NUEVA YORK, 21 de octubre (Reuters) – Nicolás Maduro es una de las pocas personas que han sido acusadas en Estados Unidos de violar una ley federal que penaliza los actos de tortura cometidos en el extranjero, según un análisis de expedientes judiciales realizado por Reuters. Los fiscales buscan ampliar su causa penal contra el depuesto presidente venezolano.
Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 70, se declararon no culpables la semana pasada de los cargos incluidos en una acusación formal ampliada, que los señala por conspirar para torturar a opositores políticos con el objetivo de mantenerse en el poder. Estas acusaciones se suman a los cargos por narcotráfico que ya enfrentaban. Está previsto que el juicio comience en junio de 2027.
Maduro y Flores, capturados en enero durante una operación militar estadounidense en Caracas ordenada por el presidente Donald Trump, son apenas la séptima y octava personas identificadas por Reuters que han sido acusadas de violar una ley de 1994 que penaliza los actos de tortura. La legislación define la tortura como un acto destinado a infligir dolor o sufrimiento físico o mental grave a una persona bajo custodia.
Cuatro personas han sido condenadas en virtud de esta ley, entre ellas miembros de fuerzas paramilitares de Liberia y Gambia, el director de una prisión siria durante el gobierno del derrocado presidente Bashar al-Asad y un ciudadano estadounidense que desarrolló una fábrica ilegal de armas en Irak.
El caso contra Maduro constituye la primera ocasión en que Estados Unidos procesa a un jefe de Estado por presuntamente haber autorizado el uso de la tortura en su propio país, según Michel Paradis, socio del bufete de abogados Steptoe.
«Este es realmente un caso histórico», afirmó Paradis, quien anteriormente representó a detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo.
Los cargos por tortura representan un cambio sustancial en el enfoque del caso contra Maduro y Flores. Aunque ambos siguen acusados de abusar de su poder para ayudar a narcotraficantes y enriquecerse personalmente, las nuevas acusaciones significan que las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante los episodios de convulsión política que marcaron los 13 años de Maduro en el poder pasarán a ocupar un lugar central en el juicio.
«UNA ESCALADA SIGNIFICATIVA»
El cargo por tortura podría reforzar la posición de los fiscales al permitirles presentar un relato más completo sobre cómo Maduro habría recurrido a una amplia variedad de actividades delictivas para mantenerse en el poder, así como llamar a declarar a testigos que podrían despertar una mayor empatía entre los miembros del jurado, según expertos jurídicos.
«El cargo por tortura representa realmente una escalada significativa», afirmó Artie McConnell, exfiscal federal especializado en asuntos de seguridad nacional.
«Sitúa la tortura y la represión política en el centro de la teoría del caso presentada por el Gobierno», añadió McConnell, en referencia a la acusación.
Los abogados de Maduro no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Mark Donnelly y Andres Sanchez, abogados de Flores, afirmaron que su clienta es «completamente inocente» de todos los cargos.
También señalaron que modificarían una solicitud presentada anteriormente para desestimar la acusación basándose en la inmunidad soberana —la protección frente al procesamiento judicial de la que goza el jefe de un Estado soberano—, con el fin de incorporar los nuevos cargos.
Un portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, responsable de presentar las acusaciones, declinó hacer comentarios.
TESTIGOS COLABORADORES
La ley de 1994 fue aprobada por el Congreso para cumplir las obligaciones de Estados Unidos derivadas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, firmada durante el mandato del presidente Ronald Reagan.
Según esta legislación, cada cargo de tortura puede castigarse con una pena de hasta 20 años de prisión, o con cadena perpetua o la pena de muerte si la víctima fallece como consecuencia de las torturas.
Las personas condenadas por múltiples actos de tortura pueden recibir penas más largas. Hasta ahora, quienes han sido condenados en virtud de esta ley han recibido penas de prisión de entre 60 y 97 años.
Maduro y Flores no pueden ser condenados a muerte porque están acusados de conspiración para cometer torturas, no de haberlas ejecutado personalmente.
Los fiscales estadounidenses solo pueden presentar cargos por tortura contra acusados que sean ciudadanos estadounidenses o que se encuentren físicamente en Estados Unidos.
Los cargos contra Maduro y Flores se presentaron después de que ambos fueran trasladados a Nueva York tras la operación militar en Caracas.
Muchos de los demás acusados en casos de tortura procesados en Estados Unidos se habían trasladado al país o habían intentado entrar en él después de los presuntos hechos.
McConnell, socio del bufete BakerHostetler, señaló que la nueva acusación formal era más detallada que la anterior, especialmente por las descripciones de las presuntas víctimas de tortura y de los incidentes denunciados.
En uno de los episodios de 2018 descritos en la acusación, los fiscales sostienen que oficiales militares venezolanos golpearon a un detenido con un machete y lo rociaron con una sustancia química irritante mientras lo interrogaban sobre el paradero de un opositor político de Maduro.
Los miembros del jurado podrían considerar especialmente impactantes los testimonios de las presuntas víctimas de tortura, afirmó Shane Stansbury, exfiscal federal de Manhattan.
Tres de las presuntas víctimas de tortura mencionadas en la acusación son ciudadanos estadounidenses, y sus testimonios podrían tener una repercusión particularmente fuerte entre los miembros del jurado, señaló McConnell.
Un juicio centrado exclusivamente en los cargos de narcotráfico probablemente habría dependido en gran medida de los testimonios de testigos colaboradores, algunos de los cuales podrían haber participado personalmente en los presuntos delitos.
Los abogados defensores suelen someter a estos testigos a interrogatorios rigurosos sobre sus propios antecedentes penales durante el contrainterrogatorio, con el objetivo de poner en duda su credibilidad.
No obstante, los expertos consideran que los testigos colaboradores seguirán siendo fundamentales para ayudar a los fiscales a vincular a Maduro y Flores con las presuntas torturas.
Kevin Sullivan, fiscal de la Fiscalía Federal de Manhattan, afirmó durante una audiencia judicial celebrada el 8 de octubre que varios testigos colaboradores declararían sobre la presunta participación de Maduro y Flores en la conspiración para cometer torturas.
ABSOLUCIÓN EN TENNESSEE
No todos los casos de tortura presentados por Estados Unidos han terminado en condena.
Uno de los acusados, Sulejman Mujagic, residente del norte del estado de Nueva York, fue procesado en Estados Unidos en 2012 por presuntamente torturar a un soldado tras la desintegración de la antigua Yugoslavia. Sin embargo, en 2013 fue extraditado a Bosnia para ser juzgado allí.
Otro acusado, Sead Miljkovic, procesado por presuntas torturas cometidas en Bosnia, fue declarado no culpable de los cargos de tortura por un jurado de Chattanooga, Tennessee, en 2025. Posteriormente, se declaró culpable de fraude relacionado con su pasaporte.
Desde entonces ha abandonado Estados Unidos, según su abogado, Bryan Hoss.
Hoss afirmó que los relatos ofrecidos por las presuntas víctimas que declararon durante el juicio habían cambiado con el paso del tiempo, lo que debilitaba su credibilidad. También sostuvo que los abusos presuntamente cometidos por su cliente no alcanzaban el nivel de gravedad necesario para ser considerados tortura.
Asimismo, señaló que los miembros del jurado podrían haberse preguntado por qué el Gobierno estadounidense estaba llevando adelante aquel proceso judicial.
Es posible que los miembros del jurado en el juicio contra Maduro no tengan las mismas dudas.
«El hecho de que estos cargos se presenten contra el antiguo jefe de Estado de un país permite que la gente comprenda un poco mejor el caso», afirmó Hoss.
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