Por Estefano Tamburrini
El hermano de Fidel Castro, de 95 años, está acusado de «conspiración para cometer asesinato en primer grado» por el derribo de una aeronave en la que viajaban cuatro ciudadanos estadounidenses en 1996. Sin embargo, muchos interpretan la medida como una maniobra electoral de cara a las elecciones de mitad de mandato.
Los Estados Unidos de Donald Trump ya no respetan siquiera a quienes están fuera de combate (hors de combat), ignorando cualquier referencia al derecho internacional humanitario. Y todo vale —incluso ensañarse con un país sumido en una crisis humanitaria y con un expresidente de 95 años— con tal de recuperar algunos puntos en unas encuestas que se encuentran en mínimos históricos (31 %), a las puertas de las elecciones de mitad de mandato.
Así lo confirma el momento elegido para anunciar, el lunes, la orden de detención contra el expresidente cubano Raúl Castro, hermano del líder de la revolución, Fidel Castro, acusado de «conspiración para cometer asesinato en primer grado» por el derribo de dos aeronaves pilotadas por miembros de la organización Brothers to the Rescue (Hermanos al Rescate), ocurrido hace más de treinta años, el 24 de febrero de 1996.
En aquel incidente murieron tres ciudadanos estadounidenses y un residente en Estados Unidos: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr.
Según las investigaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, el ataque de 1996 se habría producido en aguas internacionales, pero La Habana sostiene que actuó en «legítima defensa» y «dentro de sus propias aguas jurisdiccionales».
«Raúl Castro (entonces vicepresidente del Consejo de Estado y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, nota de la redacción) ordenó el asesinato a sangre fría de cuatro compatriotas y Florida nunca dejará de buscar justicia», declaró en una rueda de prensa el actual fiscal general del estado estadounidense, James Uthmeier, conservador, afiliado al Partido Republicano, que anteriormente había promovido la creación del centro de detención conocido como «Alligator Alcatraz» y que aspira a un segundo mandato.
«La orden de detención —añadió— limitará la capacidad de Castro para abandonar la nación insular y le impedirá viajar a cualquier lugar que tenga un acuerdo de extradición con Estados Unidos».
El fiscal asegura que tiene en cuenta la avanzada edad de Castro, pero confía en que su eventual captura y traslado a Miami se lleven a cabo por iniciativa de «otros» actores.
Al mismo tiempo, fuentes de La Habana expresaron a Ilfattoquotidiano.it sus dudas sobre el carácter extraterritorial de la orden de detención, cuyos márgenes de interpretación podrían ampliarse incluso hasta justificar una operación de extracción en la isla, siguiendo el modelo de lo ocurrido el 3 de enero en Caracas, durante la operación de la CIA contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.
Uthmeier también intenta blindar una eventual condena de prisión contra Castro con la siguiente advertencia:
«Si un simpatizante del comunismo (es decir, un candidato demócrata, nota de la redacción) volviera a ocupar la Casa Blanca, no podría concederle un indulto, conmutarle la pena ni otorgarle inmunidad frente a estos procedimientos estatales».
La reacción de su rival en la carrera por el cargo de fiscal general, José Javier Rodríguez, fue inmediata. Rodríguez cuestionó tanto el momento como la forma del anuncio:
«Utilizar una tragedia dolorosa y nunca olvidada por la comunidad de Miami con el único propósito de montar un espectáculo político en vísperas de las elecciones demuestra cómo la Fiscalía General está siendo utilizada como un instrumento de campaña electoral, en lugar de servir para administrar una justicia seria».
Y, al menos en el plano emocional, la medida ha encontrado una acogida favorable entre los exiliados cubanos, incluidos los familiares de las víctimas, reunidos en la Freedom Tower de Miami.
Para Mirta Méndez, madre del piloto Carlos Alberto Costa, «ver al estado de Florida y a las autoridades actuar conjuntamente para exigir responsabilidades al régimen cubano elimina, al menos en parte, la sensación de abandono que hemos experimentado durante décadas».
Sin embargo, entre los propios exiliados contrarios a Castro tampoco falta el escepticismo.
«¿Cómo van a detenerlo si está protegido por un ejército? Esto parece más propaganda que justicia real para las familias», comenta Camilo López, residente en Little Havana.
En el fondo, el objetivo de la Administración Trump es recuperar el apoyo perdido entre una parte del electorado latino, del que el 74 % desaprueba sus políticas, mientras que el 55 % declara explícitamente que votará «en su contra», según una reciente encuesta del Pew Research Center.
La acusación de que se trata de un acto propagandístico también ha sido formulada por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien calificó en X de «despreciable» la orden de detención contra Raúl Castro y la describió como un «patético circo con fines electorales» que «jamás tendrá el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico».
El presidente condenó así la «maniobra con apariencia legal organizada por políticos anticubanos contra Castro y contra Cuba».
Mientras tanto, en La Habana, la vida cotidiana sigue siendo extremadamente difícil. Este año, el PIB sufrirá una contracción del 10,3 %, la peor de todo el hemisferio, mientras que zonas como Pinar del Río se enfrentan a apagones que pueden alcanzar las 90 horas.
La producción nacional está paralizada a causa del bloqueo y el embargo, mientras que las importaciones procedentes de Estados Unidos aumentan un 210 % respecto al año anterior.
Todo contribuye, incluido el comercio de mercancías, a la asfixia de la isla.
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