La Corte Conjunta de Justicia del Caribe Neerlandés emitió un fallo crucial en el caso de la quiebra del Banco del Orinoco NV (BdO), rechazando la solicitud del Banco Central de Curazao y Sint Maarten de establecer garantías para el pago de costas judiciales. Esta decisión marca un nuevo capítulo en el prolongado drama financiero que ha sacudido a los ahorristas del extinto Grupo BOD.
Un laberinto legal y financiero
La magistrada Corrie ter Veer, quien preside el tribunal, determinó que no se requerirá caución a las partes involucradas en este intrincado caso. Entre los actores principales se encuentran el Banco Central, Cartera de Inversiones Venezolanas CA y el Banco Occidental de Descuento, este último bajo la dirección del banquero venezolano Víctor Vargas Irausquín.
Es importante destacar que el imperio financiero de Vargas no es ajeno a las controversias. Entidades bancarias vinculadas a él, como el BOI Bank en Antigua y Bancamérica en República Dominicana, han enfrentado vicisitudes similares.
El meollo del asunto radica en la desesperada situación de más de 2,400 cuentahabientes que claman por la restitución de sus ahorros. En un intento por salvaguardar sus intereses, el Banco Central de Curazao y Sint Maarten solicitó en junio una garantía para asegurar el pago de las costas procesales. Sin embargo, la magistrada Ter Veer desestimó esta petición, arguyendo la imposibilidad de ejecutar dicha norma en Venezuela, país de residencia de numerosos demandantes.
Un pasivo astronómico
La quiebra del Banco del Orinoco NV, declarada en julio de 2019, desencadenó un complejo proceso de negociación entre los propietarios del banco, las autoridades curazoleñas y los cuentahabientes afectados. Para gestionar este enmarañado asunto, el juez Pieter de Kort designó a Michael Gorsira y Danilo Narváez como curadores independientes. Su labor ha revelado una realidad alarmante: las deudas del banco superan los 840 millones de dólares, una cifra que estremece al sector financiero caribeño.
Carlos Calderón, representante legal de 74 cuentahabientes, ha lanzado una advertencia que resuena en los pasillos judiciales: existe el riesgo latente de que la quiebra sea catalogada como fraudulenta. Tal calificación no solo agravaría la situación, sino que trasladaría el caso al ámbito penal, con consecuencias potencialmente devastadoras para los implicados.
A pesar de las aseveraciones del grupo de Vargas sobre su capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros, Calderón es tajante: si no presentan una propuesta de pago que satisfaga a los acreedores, podrían enfrentarse a serias repercusiones penales.
El juez De Kort ha otorgado al grupo de Vargas un plazo que expira en septiembre de 2024 para resolver esta crisis financiera. La espada de Damocles pende sobre sus cabezas: la decisión final sobre la declaratoria de quiebra está a la vuelta de la esquina. Si no se alcanza un acuerdo que alivie a los acreedores, el panorama podría ensombrecerse aún más para todos los involucrados.
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