La angustia y el terror se han apoderado del corazón de una familia venezolana, cuyos miembros temen por la vida de su ser querido, una joven que cayó en las redes de trata de personas y que fue esclavizada en España. La organización no gubernamental Fundapden; Derechos Humanos internacional, ha denunciado públicamente esta tragedia silenciada, exponiendo la cruel realidad que enfrentan muchas mujeres venezolanas en el extranjero.
Con la esperanza de encontrar una solución, los familiares de la víctima se han dirigido al defensor de Derechos Humanos José Urbano, buscando su intervención.
La joven venezolana viajó a España con la promesa de un trabajo digno en el servicio doméstico. Sin embargo, al llegar a su destino, la ilusión se tornó en pesadilla. Sus documentos fueron confiscados y se vio obligada a vivir en condiciones de esclavitud, siendo forzada a ejercer la prostitución.
Aunque logró escapar de este infierno, las amenazas de sus captores no han cesado, extendiéndose incluso a su familia en Venezuela. Los delincuentes, operando desde España, han enviado mensajes intimidatorios, exigiendo el pago de una elevada suma de dinero bajo la amenaza de atentar contra la vida de la joven y la de su hermana.
La incertidumbre y el miedo mantienen a la familia en un estado de constante zozobra, sin saber qué le depara el futuro a su ser querido.
Esta desgarradora situación ha puesto en evidencia la existencia de una red de trata de personas que opera entre Venezuela y España, engañando a mujeres vulnerables con falsas promesas de trabajo y luego explotándolas sin piedad.
La ONG Fundapden ha dado a conocer el caso, levantando la voz en nombre de las víctimas y sus familias, y exigiendo justicia para que los responsables sean llevados ante la justicia.
La oscura red de trata: Amenazas y figuras siniestras tras la esclavitud de venezolanas en España
Tras el desgarrador clamor de la familia venezolana por la liberación de su hija, víctima de trata de personas en España, emergen detalles escalofriantes sobre la red criminal que opera detrás de esta tragedia.
Figuras siniestras, como Rosángela Gutiérrez Torcat, alias «La Puppy», y su actual pareja, Licilio J Rivas, alias «Don Pito», un exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, oriundo del estado Zulia, han sido señalados como los presuntos responsables de orquestar esta maquinaria de explotación y extorsión.
Según la denuncia, ambos individuos operan desde territorio español, pero mantienen vínculos con Venezuela, donde disponen de una villa en la ciudad de Lechería. Este lugar serviría como punto de captación de víctimas, provenientes de ciudades vecinas como Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta.
La gravedad de la situación se evidencia en las amenazas directas que la familia de la víctima ha recibido a través de mensajes de WhatsApp. En una conversación, Rosángela Gutiérrez Torcat exige el pago de una supuesta deuda, utilizando un lenguaje intimidatorio y vulgar. «Dile a tu hermana que ella no sabe con quienes se metió. Ustedes van a pagar las consecuencias, ella sabía que venía para esta mierda. Nos debe la multa del viaje por traerla el saque del pasaporte, la estadía y el dinero que pidió para darle a la mamá para cuidar a los hijos», se lee en uno de los mensajes.
Las exigencias económicas se mezclan con amenazas veladas, dejando entrever el peligro que corre la joven si no se cumple con el pago. «Ella tiene que aparecer por qué si no ustedes van a pagar con su vida esta mierda. Nosotros no andamos jugando», sentencia Gutiérrez Torcat, con el propósito de generar terror en la familia.
La complejidad de esta red criminal incluye la participación de Richard Rattia, un individuo vinculado a la banda «Los 4 Fantásticos de la Muerte», que opera desde la sede de la División de Investigación Penal (DIP) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), ubicada en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.
Rattia, al que Rosángela Gutiérrez Torcat identifica como su «ex», presuntamente protegido por el comisario Sandy Bracho, alias «Masacre», se encargaría de silenciar a las familias de las víctimas y mantener el control sobre las operaciones ilícitas en Venezuela.
Llamado desesperado: Familiares imploran ayuda internacional ante amenazas y exigencias económicas por trata de personas
En medio de la desesperación, los familiares de la víctima han alzado su voz, implorando ayuda a la comunidad internacional y a los defensores de derechos humanos para que intervengan en esta situación crítica.
Las amenazas de los captores son cada vez más intensas y aterradoras, y la familia vive con el temor constante de que se cumplan las represalias anunciadas.
La exigencia de un pago de 15 mil euros se ha convertido en una condena que pende sobre ellos, una suma que les resulta imposible reunir y que los mantiene en un estado de zozobra permanente.
Ante la gravedad de la situación, la familia ha decidido hacer públicas las amenazas recibidas, como prueba irrefutable de la pesadilla que están viviendo. Capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp revelan el lenguaje intimidatorio y las exigencias económicas de los captores.
En respuesta a una acusación de amenaza, Rosángela Gutiérrez Torcat contesta sin rodeos: «Yo si los estoy amenazando. Tu hermana que aparezca porque vamos por ustedes nosotros no andamos mamando gallo. Allá está mi ex Ratia. No te preocupes, que te mandaré un recado con él, tranquila pendeja sucia».
La vulgaridad y la crudeza de las palabras reflejan la falta de escrúpulos de los delincuentes, quienes no dudan en utilizar un tono agresivo para infundir miedo. En otro mensaje, Gutiérrez Torcat insiste en la culpabilidad de la víctima, argumentando que «ella sabía a qué venía, ella aceptó porque quiso. A no poes, a pagar las consecuencias de la estupidez de tu hermana».
La culpabilización de la víctima forma parte usualmente de la estrategia de manipulación de los tratantes, buscando justificar sus acciones y desviar la atención de los delitos cometidos.
Ante esta situación insostenible, la familia ha decidido romper el silencio y denunciar públicamente lo que está sucediendo, con la esperanza de que su clamor sea escuchado y se tomen medidas urgentes.
La denuncia sugiere que existen más víctimas afectadas por la red de trata y que el caso de la joven que logró escapar pudiera ser solo la punta del iceberg de un caso mucho más amplio.
La ONG Fundapden ha instado a la Policía Nacional y Guardia Civil española, así como a las autoridades policiales y el Ministerio Público venezolano, a investigar el caso y llevar a los responsables ante la ley.
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