Juan Ramón Collado, conocido como el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en Andorra 45,9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cartel de Sinaloa para blanquear dinero en este Principado europeo, según una investigación de EL PAÍS.
14 empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a las que recurrió para lavar su dinero la organización de Joaquín El Chapo Guzmán, traspasaron entre 2009 y 2013 esa suma a los depósitos del letrado en esta institución financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no tenían actividad real y fueron empleadas también por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales. Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, niega cualquier relación de su cliente con el cartel sinaolense. “El hecho de que diferentes clientes de las casas de cambio compartieran circuito interno para trasladar su dinero no comporta una vinculación”, explica el letrado por correo electrónico, reveló EL PAÍS.
El presunto esquema de blanqueo de Collado empezaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. El capital se transfería después a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental. Y aterrizaba más tarde en uno de los depósitos del letrado en la entidad andorrana a través de un traspaso interno (envío de una cuenta a otra en el mismo banco). El laberíntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue diseñado para blindar la identidad de Collado, según la Policía de Andorra.
Tramas corruptas sin relación entre sí como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que protagonizó la mayor red de sobornos de Latinoamérica, se sirvieron de telarañas opacas similares para ocultar en Andorra el dinero del delito.
Las compañías mexicanas que remitieron fondos a Collado en la BPA figuran en la relación de sociedades pantalla que usó el cartel para blanquear durante una década en Andorra, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México adelantado por el diario Milenio.
Collado ingresó en la BPA fondos de sociedades que también blanquearon presuntamente para la organización de El Chapo. Se trata de las compañías Madvysion (que transfirió al abogado 10,7 millones), Riu Construcciones (7,1 millones), Servicios Especializados Icall (5,7 millones) y Textiline Collection (5,4 millones). También, Varys Comercial (3,6 millones) y Grupo Liztik (3,5 millones), según un auto de la jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015.
Otras compañías que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, también lavaron el dinero del cartel fueron Distribuciones JDB (que abonó a Collado 2,2 millones de dólares), Grupo Macrobay (2,2 millones), Tessa Textiles (2,5 millones), Enterprise Gamki (707.594 euros). La nómina se completa con Diseños Textiles Dug (690.622 euros), Amber Global (632.395 euros), Distribuidora Comercial Franwi (505.447 euros) y Gallaxy Real Estate (444.774 euros).
Para indagar quién se esconde tras el patrimonio de Collado en Andorra, la magistrada solicitó en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaron dinero al letrado “por ser un eslabón imprescindible para determinar el origen de los fondos”. La jueza pidió entonces información sobre 23 cuentas en la BPA —entre las que se encuentran las 14 usadas por el cartel sinaloense— para averiguar la identidad de sus auténticos representantes.
El movimiento de la magistrada pretende aclarar la titularidad de la alambicada madeja de cuentas y sociedades que usó Collado para mover su caudal de fondos. Un esquema financiero que, según las pesquisas, conecta a las empresas mexicanas que traspasaron fondos al abogado con las casas de cambios mexicanas Tiber, B & B y Eurofimex y la sociedad fiduciaria Grupo Fidemont.
La instructora andorrana ha criticado que Collado eludiera las referencias a las casas de cambio y sociedades fiduciarias cuando declaró en el Principado en julio de 2016. El influyente letrado conectó entonces su patrimonio con una exitosa trayectoria empresarial. Dijo a la magistrada que sus negocios incluían un bufete de abogados que empleaba a 40 profesionales y que tenía en su cartera de clientes a 10 entidades públicas y al sindicato de Pemex. También, una cadena de casas de empeños que fundó su padre en los noventa y que le reportó unos ingresos por intereses de 84 millones de dólares en 14 años.
Dos de las sociedades que traspasaron fondos a las cuentas del letrado entre 2009 y 2012 a la BPA —Enterprisse Gamki y Varys Comercial— recibieron contratos públicos por un total de 120.000 dólares de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), que depende del Estado de México, según reveló este diario.
El avance de las pesquisas sobre la riqueza andorrana del letrado —una investigación que empezó en 2015 y que supera ya los 17.500 documentos— ha disparado las dudas sobre la procedencia del dinero. El último informe policial incorporado a la causa, de febrero de 2020, abunda en el posible origen delictivo de los fondos. Y pone el foco de la sospecha sobre los 90 millones de dólares que ingresó Collado en el Principado a través de casas de cambio y sociedades fiduciarias. Más en EL PAÍS
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