Julio Herrera Velutini, un destacado empresario venezolano, buscaba obtener un indulto. Lo consiguió poco después de que su hija le ofreciera a la señora Habba, una abogada cercana al presidente Trump, un trabajo extraordinariamente lucrativo.
Julio Herrera Velutini deseaba fervientemente obtener un indulto.
Banquero multimillonario perteneciente a una destacada familia venezolana, Herrera se enfrentaba a cargos federales por soborno en Estados Unidos y, en agosto de 2025, había alcanzado un acuerdo judicial extraordinariamente favorable por el que se declaró culpable de un delito menor relacionado con la financiación de campañas electorales. Sin embargo, consideraba que incluso ese cargo reducido suponía una mancha en su historial.
Por ello, Herrera recurrió a su abogado, Christopher M. Kise, exprocurador general del estado de Florida y antiguo integrante del equipo jurídico personal de Trump, para que lo ayudara a solicitar clemencia. Su hija de 27 años, Isabela Herrera, ciudadana estadounidense, donó 3,5 millones de dólares a un supercomité de acción política (super PAC) vinculado a Trump. Pero, hasta el otoño pasado, el indulto seguía sin llegar.
Entonces, la familia Herrera contrató a Alina Habba, quien había sido una de las abogadas personales de Trump y que en aquel momento ejercía como asesora del Departamento de Justicia. Le ofrecieron 10 millones de dólares anuales durante cuatro años, además de una serie de bonificaciones. En total, incluidos los incentivos, tenía garantizados más de 50 millones de dólares a lo largo de cuatro años, según entrevistas y documentos obtenidos por The New York Times.
Según el acuerdo, Habba asumiría el cargo de directora jurídica de Concord Partners, una empresa que Isabela Herrera había constituido en Florida a finales de octubre de 2025. La compañía carece de presencia pública y su actividad empresarial sigue siendo un misterio, incluso para algunas personas vinculadas al imperio empresarial de los Herrera.
Habba cerró su acuerdo pocos días después de que se registrara la empresa, cuando todavía ejercía como fiscal federal en Nueva Jersey.
Comenzó oficialmente a trabajar para Concord Partners el 1 de enero. Semanas después, Trump concedió a Herrera un indulto completo e incondicional.
Para entonces, Habba era asesora principal de la fiscal general Pam Bondi, encargada de supervisar a los fiscales federales. Disponía de un despacho en el Departamento de Justicia y de un equipo de protección del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, una medida que se había mantenido desde su etapa como fiscal federal en Nueva Jersey.
La sucesión de acontecimientos plantea interrogantes sobre cómo consiguió Herrera el indulto y quién pudo haberlo ayudado. Personas conocedoras del contrato de Habba afirmaron que creían que había sido contratada para colaborar en las gestiones de Herrera para obtener el indulto y expresaron su sorpresa ante la magnitud de la remuneración.
Habba negó haber desempeñado papel alguno en el indulto.
«Cualquier insinuación de que mi empleo —que ha sido íntegramente examinado y comunicado al Departamento de Justicia— tuvo algo que ver con la obtención de un indulto es falsa», afirmó en un comunicado.
En aquel momento, Habba tenía la condición de empleada especial del Gobierno, una figura que permite trabajar para la Administración federal durante un máximo de 130 días y mantener, al mismo tiempo, empleos externos, aunque con restricciones destinadas a evitar conflictos de intereses.
Habba se negó a hablar sobre su trabajo para Concord.
Isabela Herrera y Julio Herrera tampoco respondieron a las numerosas solicitudes de comentarios. Sus empresas tampoco lo hicieron. En un comunicado, el Departamento de Justicia afirmó que Habba no había hablado con nadie sobre ningún indulto.
Un funcionario de la Casa Blanca aseguró que Habba no había tenido absolutamente nada que ver con el indulto y que la Administración sigue un procedimiento de revisión de indultos en el que participan la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.
Durante el segundo mandato de Trump, ha surgido toda una industria en torno a los indultos, en la que personas adineradas condenadas por delitos pagan a abogados, intermediarios y grupos de presión con buenos contactos para que recurran a la Administración y a sus aliados con el objetivo de conseguir indultos.
Muchos solicitantes de indultos han llegado a la conclusión de que apoyar a Trump y su agenda política es la vía más rápida para obtener clemencia.
Algunas personas que buscan indultos han declarado haber pagado cientos de miles de dólares, e incluso un millón de dólares, para contratar a personas que prometían acceso al presidente o influencia sobre el proceso de concesión de indultos.
Para Habba, el trabajo ofrecido por la familia Herrera llegó en un momento decisivo de su vida y de su carrera.
En diciembre de 2025 dimitió de su cargo como fiscal federal en Nueva Jersey después de que un tribunal compuesto por varios jueces federales determinara que su nombramiento por parte de Trump se había realizado de manera ilegal. Su segundo matrimonio también estaba desmoronándose.
El acuerdo con los Herrera le proporcionó un nuevo nivel de seguridad económica. También encontró un nuevo amor. Poco después de que se concediera el indulto, Habba comenzó una relación con Turhan Mildon, un inversor turco.
Se casaron el mes pasado en una lujosa ceremonia celebrada en Nueva York. Entre los invitados figuraban el fiscal general Todd Blanche, el director del FBI, Kash Patel, y Will Scharf, asesor jurídico de la Casa Blanca.
La pareja se encuentra ahora inmersa en una disputa pública de gran repercusión con Richard Grenell, un antiguo aliado de Trump.
Habba ha acusado a Grenell de haber destinado indebidamente una donación de su marido al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, institución que Grenell dirigía en aquel momento. Grenell ha negado las acusaciones y las ha calificado de absurdas.
Habba trasladó esas acusaciones directamente a Trump, quien ordenó a Scharf que las investigara. The New York Times ya había informado de que la investigación se centra en una transferencia bancaria desde la República Democrática del Congo a una empresa de defensa de Texas.
Herrera, que también posee la nacionalidad italiana, pertenece a la familia Herrera, una dinastía dedicada a la banca, el sector inmobiliario y la moda cuyos orígenes se remontan al siglo XIV.
La familia posee propiedades, grandes mansiones y castillos en Caracas (Venezuela), las islas Canarias, España y Alemania.
Herrera fundó en 2008 un banco con sede en Puerto Rico.
En agosto de 2022 fue acusado por su participación en una trama para sobornar a la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, con el objetivo de que destituyera a un regulador que estaba investigando el banco.
Herrera, Vázquez y un exagente del FBI que había trabajado como consultor para Herrera se declararon inocentes de los cargos por delitos graves.
Kise, el abogado de Herrera, ayudó a negociar un acuerdo con el Departamento de Justicia en virtud del cual Herrera se declaró culpable, en agosto de 2025, de un único delito menor relacionado con la financiación de campañas electorales.
Vázquez y el exagente del FBI también se declararon culpables de delitos menores, lo que decepcionó a los fiscales de carrera que habían solicitado penas más severas.
Los tres fueron indultados por Trump al mismo tiempo, poco antes de las fechas previstas para que se dictaran sus sentencias por esos delitos menores.
En julio, Banvelca, la oficina patrimonial de la familia Herrera desde 1781, anunció que Isabela Herrera, integrante de la octava generación de la familia e hija de Julio Herrera Velutini, asumiría la dirección de la compañía.
Ni el comunicado de prensa ni su biografía en la página web de la empresa mencionan a Concord Partners, la sociedad que emplea a Habba, quien ahora utiliza el apellido de casada, señora Mildon.
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