El reclamo de los haberes de un pequeño ahorrista del IBank Corporation, corresponsal del Activo International Bank de Puerto Rico, intervenido por las autoridades financieras de Estados Unidos, da cuenta del calvario que viven quienes confiaron sus ahorros a una entidad perteneciente al Grupo Activo.
La desesperanza se ha apoderado de los clientes del iBank U.S., especialmente de los pequeños y medianos ahorristas, quienes confiaron sus haberes a la entidad bancaria y ahora se sienten en absoluta situación de indefensión al no poder disponer del dinero que le entregaron a dicha institución relacionada con el Grupo Activo perteneciente al banquero venezolano José Antonio Oliveros Febres. Tal es el caso de Jaime J. Gallardo S, un pequeño comerciante propietario de Hidráulica Tamanaco S.A., una empresa familiar fundada en 1973 con sede en Caracas, la cual comercializa equipos de bombeo de aguas domésticas e industriales. Desde principios del año 2020, Gallardo brega con el iBank —un intercambio de correos con el servicio de atención al cliente del iBank en nuestras manos lo comprueba— objeto de que le reintegre USD 36.000, sin que sus diligencias hayan tenido ningún éxito, informó Maibort Petit en Venezuela Política.
Se pregunta Gallardo si el I-Bank U.S. y sus ahorristas son un víctima del Grupo Activo o sus cómplices, sin que su interrogante encuentre respuesta.
La situación de Jaime Gallardo se replica en cientos de personas, naturales y jurídicas, muchos de los cuales igualmente han manifestado su inquietud a Venezuela Política, confiados en que la denuncia de sus casos sirva como mecanismo de presión a las autoridades correspondientes a objeto de que les sean restituidos sus ahorros e inversiones. Nos enfocaremos en esta entrega al caso de Gallardo.
Como lo referimos, Gallardo es el representante legal de la empresa venezolana, Hidráulica Tamanaco S.A.
Dicha firma posee como número de Registro de Información Fiscal (RIF) el J 000831947. Está domiciliada en la Calle Guaicaipuro, Quinta Regina, Número 20, Urbanización El Rosal, Chacao, estado Miranda.
La deuda de IBank USA con la empresa de Gallardo es actualmente de US$ 36.000,00, aprox, de unos fondos que la empresa recibió vía transferencia del Comité Internacional de la Cruz Roja por los trabajos de rehabilitación de 06 pozos de agua ubicados en 06 hospitales en Caracas en el año 2019.
El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo para que el Banco I-Bank USA hiciera efectivo el pago correspondiente al referido año, tal y como ordenó la Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, sin que tal cancelación se haya producido.
Un poco de historia
Cabe destacar que el Activo International Bank de Puerto Rico se encuentra en proceso de reestructuración desde que el 10 de febrero de 2020 el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico emitió una Orden de Consentimiento de Emergencia por el cual Activo International Bank. La autoridad bancaria dispuso que frente a tal restructuración estuviera Fortunato Benacerraf — banquero venezolano, dueño de 100% Banco en Venezuela— quien es uno de los principales acreedores de la entidad intervenida.
Así lo informa una nota de Cuentas Claras Digital (CCD), en la cual se da indica que, aparte de Benacerraf, otros banqueros venezolanos —Arístides Maza (Banco Caroní) y Michel Goguikian (Bancrecer), entre otros— fueron víctimas de Oliveros Febres y quedaron con fondos atrapados en Activo International Bank. Las estimaciones ubican en una cifra superior a los USD 40 millones, la deuda del banco con sus clientes y acreedores.
El comisionado otorgó a Benacerraf un plazo de 30 días a partir de la fecha de la Orden de Consentimiento para que presentar el plan, de reestructuración de la entidad financiera, lo cual debía incluir la sustitución de la junta directiva y de administración, así como el cumplimiento de los cambios ordenados por la autoridad financiera puertorriqueña.
Entretanto esto ocurría y se lograban los objetivos de la intervención, los depositantes no podrán retirar su dinero ni tampoco el banco podía pagar a los acreedores. Tales tipos de transacciones sólo procederían si así el Comisionado George Joyner, lo autorizaba por escrito.
Una restricción de la que dan cuenta los correos intercambiados entre Jaime Gallardo y el servicio de atención al cliente del iBank. Uno de ellos fechado el 9 de marzo de 2021, con copia a Robert Acosta e Yzabell Silva, donde se le informa que la orden de consentimiento del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico dispone que que, “con el interés de proteger los derechos de todos los depositantes del Banco, la Orden indica que a partir de su fecha de vigencia y hasta el 10 de mayo de 2020 (o cualquier otra fecha que determine el Comisionado), el Banco suspenderá todos los pagos (…)”.
En tal sentido, iBank U.S. refirió que se mantendría en contacto con el banco corresponsal, a permanente, a saber, el Activo International Bank, a objeto de “encontrar la mejor solución para nuestros clientes” implementando “en el mejor tiempo posible, soluciones favorables para nuestros depositantes”.
Un aviso similar asoma ante la página web de TBB International Bank
Al interior de la página se explica que, de acuerdo a lo establecido en la “Ley número 36 del 28 de julio del 1989, los fondos abandonados o no reclamados son cantidades de dinero y otros bienes líquidos que no han sido reclamados por sus legítimos dueños. El artículo 2 de la Ley número 36, define como ‘dueños’ aquellas personas con derecho a reclamar el dinero, ya sea por ser el dueño original, beneficiario o heredero de tales bienes. La ‘persona’ es definida como cualquiera persona natural o jurídica”.
Agrega que el TBB International Bank, en razón de que las entidades bancarias internacionales están exentas del requisito de publicar el aviso en un periódico de circulación general impuesto por ley, la entidad , en su página web2, publica el listado de las “personas naturales y jurídicas con derecho a reclamar las cantidades correspondientes a cuentas que se han mantenido inactivas o en estado durmiente por un periodo de cinco años o más desde su última transacción o comunicación por escrito en poder e interés de dicha cantidad cuyo valor agregado sea de cien dólares (…)”.
Indica que en o antes del 10 de diciembre de cada año, TBB transferirá al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, los fondos que no fueron reclamados luego de publicar el aviso antes mencionado. Por tanto, a partir de esa fecha, las reclamaciones deberán ser dirigidas a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Mientras que los datos sobre las cantidades no reclamadas pueden obtenerse en el enlace: http://www.ocif.pr.gov/DocumentosLegales/Pages/default.aspx.
Refiere la página que las cantidades de dinero y los bienes líquidos no reclamados a TBB International Bank serán transferidos al Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), quien deberá ser el receptor de cualquier reclamo a partir del 30 de noviembre del 2021.
Jaime Gallardo, informa que en virtud de lo infructuoso que han resultado sus reclamos, denunciaría el caso en la página web de la Reserva Federal de los Estados Unidos, al tiempo que conminó a todas las personas afectadas a conformar frente común para llevar a cabo un acción conjunta en contra del banco.
Viejos rumores, situación incierta
La situación de los bancos de José Antonio Oliveros Febres ha sido denunciada en los últimos años, de hecho, Banco Activo en Venezuela se encuentra intervenido desde el 30 de enero de 2019 por orden del Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil de Caracas, según lo refiere la citada nota del CCD, la cual precisó que dicho tribunal emitió una medida cautelar que prohíbe la venta o traspaso de las acciones del citado Oliveros Febres. Se designó un depositario que asumió los derechos y obligaciones del accionista mayoritario y presidente de la entidad.
Tales acciones son consecuencia de una demanda interpuesta por Guillermo Barroso y Edgar Raúl Leoni contra José Oliveros Febres y su madre, Zonia Coromoto Oliveros Mora, directora del banco, por daños morales y perjuicios.
Ya desde antes de que se produjera esta demanda, se aseguraba insistentemente que no solamente Banco Activo en Caracas estaba en situación comprometida, sino también el resto de las entidades que conforman el Grupo Activo, a saber, Activo International Bank Inc. de Puerto Rico y Banco Múltiple Activo Dominicana, de República Dominicana.
Subraya CCD que Activo International Bank de Puerto Rico es el principal accionista de Banco Múltiple Activo Dominicana, por lo que la ordenada reestructuración del primero mantiene en incierto destino las negociaciones del segundo.
Demandas y acusaciones contra Oliveros Febres-Cordero
Ya Venezuela Política había advertido de esta situación en marzo de 2020 cuando hizo pública una demanda por incumplimiento de contrato fue interpuesta por Cainvest Bank & Trust Ltd. contra Activo International Bank Inc. Esta acción obedecía al hecho de que la demandada no había respondido a las solicitudes de transferencia de fondos ordenada por el demandante. Cainvest reclamaba el reintegro de USD 3.052.018,26 depositados en su cuenta en la referida entidad.
Referiríamos en ese entonces que contra José Antonio Oliveros Febres-Cordero caía una lluvia de acusaciones y demandas por la comisión de supuestas irregularidades en el manejo de sus instituciones bancarias. Apropiación ilegal de fondos, violación a los derechos fiduciarios, estafa, robo, apropiación indebida calificada y corrupción, son los señalamientos que, para aquel entonces, y se le hacían al banquero venezolano en Puerto Rico, República Dominicana y Curazao.
En Venezuela, a las demandas indicadas líneas arriba, se sumarían otros procedimientos civiles y penales, así como investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República por apropiación calificada, estafa, corrupción, daños y perjuicios, asociación para delinquir, entre otros cargos.
Hacíamos referencia, igualmente, a que José Antonio Oliveros Febres se le vinculaba a Baldo Sansó, administrador autónomo de PDVSA y cuñado de Rafael Ramírez. También se le relacionaba con Matthias Krull, declarado culpable de lavado de dinero en Estados Unidos.
Las estimaciones de los expertos ubican en USD 40 millones el hueco de las finanzas del Grupo Activo, el cual comenzó a hacerse notorio en 2019 a raíz de la escasez de dólares ocurrida en Venezuela como consecuencia de la crisis financiera y económica que padece el país. / Más en Venezuela Política
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