Una Corte de Delaware autorizó el embargo de CITGO, la filial estadounidense de PDVSA, por parte de cuatro acreedores de Venezuela que reclaman el pago de $2,5 millardos en deudas. La decisión se basa en que el gobierno interino de Juan Guaidó ejerció un control directo e inapropiado sobre la empresa, lo que la convierte en un alter ego de la nación.
Según la legislación estadounidense, los acreedores de un país no pueden embargar los bienes de una empresa pública extranjera a menos que demuestren que el país ha usado a esa empresa para sus propios fines. Esto es lo que lograron probar los demandantes ante el Juez Leonard Stark, quien halló que el gobierno interino de Guaidó utilizó fondos de filiales de PDVSA para sus propios fines, ordenó a PDVSA hacer y suspender pagos de deuda y anunció que la deuda de PDVSA y la República tendrían el mismo trato.
Estas acciones evidenciaron que el gobierno interino ejerció un control extensivo sobre PDVSA y que la naturaleza de la relación entre la República y PDVSA no cambió materialmente a pesar del reconocimiento por EEUU del gobierno de Guaidó en 2019.
La decisión judicial representa un duro golpe para los intereses venezolanos, ya que CITGO es una empresa que comprende un grupo de refinadoras de petróleo y comercializadora de gasolina, lubricantes y petroquímicos ubicada en los Estados Unidos. Su valor se estima en unos $8 millardos y es considerada como uno de los activos más importantes de Venezuela.
Economistas, como el venezolano Francisco Rodríguez, habían advertido en repetidas ocasiones sobre los riesgos causados por el manejo que el interinato hizo de PDVSA. Sin embargo, estas advertencias fueron ignoradas por aquellos a quienes correspondía llevar la representación legal de Venezuela.
Según algunos analistas, el interinato violó principios esenciales del gobierno corporativo al intervenir directamente en los asuntos de PDVSA y CITGO, lo que facilitó el argumento de los acreedores para demostrar el alter ego.
Además, se ha criticado el elevado gasto en abogados que realizó el interinato sin lograr resultados efectivos para proteger a CITGO. Algunos han señalado que estas fallas legales siembran serias dudas sobre la integridad de quienes estuvieron a cargo de la conducción de estos asuntos.
La orden de embargo dictada por el Juez Stark se hará efectiva una vez que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU emita las autorizaciones correspondientes. Esta oficina administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en las políticas exteriores y de seguridad nacional de EEUU.
Con esta decisión judicial, el total de acreencias que permiten embargar a CITGO suma a $7,6 millardos, lo que supera el valor estimado de la empresa. Ante este escenario, la Asamblea Nacional venezolana de 2015, que continúa ejerciendo el control de los activos de la República en el exterior, debe proceder de inmediato a la negociación con estos acreedores para evitar la pérdida definitiva de CITGO.
Asimismo, la Asamblea Nacional de 2015 debe emprender un cambio radical en su manejo de PDVSA, aprobando un nuevo reglamento que afirme la independencia de la empresa y establezca restricciones que impidan su manejo directo por el Ejecutivo o Legislativo. De esta manera, se podrá proteger a la empresa de demandas futuras de acreedores, quienes tendrían que probar el alter ego en el momento de emisión de la orden de embargo.
La decisión judicial ha generado una fuerte reacción por parte de diversos sectores políticos y sociales que cuestionan la responsabilidad del gobierno interino de Guaidó en el manejo de los activos de la República. Según algunos analistas, la Asamblea Nacional electa en 2015 debe proceder a la destitución de la Junta Directiva Ad Hoc de PDVSA y a la investigación de las decisiones tomadas por quienes tuvieron a su cargo la estrategia legal que llevó a entregarle a estos acreedores la capacidad de embargar a CITGO.
Los gobiernos de Maduro y Chávez pusieron en riesgo a CITGO a través de su manejo irresponsable de la empresa. La Corte de Delaware comprobó que el interinato de Guaidó hizo lo mismo, reproduciendo las malas conductas adoptadas durante los gobiernos chavistas.
Venezuela tiene derecho a que sus asuntos públicos sean manejados con responsabilidad e integridad. Lamentablemente, esta decisión confirma que ninguno de los bandos que hoy se enfrentan en su lucha por el poder ha cumplido con su responsabilidad ante la nación.
Ante este escenario, la Asamblea Nacional electa en 2015 debe tomar medidas urgentes para proteger los intereses del país y exigir responsabilidades a quienes manejaron los asuntos legales de la empresa.
Asimismo, la Asamblea Nacional electa en 2015 debe emprender un cambio radical en su manejo de PDVSA, aprobando un nuevo reglamento que afirme la independencia de la empresa y establezca restricciones que impidan su manejo directo por el Ejecutivo o Legislativo. De esta manera, se podrá proteger a la empresa de demandas futuras de acreedores, quienes tendrían que probar el alter ego en el momento de emisión de la orden de embargo.
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