La declaración de culpabilidad en Puerto Rico de Joseph ‘Joey’ Fuentes Fernández, el amigo del gobernador Pedro Pierluisi, por el establecimiento de un esquema para encubrir la identidad de los donantes del Súper Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico mediante la creación de las corporaciones fantasma Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, anticipa otras posibles convicciones de donantes y coordinadores mencionados en los documentos del caso, coincidieron varios abogados conocedores de derecho electoral.
El tracto de los hechos, la identificación de otras personas en los documentos oficiales del caso y el relato de la Fiscalía federal, de que tiene en su poder mensajes de texto entre Fuentes Fernández y otros participantes, son una invitación a quienes donaron violando los límites, a los oficiales de las organizaciones fantasma y a otros participantes del esquema de Salvemos a Puerto Rico a cooperar con las autoridades, sostuvo Héctor Luis Acevedo, catedrático de Ciencias Políticas, Derecho Electoral y Constitucional, revelaron Damaris Suárez y Vanessa Colón Almenas en el site del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Además, opinó que la estrategia de la Fiscalía federal de radicar primero contra Fuentes Fernández que manejaba el Súper PAC logrando que este se declarara culpable con un trato relativamente benévolo les lleva el mensaje a los demás de que no los van a tratar bien si no cooperan. Esto incluye al Individuo 1, un asociado del entonces candidato a la gobernación que es descrito como “un recaudador significativo” que procuraba donaciones en apoyo su campaña eleccionaria en el 2020.
Los documentos oficiales del caso mencionan que ese asociado de Pierluisi intercambió mensajes de texto, correos electrónicos y otras aplicaciones de mensajería digital entre Fuentes y el Individuo 2, que era secretario de las fundaciones fantasma, en los que discutían aspectos de su esquema para evadir reportar a los verdaderos donantes. En los documentos oficiales del caso también se menciona al Individuo 3, un potencial donante descrito como “abogado y consultor”. La única persona que aparece como incorporador de ambas entidades es el exsecretario de la Autoridad de los Puertos, Álvaro Pilar, quien no respondió una solicitud de entrevista del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
“Por razón de la investigación criminal en curso, ninguna de las personas relacionadas a las corporaciones está concediendo entrevistas”, respondió el Lcdo. Frank Torres Viada, representante legal de Fundación Por la Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc.
“El mensaje de la Fiscalía es a posibles testigos o posibles futuros acusados. Es como decirles: ‘Miren lo que tengo pendiente’. En ese documento hay dos o tres acusaciones que se caen de la mata. Fuentes no actuó solo. Lo que están es dando tiempo a ver quién llega primero a cooperar porque los donantes a organizaciones ficticias, a sabiendas también, cometieron delito y lo que están buscando es más información”, afirmó Acevedo en referencia a la descripción detallada que se hace en el documento de la fiscalía federal del Individuo 1 e Individuo 2 y de su participación junto a Fuentes Fernández en el esquema.
Sostuvo que los casos de ilegalidad en las donaciones políticas son muy complicados de probar para los fiscales debido al amplio derecho que otorga la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos desde el caso que permite la creación de los Comités de Acción Política (PAC), (Buckley v. Valeo 1976) y luego la ampliación en Citizen United v FEC (2010), que extiende a las corporaciones el derecho de hacer campañas a favor o en contra de candidatos.
“La fiscalía se tenía que asegurar de que hubiera una convicción porque ahora los otros donantes y los otros coordinadores saben que hubo una convicción y lo trataron relativamente bien. Nadie se quiere quedar para último”, sostuvo el académico.
El CPI publicó el 25 de julio de 2020 una investigación que denunciaba que este Súper Pac que impulsaba una campaña en contra de la gobernadora Wanda Vázquez, y que había sido registrado por un donante y allegado de Pedro Pierluisi, había recibido $250 mil en donativos de dos fundaciones fantasma, lo que dio paso a las querellas que dos años después provocaron la admisión de culpabilidad de Fuentes Fernández.
Al menos cinco fuentes del Partido Nuevo Progresista (PNP) entrevistadas por el CPI identificaron al abogado y recaudador Andrés ‘Andy’ Guillemard Noble como el Individuo 1, que es el asociado de Pierluisi que tuvo conocimiento e intercambió mensajes sobre los donativos con Fuentes Fernández y el secretario de las corporaciones fantasmas. Guillemard Noble es el esposo de la hermana del Gobernador, Caridad Pierluisi, quien dirigió la campaña política en el 2020 y actualmente realiza funciones ‘ad honorem’ en la Oficina del Gobernador, según dijera Pierluisi a inicios del cuatrienio.
Fuentes al interior del PNP aseguraron al CPI que Guillemard Noble ya cuenta con el Lcdo. Francisco Rebollo Casalduc como su representante legal. Una llamada y un mensaje al abogado no fueron respondidos.
“Esa capacidad de levantar con una llamada grandes cantidades de dinero la tiene Andy. Retrata a Andy”, dijo una de las fuentes sobre la descripción que hacen los federales sobre el “asociado” de Pierluisi que es un “recaudador importante” (significant fundraiser).
Guillemard Noble, quien fue visto en el aeropuerto de San Juan viajando hacia Chicago, no respondió la llamada ni mensaje del CPI.
Aunque no tuvo un puesto formal en la pasada campaña, Guillemard Noble figuró como uno de los principales estrategas, tras años vinculado a las campañas políticas, sobre todo en la parte de finanzas. Fue el encargado de las finanzas en la campaña primarista a la gobernación de Pierluisi en el 2016 y en el 2008 y 2012 fue el director de los comités de campaña de Pierluisi para la candidatura a Comisionado Residente en Washington. Sus lazos familiares con el candidato siempre lo han mantenido cerca, según una investigación publicada por el CPI en el 2020. “Sí. Me gusta opinar y siempre lo hago con el mejor deseo para que Pedro Pierluisi cumpla con el pueblo de Puerto Rico”, dijo Guillemard Noble en entrevista con el CPI tras confirmar su participación en la campaña.
Además, Guillemard Noble, asiduo donante y recaudador en el PNP y del Partido Demócrata, fue en el 2008 el coordinador de la campaña primarista demócrata de Barack Obama en Puerto Rico.
Como director de Misión Estadista del Partido Demócrata en Puerto Rico, organizó un evento de recaudación de fondos en su residencia cuya taquilla costaba hasta $25,000 por persona y en la cual la entonces portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes federal, Nancy Pelosi, fue la invitada especial de Pierluisi.
De lo que las autoridades federales narran en los documentos del caso, el “Individuo 1” es la única figura que se vincula directamente con Pierluisi. Los documentos evitan mencionar sin embargo si ese “Individuo 1” pertenece formalmente al comité de campaña de Pierluisi.
Al menos cuatro abogados consultados en y fuera de récord por el CPI coincidieron en que esta podría ser la razón por la que hasta ahora las autoridades no han presentado cargos contra otros participantes en el esquema, como podría ser Guillemard Noble, y están esperando que alguno de los implicados opte por cooperar y ofrezca información que pueda probar si hubo coordinación con el entonces candidato a la gobernación o si éste sabía de la trama con las corporaciones fantasma.
“Mi impresión es que los federales están buscando si alguno de esos individuos tiene que haberle dicho a Pierluisi en alguna actividad ‘estoy ayudando por allá’. Ellos pudieron haber acusado al Individuo 1 y al 2. No me queda duda que con la evidencia que tienen lo que están buscando es que [los donantes y otros participantes] vayan a hablar [a la fiscalía federal]. Lo que le está diciendo el fiscal es que ‘ya cogí al principal coordinador y estoy señalando que hay un Individuo 1 que recauda para el gobernador y trabaja para el gobernador. O me traes tú al gobernador o me lo trae cualquiera de los otros’”, opinó Acevedo.
El presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Lcdo. Samuel Quiñones García, coincidió en que la narración que hace la Fiscalía federal pone presión a los coparticipantes.
“En efecto, esa es la más probable inferencia sobre la estrategia de los federales. Las menciones de estos individuos como parte del Iter criminis o desarrollo de un delito confesado son un instrumento de presión brutal”, planteó Quiñones García.
El abogado e investigador de casos de corrupción indicó que el hecho de que la descripción del “Individuo 1” no menciona que este haya formado parte oficial del comité de Pierluisi pudo ser una razón por la que las autoridades no establecieron la coordinación. No obstante, las fuentes consultadas coincidieron que si es Guillemard Noble, por su relación y cercanía familiar, sería muy difícil creer que nadie más supiera de cómo se estaban levantando esos donativos.
“Al omitir usar la palabra comité se puede entender que estaba funcionando como un agente libre. Ahora, evidentemente la participación de los Individuos 1 y 2 fue indispensable para que se pudieran configurar los elementos que tipifican el delito de mentir a la FEC [Federal Election Commission] sobre la verdadera identidad de los donantes políticos. Son ejes importantes de la transacción detrás del esquema”, indicó Quiñones García.
El Gobernador rechazó que su cuñado haya tenido vínculos con el Súper PAC o que alguno de los donantes se hayan beneficiado directamente con contratos en su administración. “Yo respondo por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité incluyendo a mi cuñado. Pongo las manos en el fuego por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. No coordinaron con PAC alguno, incluyendo ese PAC. Para que esté claro. Y por cierto, esas querellas no prosperaron. ¿Saben por qué? Porque no se coordinó. Este asunto para mí está finiquitado”, dijo Pierluisi dramatizando su afirmación con un “Ante Dios lo digo”.
“Difiero del Gobernador. Él es el único que cree que esto se acabó. Yo estoy convencido de que esto está empezando. ¿Usted me va a decir que alguien dona $200,000 sin interés en esa campaña? ¡Alguien los llamó! ¿Quién los llamó?”, cuestionó por su parte Acevedo.
Pierluisi tuvo conocimiento de la existencia de las fundaciones fantasma al menos en el 2020, cuando el CPI le solicitó una reacción al hallazgo de que Salvemos a Puerto Rico había sido registrado por un allegado suyo y que había recibido $250 mil en donativos de estas dos fundaciones fantasma. Pierluisi dijo en aquel momento: “No tengo información alguna sobre eso”.
También trascendió que las autoridades federales se aprestan a acusar por delitos electorales a jugadores del otro lado del tablero primarista del PNP: la exgobernadora Wanda Vázquez y el exadministrador de Vivienda Pública y colaborador de la campaña de Vázquez John Blakeman. A la exgobernadora se le imputaría haber recibido donativos ilegales de Julio M. Herrera Velutini, empresario de Bancrédito y de nacionalidad venezolana. El abogado de Vázquez, Luis Plaza, adelantó que su clienta se prepara para enfrentar acusaciones por supuesto fraude electoral.
Desarrolladores, personas señaladas por la compra irregular de pruebas de COVID-19, productores de seguros y abogados con jugosos contratos con agencias del Gobierno actual son algunas de las figuras que están al frente de las diez corporaciones enumeradas en la admisión de culpabilidad de Fuentes Fernández por encubrir donativos ilegales mediante el Súper Pac Salvemos a Puerto Rico que favorecieron al hoy gobernador Pierluisi durante el pasado ciclo primarista y electoral.
Así lo confirmó el acusado al fiscal Jonathan Jacobson de la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia de EE. UU. durante la vista ante el juez de New Hampshire, Joseph Laplante.
“Hay un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes obtienen un beneficio al permanecer anónimos. No estarían atados a contribuciones políticas cuantiosas. Más adelante en el camino, a los oficiales públicos no se les podría vincular con los beneficios que se le podrían dar a estos donantes”, explicó el fiscal.
Después de que el fiscal explicara cómo se ejecutó el esquema, y las motivaciones para el mismo, el juez preguntó a Fuentes Fernández si estaba de acuerdo con la representación del fiscal y este contestó que “fue certero”.
El creador de Salvemos a Puerto Rico tiene en su cartera de clientes a empresas privadas y públicas de Estados Unidos y Puerto Rico, según la página en línea de Fuentes-Fernández & Company, P.S.C.
En el 2018, se identificó como secretario de Puerto Rico Education Foundation. Este fideicomiso pagó el salario a una ayudante de la convicta exsecretaria Julia Keleher y a asesores del Departamento de Educación.
Además de los donativos de las dos fundaciones fantasma, Salvemos a Puerto Rico tuvo donantes directos entre los que se destacan otros allegados del Gobernador como Roberto Cacho, The Garfer Group of Legal Advisors LLC de Jerome Garfer, Bancrédito Holding, esta última presuntamente implicada por donativos ilegales al comité político de la exgobernadora Wanda Vázquez durante la contienda primarista. / Más en el site del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
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