Tuesday, May 24, 2022


La vinculación del empresario David Somoza Mosquera, propietario de la empresa Purolomo, con un caso de lavado de dinero en Estados Unidos

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en…

By admin , in Venezuela , at May 9, 2022

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz son los propietarios de una empresa de venta de materiales de construcción en Miami, Florida. Por más de una década ambos recibieron dinero en cuentas bancarias de compañías venezolanas que luego transferían a otras cuentas de los empresarios y de funcionarios venezolanos.

Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, padre e hijo, fueron acusados por el gobierno de los Estados Unidos de operar un banco sin licencia y de lavado de dinero internacional. Un total de cuatro cargos pesaba sobre los hombres que alegaban ante el jurado desconocer que las transferencias que hacían desde sus cuentas bancarias a otras ubicadas en paraísos fiscales era una actividad ilegal, reveló abcnoticias.net.

La investigación federal -que sirvió de soporte a este caso- fue realizada por la Unida de Investigaciones del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, la agencia antidroga DEA, el Departamento de Policía de Englewood, Nueva Jersey y la Fuerza de Tarea para la Aplicación de la Seguridad en la Frontera de los EEUU.
El caso de los Díaz fue supervisado por La Oficina de la Unidad de Lavado de Dinero y Decomiso de Activos del gobierno federal y la acusación estuvo a cargo de los Fiscales Auxiliares de los Estados Unidos Edward B. Diskant, Daniel M. Tracer y Jennifer L. Gachiri.

A lo largo del juicio los fiscales federales mostraron al jurado una serie de evidencias que mostraban que Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz usaron su empresa Miami Equipment & Export para tarnsferir más de 100 millones de dólares a varias empresas venezolanas, que así vez triangulaban pagas de sobornos a funcionarios y ex funcionarios chavistas que poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entre los funcionarios se encuentran primeramente Nervis Villalobos Cárdenas, ex vice Ministro de Energía Eléctrica del gobierno de Hugo Chávez, Fidel Ramírez Carreño médico, hermano del embajador Rafael Ramírez Carreño, Enrique Rafael Cid Montes asesor del ex Ministro de Energía y Minas, Jesse Chacón; Mario Vega  Pérez (Ingeniero empleado de Cadafe); José Luis Léon; Teddy Peralta (Ingeniero Electricista de Cadafe); José V. Rangel Mendoza y Ali  Enrique Matute Tovar (CorpoElec y Cadafe).

Los dueños del Consorcio KCT Cumaná Internacional III usaron  la empresa de los dos acusados para lavar dineros provenientes de contratos habidos fraudulentamente y a través del pago de sobornos a funcionarios y ex funcionarios de empresas públicas venezolanas, tales como Pdvsa, Cadafe y Corpoelec.

Los nombres de los empresarios dueños de KCT fueron mencionados en varias de oportunidades, entre los que destacan: Enrique Padrella, Antonio Padrin, Blas Herrera, Antonio Herrera (hermano de Blas Herrera KCT), Ariano Martín (KCT), Elisbert Becerra Guzmán (Secretaria de Blas Herrera); José Miguel García (KCT), César Cardozo (Cielemca CA), José Garantón (Cielemca CA).

Otras personas que fueron mencionados en la acusación y en el juicio fueron: Rodolfo Somani (EMA), Ramiro Donato, Luis I. Franca Monsalve, Gustavo Hernández, Eduardo Marcano, Ricardo Díaz, Eduardo Navarro Pan, Luis Guevara, José Cañizalez y Remigio Otero.

El esquema de corrupción y lavado de dinero que funcionó por más de una década y que permitió lavar más de 100 millones de dólares, según los representantes del gobierno de los Estados Unidos fue acordado por los acusados y sus clientes en Venezuela para violar las leyes contra el lavado de dinero que rigen las instituciones de transmisión de dinero en el mercado estadounidense.

Los fiscales mencionaron varias empresas venezolanas que transferían dinero desde sus cuentas en Venezuela a las cuentas bancarias de Miami Equipment & Export y desde allí a otras cuentas de los mismos dueños, sus empleados o los funcionarios que sobornaban.

La empresa que más dinero lavó en este esquema fue Consorcio KCT Cumaná Internacional III, seguida Alimentación Balanceada, Cartera Manzanillo, Taller Importaciones, Materiales Manzanillo y PetroTubos entre otras.

Asimismo la fiscalía mostró evidencias de las empresas de maletín que recibían los pagos enviados por KCT. Entre las empresas que más millones de dólares recibieron están las siguientes:Kingsway LDA (Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas); Adimar International Limited (Blas Herrera, Antonio Padrin, Enrique Pradella, Mario Herrera);Levack Limited  LTD Islas Vírgenes (Mismos dueños de KCT y Adimar); Posner International INC  (Panamá) (Enrique Pradella y José Miguel García); Quinfra Investment LLC y Constructora Quinfra (Luis I. Franca Monsalve, Ingrid Susana Prato); Sumus INC; Gargel International Corp (Panamá);Eurogan SA ( Panamá); ACM Equipment LLC; IRC Spa (Bologna Italia)
Consultotal (Islas Vírgenes); PAMNET SA

Estas otras empresas participaron en el esquema de lavado de dinero a través de cupos de Cadivi. Ellos solicitaban dólares preferenciales, los enviaban a Miami Equipment & Export y luego la empresa de Miami los transfería a las cuentas de los dueños de las empresas en Venezuela. Las principales son las siguientes: Materiales Manzanillo CA (Oliver González Millán  Y José Antonio González); Alimentación Balanceada ALIBAT CA (David Somoza Mosquera); Catera Manzanillo CA (Oliver J. González y Carlos Alberto González); Petrotubos (Mikele Díaz) y Taller Importaciones.

El Consorcio KCT usó una empresa familiar que vendía equipos de construcción en Miami y la colocó como puerta de entrada a los Estados Unidos de los dineros provenientes de contratos fraudulentos del gobierno venezolano y de Cadivi. La empresa con sede en Doral, Florida —según mostraron en el juicio los fiscales— reportaba ganancias modestas a las autoridades.

Los defensores de Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, Miami Equipment & Export hicieron un esfuerzo ante el jurado de explicar que la empresa propiedad de los dos acusados es de tradición familiar con más de 3 décadas de fundada. Explicaron además que Luis Díaz Jr. conoció a Enrique Pradella  y Antonio Padrin (dueños de KCT) desde que este se inició en el negocio de venta de equipos de construcción. «Más que una relación comercial, ellos se hicieron muy buenos amigos», dijo el abogado George Vila ante el juez.

Una evaluación de las finanzas de Miami Equipment & Export hecha por el gobierno estadounidense reveló que desde el 1° de enero de 2010 hasta junio de 2016, la compañía de los acusados, reportó beneficios por el orden de 150 millones 400 mil 881,31 dólares, de los cuales -de acuerdo con la fiscalía neoyorquina- 106 millones 757 mil 106,42 dólares corresponden a dinero enviado desde Venezuela por KCT.

Durante la primera semana de juicio los jurados, 12 mujeres y 3 hombres, vieron la presentación incansable de cuentos de pruebas que evidenciaban dislates en las finanzas de la empresa,las cuales llamaron la atención de los investigadores de los órganos controladores del estado norteamericano.

Dos testigos llamados por el gobierno al estrado confirmaron las irregulararidades conseguidas en unas 46 cajas de documentos físicos, y cientos de GB de evidencias electrónicas que usó el gobierno estadounidense para tratar de demostrar -más allá de la duda razonable- que los dos acusados incurrieron en una serie de violaciones a leyes federales relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del manejo de un banco sin licencia.

Durante la jornada se enseñaron al jurado decenas de facturas, correos electrónicos y estados financieros que buscaban demostrar que existía un esquema -que funcionó por más de 6 años -que permitía que KCT (y otras empresas venezolanas) usaran a Miami Equipment & Export (ME&E) como banco. Es decir, «los clientes» de la empresa norteamericana, enviaban desde Venezuela millones de dólares y soportaban dichos envíos con facturas falsas de servicios profesionales y asesorías de ingeniería que nunca se habían hecho. Las facturas falsas eran realizadas en Caracas a nombre de ME&E, pero en las finanzas de la empresa estadounidense y en los papeles de impuesto del Servicio de Rentas Internas (IRS), así como en las guías de exportación, no aparecía reflejado que ME&E tuviese relación con los supuestos «consultores» a quienes depositaba millones de dólares en sus cuentas bancarias ubicadas -en su gran mayoría- en paraísos fiscales.

Dentro de las facturas que llamaron la atención estaban unas usadas para pagar supuestos servicios prestados a la empresa de los Díaz por Adinar Internacional Limited, cuyos dueños Blas Herrera, Enrique Pradella, Antonio Padrin, Mario Herrera, resultaron ser los mismos propietarios del Consorcio KCT. Es decir, KCT enviaba el dinero desde Venezuela a ME&E y esta empresa norteamericana se los depositaba en cuentas de bancos estadounidenses a los mismos sujetos, pero en nombre de una compañía diferente (Adinar). A lo largo de la evaluación hecha por los expertos de la Red de Aplicación de Delitos Financieros FinCEN, ME&E transfirió desde sus cuenta bancarias a las de Adinar, 37 millones 621 mil 50 dólares.

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