La historia de la familia Henríquez, acusada de participar en la mayor estafa cripto de Latinoamérica, se remonta al año 2014, cuando Alberto Yobet Henríquez, el padre, comenzó su supuesta actividad delictiva en la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI). Según reportes de investigación, Henríquez se benefició de los dólares preferenciales que otorgaba el organismo cambiario a través de varias empresas que registró junto con su esposa, Carmen Marina Isla de Henríquez, y su hijo, Yobet Uriel Henríquez Ysla , según www.abcnoticias.net.
Una alianza con el gobierno regional
Entre las compañías que crearon los Henríquez se encuentra Industria Venezolana de Memorias Technologicas, C.A. [sic], fundada en 2007 con el propósito de desarrollar proyectos tecnológicos y elaborar dispositivos electrónicos para almacenamiento masivo y procesamiento de data. Esta empresa estableció una sociedad con la Gobernación de Aragua, que tenía el 45% de las acciones a través de Industria Tecnológica Arawak S.A., una empresa estatal dedicada a la producción y ensamblaje de artículos tecnológicos y eléctricos.
La alianza entre los empresarios aragüeños y el gobierno regional se mantuvo durante las gestiones de los gobernadores chavistas Rafael Isea, Tareck El Aissami y Rodolfo Marco Torres, todos exoficiales militares. El último de ellos, antes de renunciar a la gobernación para asumir un cargo ministerial en el gabinete de Nicolás Maduro, firmó las actas sobre la aprobación de los estados financieros desde 2014 hasta 2020 y designó una junta liquidadora para la Industria Tecnológica Arawak.
De la minería a la estafa cripto
En 2018, los Henríquez iniciaron la empresa Coincoin C.A., que posee licencia por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), con sede en el estado Aragua. Coincoin se especializó en la venta de equipos de minería, pero todo terminó en una trama de corrupción en la que se «perdieron» más de 20 mil millones de dólares en la estafa cripto a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según una fuente que logró comunicarse con la redacción de www.abcnoticias.net, los Henríquez son quienes tienen en su poder el dinero sustraído ilegalmente por la red del exgobernador Tareck El Aissami y conocen perfectamente su paradero. La fuente también proporcionó las fotos e identidades de toda la familia y reveló los nombres y ubicaciones de las empresas utilizadas para lavar el dinero captado a través de la gran estafa cripto.
Asimismo, indicó que los Henríquez se encuentran actualmente en la ciudad de Miami disfrutando de lo robado y que intentan llevar una vida bajo perfil como dueños de una licorería. Además, aseguró que Leonardo Galíndez y Freddy Boscán Torres poseen llaves secretas de las billeteras que tienen parte del dinero robado. Hasta el momento se desconoce el paradero de estos.
Un vínculo con el superintendente Joselit Ramírez
Los Henríquez tienen presencia en al menos diez compañías incluidas en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), algunas de las cuales han mantenido nexos comerciales con el gobierno del estado Aragua. Una de ellas es YBT INC C.A., que usuarios en Google Maps identifican como ubicada en la actual sede de Coincoin. Esta empresa recibió más de 127 millones de dólares preferenciales por Cadivi entre 2004 y 2011 y brindó asesoría en materia de implementación de criptoactivos al Instituto Nacional de Espacios Acuáticos en 2018.
Este último dato evidencia el vínculo entre los empresarios aragüeños y el superintendente nacional de criptoactivos, Joselit Ramírez, quien es ficha de El Aissami, a quien conoció en Mérida y con quien trabajó en la gobernación de Aragua. Ramírez es el encargado de regular el negocio de los criptoactivos en el país y de promover el uso del petro, la criptomoneda oficial del gobierno de Maduro.
Es así como la familia Henríquez se ha convertido en una pieza clave de la estafa cripto más grande en Latinoamérica, que involucra a altos funcionarios del gobierno y a empresarios cercanos al oficialismo. Su trayectoria delictiva ha dejado un rastro de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal que aún está por esclarecerse.
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