Estuvieron presentes Claudio Descalzi, consejero delegado de Eni, y Fabio Castiglioni, responsable de la entidad para la región América y Eurasia. El objetivo es “relanzar la producción de crudo pesado” en el yacimiento Junín-V, que contiene 35.000 millones de barriles de petróleo, donde Eni podrá reactivar las operaciones extractivas. La gestión del yacimiento, situado al este de Venezuela, en la Faja del Orinoco, está dividida entre Eni —40%— y Pdvsa —60%—. Eni opera también en el campo de gas offshore Perla, uno de los más grandes de la región, y en el Golfo de Paria a través de la empresa mixta Petrosucre.
Al intervenir sobre el acuerdo, Descalzi habló de “grandes proyecciones” entre Eni y Caracas, de “reuniones muy positivas” con el gobierno de Rodríguez y anunció “planes muy ambiciosos para el futuro”. El acuerdo estuvo precedido por otro entendimiento para el “desarrollo de las actividades primarias en el área Junín-V”, firmado unas horas antes por Guido Brusco, director de Eni de operaciones y recursos naturales en Venezuela, y por la ministra de Hidrocarburos Paula Henao.
La reactivación de las operaciones se verá facilitada por el levantamiento de algunas sanciones estadounidenses. Todo ello está motivado también por la reciente reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la Casa Blanca, que blanquea décadas de lucha revolucionaria y de políticas nacionalistas. “El Estado ha perdido y las multinacionales han ganado”, dice el intelectual chavista Luis Britto García, subrayando que la reforma Rodríguez “debilita al sector público frente al capital transnacional” y “abre las puertas a la privatización del petróleo venezolano”. Queda archivada, por tanto, la era Chávez, al menos en materia económica, así como las tensiones entre Roma y Caracas.
“Eni nunca ha dejado Venezuela”, recalca Rodríguez, quien agradece “a la presidenta Meloni y al pueblo italiano por el paso que estamos dando juntos”. Sin embargo, crecen los temores por el destino del ecosistema de la Faja del Orinoco, que —según el observatorio SOS Orinoco— sufre una “profunda transformación” a causa de la actividad extractiva “minera” y “petrolera”, que en las últimas dos décadas ha provocado la pérdida de 2,6 millones de hectáreas de bosque.
El profesor Emiliano Teran Mantovani, PhD en el Icta-Uab, explica a Ilfattoquotidiano.it que el país no cuenta con “protecciones ambientales adecuadas” y que la repentina apertura a las Big Oil, “sin contrapesos”, impulsada por la reforma de hidrocarburos, “no da tregua al ambiente”. La Faja, que se extiende por 50.000 kilómetros cuadrados, posee una de las mayores reservas de crudo, con al menos 380.000 millones de barriles estimados. También pesan las características del crudo pesado, considerado “sucio”, “viscoso” y “difícil de procesar”. “No fluye y requiere inyecciones de vapor”, consumiendo “grandes cantidades de energía”, explica a CNN Lorne Stockman, codirector de Oil Change International. Tanto es así que, según la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones de gas metano provocadas por las operaciones extractivas son seis veces superiores a la media mundial.
Desde 2016, la región registra al menos 300 derrames de petróleo, cada vez más frecuentes a causa del escaso mantenimiento de las infraestructuras. Uno de los más graves se produjo precisamente en el bloque Junín y se extendió por más de 24 kilómetros, alcanzando el curso de agua del Río Claro, que desemboca directamente en el río Orinoco. Tras numerosas comprobaciones, a Ilfattoquotidiano.it no le constan intervenciones de Caracas destinadas a reparar los daños ambientales. “Antes hacían falta correcciones y mejoras de infraestructura. Ahora la cuestión es prácticamente autogestionada por las compañías extranjeras”, explica una fuente de Pdvsa a Ilfattoquotidiano.it.
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