa. Ni una renuncia. Ni una carta. Ni un minuto de video.
Si existe, que aparezca. Lo publico yo mismo y rectifico a la misma hora.
Lo que sí existe son las imágenes de él al lado de Luisa Ortega Díaz.
¿Qué hizo la Dirección de Derechos Fundamentales —la suya— entre 2011 y 2017? ¿Cuántos funcionarios imputados por violación de DDHH, con número de causa, antes de marzo de 2017?
¿A qué superiores jerárquicos se refería Franklin Nieves?
¿Sigue usted pensando que Leopoldo López cometió los delitos que le imputó su Ministerio Público, varios desestimados después?
¿Qué tiene que decir sobre los colectivos del 12F de 2014?
Usted dice que enfrentó al poder desde adentro. ¿Dónde está esa denuncia? ¿Número, fecha, expediente?
Y si le estorbaba tanto al poder durante años, ¿por qué el poder nunca lo tocó?
Le doy el beneficio de la duda. Demuéstrelo con papeles, como los que acabo de mostrar.
LO QUE MÁS FALTA
Zair Mundaray nunca ha pedido perdón. Ni una línea. En su relato todo fue correcto y todo tiene explicación técnica.
Hay quien lo defiende diciendo que errar es humano. De acuerdo. Pero errar es humano cuando alguien admite que erró. La admisión no llega por correspondencia. Se dice, se firma, se sostiene delante de las víctimas.
Sin reparación no hay reconciliación, no hay transición, no hay país nuevo. Solo hay reciclaje.
POR ESO LOS NOMBRO JUNTOS
No veo diferencia de fondo entre este caso y el de Elías Jaua, Mario Silva o Juan Barreto. No por los cargos: por el patrón. Vivieron del poder mientras el poder los abrazó, callaron mientras el silencio les rendía, y la memoria les volvió el día que dejaron de ser los favoritos.
La conciencia por despido.
LO QUE NO PRESCRIBE
Armar expedientes falsos no prescribe. Sembrar a un imputado no prescribe. Allanar una casa sin orden judicial no prescribe. Todo eso conecta con un solo delito, y los delitos de lesa humanidad no prescriben.
Que nadie me malinterprete: nadie está pidiendo que deje de denunciar. Venezuela necesita que todo el que tenga información hable, y eso tiene valor.
Pero tener información no da autoridad moral. Entregar expedientes en La Haya no es responder por los que se dejaron empolvar. Y una tribuna no es una absolución.
Ejercer ciudadanía también es hacer contraloría. Y la contraloría no empieza el día que caiga el régimen: empieza hoy, preguntando quién fue quién.
Porque lo peor que le puede pasar a una república es que quien abrió la herida termine recetando el medicamento. Y lo segundo peor es que la república, agotada, se lo agradezca.
Yo no soy juez. Soy ciudadano. Y exijo lo mínimo: que responda primero por su silencio.
Diecisiete años.
Y todo ese polvo no se lo echó encima el régimen.
Las capturas también contienen una respuesta atribuida a Zair Mundaray, quien sostiene que durante su gestión impulsó investigaciones sobre las masacres de Barlovento y Tumeremo, denunció ejecuciones extrajudiciales, procesó a funcionarios y conservó determinados expedientes para entregarlos posteriormente a la Corte Penal Internacional porque, según su versión, existían obstáculos institucionales para avanzar contra altos responsables.
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