El periodista César Batiz, director de El Pitazo, reconstruyó en una nueva entrega de Mapas de Poder el entramado de relaciones profesionales, políticas y legales que durante al menos 15 años ha rodeado a Alejandro Betancourt, uno de los empresarios vinculados a Derwick Associates, compañía que recibió contratos durante la emergencia eléctrica venezolana y que posteriormente quedó bajo el escrutinio de investigaciones periodísticas y judiciales dentro y fuera de Venezuela.
Batiz situó el origen de la historia en los contratos adjudicados durante la crisis eléctrica. Según explicó, Derwick Associates, pese a no contar entonces con experiencia conocida en la construcción de plantas eléctricas, quedó vinculada en aproximadamente 14 meses a una docena de proyectos por más de US$2.100 millones. En 2011, una investigación publicada por Batiz en Últimas Noticias bajo el título La trampa eléctrica examinó contratos, proveedores y precios de equipos adquiridos por empresas del Estado venezolano y detectó diferencias que abrieron una investigación periodística de mayor alcance.
El programa también recordó un episodio relacionado con el libro Estado delincuente, publicado en 2013 por Carlos Tablante y Marcos Tarre. De acuerdo con el testimonio de Tablante citado por Batiz, personas vinculadas a Derwick habrían ordenado comprar ejemplares disponibles de la primera edición en distintas librerías. Los libros, según ese relato, fueron trasladados posteriormente hasta una finca en Carabobo y quemados. La publicación, sin embargo, tuvo nuevas ediciones y posteriormente Tablante y Tarre publicaron El gran saqueo, donde profundizaron sus denuncias sobre corrupción y manejo de recursos públicos.
Batiz sostuvo que, con el aumento de las investigaciones, también se amplió la estructura utilizada para enfrentar los cuestionamientos. El periodista mencionó firmas de abogados, especialistas en manejo reputacional, relaciones públicas, intermediarios y operadores con presencia en varios países. Entre los episodios examinados figura el intento de publicación de una investigación de The Wall Street Journal sobre Derwick, que, según un testimonio de Human Rights Foundation citado en el programa, terminó sin ser publicada después de meses de trabajo y de gestiones legales y comunicacionales alrededor del caso.
La atención sobre Betancourt adquirió otra dimensión cuando fiscales estadounidenses comenzaron a investigar operaciones relacionadas con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Batiz recordó el caso conocido como Money Flight, presentado en 2018 en Miami, en el que fue acusado Francisco Convit Guruceaga, socio de Betancourt en Derwick. Aunque investigadores estadounidenses pusieron su atención sobre Betancourt, este no terminó acusado en aquel expediente. Batiz aseguró que en febrero de 2020 un funcionario de Homeland Security le manifestó que se esperaba una eventual acusación, pero esta nunca se produjo. “No lo sabemos y no vamos a llenar ese vacío con especulaciones”, remarcó el periodista al abordar las razones.
Entre los nombres que aparecen en la reconstrucción presentada por Batiz figuran Rudy Giuliani, quien se incorporó a la defensa de Betancourt; Adam Kaufmann, abogado de Nueva York mencionado en relación con las gestiones legales alrededor de la investigación de The Wall Street Journal sobre Derwick; y José Aliste, citado en el capítulo español de la investigación y relacionado con una factura de 500.000 euros por servicios vinculados al manejo de medios de comunicación. Batiz también mencionó a Daniel Medina Sarmiento, actualmente Daniel Hernández, abogado y exfiscal venezolano a quien, según fuentes citadas por el periodista, se le habrían pagado más de US$10 millones por participar en la defensa de los llamados “bolichicos”. En la trama aparece además Martín Rodil, señalado por una fuente de la investigación como una de las personas que habría servido de puente entre Betancourt y autoridades estadounidenses para realizar gestiones relacionadas con su situación.
El periodista sostuvo que la estructura reconstruida durante estos años incluye más de 23 profesionales vinculados al área jurídica y al menos 11 despachos de abogados, además de asesores, lobistas y especialistas en reputación. Según fuentes de la investigación de El Pitazo, los gastos documentados o estimados alrededor de esta estrategia superarían los US$30 millones, aunque Batiz advirtió que esa cifra puede ser conservadora. Entre los desembolsos mencionó una factura por 500.000 euros en España por servicios relacionados con asesoramiento en medios de comunicación y aseguró que todavía no ha sido posible determinar el costo total de la estructura.
El trabajo de Mapas de Poder también señala que los expedientes y actuaciones judiciales relacionadas con Betancourt se extendieron a países como Estados Unidos, España, Suiza, Reino Unido y Venezuela. Batiz destacó que el empresario enfrentó investigaciones y, en uno de los episodios examinados, una solicitud suiza de extradición desde Reino Unido que finalmente fue retirada. El periodista aclaró expresamente que contratar abogados especializados o ejercer una defensa judicial no constituye por sí mismo una irregularidad, pero planteó que la dimensión internacional y la continuidad del aparato profesional que acompañó al empresario constituyen elementos relevantes para entender su trayectoria.
El punto de mayor actualidad de la investigación está ahora en el negocio petrolero venezolano. Betancourt es señalado como accionista controlador de North American Blue Energy Partners (NABEP), cuya producción ha alcanzado alrededor de 160.000 barriles diarios, de acuerdo con cifras de PDVSA y estimaciones de la industria citadas originalmente por Bloomberg. La empresa se ha convertido así en uno de los operadores privados de mayor peso dentro de la producción venezolana.
La posición de Betancourt cobró todavía mayor relevancia después de que el empresario estadounidense Harry Sargeant III aceptara salir de su participación en NABEP. Sargeant firmó el 7 de agosto de 2026 un acuerdo por US$300 millones para vender Bluewave Properties Ltd., sociedad a través de la cual mantenía una participación minoritaria en NABEP, luego de recibir fuertes presiones de la administración estadounidense para abandonar la inversión. Bloomberg informó que el comprador no fue identificado, pero fuentes familiarizadas con la operación lo describieron como una parte cercana a Alejandro Betancourt.
Batiz subrayó precisamente esa distinción: hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que Betancourt adquirió directamente la participación de Sargeant. Lo documentado es que el comprador sería alguien cercano al empresario venezolano. Para el periodista, el episodio muestra el cambio que ha experimentado la posición de Betancourt: de enfrentar durante años investigaciones y cuestionamientos internacionales a ocupar actualmente un lugar estratégico en el negocio petrolero venezolano.
“Hace 15 años la pregunta era cómo consiguieron tanto. Después la pregunta cambió: cómo lograron defenderse. Hoy la pregunta vuelve a cambiar: ¿hasta dónde puede llegar Alejandro Betancourt?”, planteó Batiz al cierre de la investigación.
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