Caracas — Estefano Tamburrini
Treinta y una toneladas de oro, congeladas en la cámara acorazada del Banco de Inglaterra, podrían regresar a Caracas. La solicitud fue presentada por la presidenta venezolana Delcy Rodríguez en una carta dirigida al rey Carlos III. Ese oro tiene un valor de 1.900 millones de dólares, que servirían —escribe Rodríguez— para «responder a las consecuencias del terremoto» del 24 de junio.
«Lo bloquearon porque no sabían quién gobernaba en Venezuela —recuerda la presidenta—. Pues bien, gobernamos nosotros». Los 400.000 lingotes de oro fueron bloqueados en 2019 por el Tribunal Supremo del Reino Unido. Eran los días de Juan Guaidó: el entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana se había autoproclamado jefe de Estado. Las oposiciones sostenían que Maduro ya no era presidente, puesto que había sido reelegido en 2018 en unas elecciones que no fueron libres ni transparentes.
El presidente autoproclamado fue reconocido inmediatamente por Washington, Londres y sus aliados. Sin embargo, estos cometieron un error de apreciación, porque Guaidó improvisaba y el poder real estaba en manos de Maduro. En medio de la confusión, el oro, reclamado por ambas partes, permaneció en Londres.
La situación podría haberse desbloqueado después de la primera ronda de conversaciones, concluida el 12 de agosto, entre la oposición y el Gobierno: las 31 toneladas podrían regresar al país, aunque bajo supervisión estadounidense.
Sin embargo, no está únicamente el asunto del oro incautado. Caracas tiene bloqueados al menos 22.000 millones de dólares, entre ellos 5 millones en el Fondo Monetario Internacional y 2.500 millones en el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, además de otros recursos bloqueados en Alemania, Portugal y Suiza.
Otro activo importante, bloqueado también desde 2019, es la refinería Citgo: su valor estimado es de 15.900 millones. La empresa, gestionada por Pdv Holding, había terminado en una subasta debido a deudas por 20.000 millones acumuladas por Caracas con sus acreedores, pero la venta a precio reducido fue detenida por la Administración Trump.
Según el Departamento de Justicia, la «liquidación caótica y no coordinada» de Citgo corría el riesgo de «desestabilizar el mercado energético interno y perjudicar gravemente los objetivos estratégicos y de política exterior» de la Casa Blanca.
Otra limitación importante son las más de mil sanciones impuestas a Venezuela, de las cuales 916 proceden de Estados Unidos. «Somos el tercer país más sancionado del mundo», señala el Observatorio Venezolano contra el Bloqueo.
Después del terremoto, Washington anunció una flexibilización de las medidas sobre Caracas, que, sin embargo, siguen vigentes. El asunto fue abordado por 18 parlamentarios estadounidenses, entre ellos Alexandria Ocasio-Cortez y Jesús “Chuy” García, y fue respaldado por varias ONG.
«Las restricciones económicas están obstaculizando gravemente las urgentes labores de socorro —escriben los parlamentarios estadounidenses— y seguirán condicionando la recuperación y la reconstrucción de Venezuela si continúan vigentes».
Por último, pesa la deuda pública del país, que alcanza los 340.000 millones de dólares, es decir, el 200 % del PIB. Su magnitud es tal que, poco después del terremoto, Caracas intentó tranquilizar a los acreedores hablando de una reestructuración de la deuda «ordenada, transparente y creíble».
Por otra parte, nadie habla de una condonación de la deuda, como sugería el papa Francisco en la bula de convocatoria del Jubileo de 2025, en la que pedía «condonar las deudas de países que nunca podrían pagarlas».
Está en juego la supervivencia de una nación empobrecida y explotada por los imperios de ayer y las potencias de hoy.
Estefano Tamburrini
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