Un nuevo capítulo se escribe en un controvertido caso que ha mantenido al Vaticano en el ojo del huracán mediático. Entre el 4 y 5 de julio de 2024, el Arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, actuando en representación de la Santa Sede, se vio obligado a enfrentar un interrogatorio en un tribunal londinense. El proceso judicial, de carácter civil, gira en torno a la polémica adquisición de un inmueble en Sloane Avenue, una operación que ha salpicado al corazón mismo de las finanzas vaticanas y que ya resultó en la condena de diez individuos, por soborno y malversación, incluido el Cardenal Angelo Becciu.
La sombra de este caso, bautizado por la prensa como el “juicio del siglo”, se extiende desde 2021, cuando se iniciaron las primeras audiencias en el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano. Tras un largo proceso, en diciembre pasado se dictó sentencia en primera instancia: Becciu, una figura de peso en la curia romana, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por su participación en la trama.
Ahora, el escenario se traslada a Londres, donde el financista Raffaele Mincione, uno de los diez condenados en el Vaticano, busca limpiar su nombre. Mincione, quien figuraba como demandante en este proceso civil, alega “buena fe” en las operaciones relacionadas con la compraventa del inmueble. Su demanda, interpuesta en 2020, ha abierto una nueva veta en este escándalo financiero, obligando al Vaticano a volver a poner sus cartas sobre la mesa.
Facturas “fantasma” y un acuerdo bajo presión: Las revelaciones del Arzobispo Peña Parra
El testimonio de Mons. Peña Parra, Sustituto de la Secretaría de Estado, se convirtió en el eje central de estas nuevas audiencias en Londres. Las preguntas de los abogados se enfocaron en la figura de Gianluigi Torzi, otro de los protagonistas de este entramado financiero, y en la naturaleza de las transacciones que llevaron al Vaticano a ceder el control total del edificio a cambio de sumas millonarias.
El Arzobispo venezolano tuvo que responder por qué la Santa Sede, utilizando las empresas Sunset Enterprise y Lighthouse como pantalla, entregó a Torzi dos facturas, una por 5 millones y otra por 10 millones de libras esterlinas. Estas facturas, según la acusación, serían “falsas” y habrían sido parte de una estrategia para obtener el control total del inmueble.
“Fuimos víctimas de mentiras y engaños constantes. Nos vimos atrapados en una situación sin salida, obligados a ceder a las exigencias de Torzi para cortar cualquier vínculo con él”, declaró Peña Parra ante el tribunal, describiendo la presión y el engaño que rodearon la operación.
Otro punto álgido del interrogatorio fue un informe de 300 páginas que el Arzobispo entregó al Papa Francisco en 2018. En este documento, se describía la situación de la Secretaría de Estado con relación al edificio de Sloane Avenue como “un negocio complejo y multifacético” que requería “un alto nivel de conocimientos técnicos financieros, corporativos e inmobiliarios”.
La defensa de Mincione, a cargo del abogado Charles Samek, cuestionó la omisión en este informe de la “factura falsa” enviada por Torzi al banco Credit Suisse y de las transferencias millonarias realizadas para asegurar el control del inmueble. Ante la insistencia, Peña Parra reiteró que no mintió en el informe y que su intención siempre fue “zanjar de manera definitiva cualquier obligación contractual”.
“¿Cómo se puede actuar con individuos de esta calaña?”, se preguntó retóricamente el Arzobispo al finalizar su declaración, dejando entrever la frustración y el engaño que, según su testimonio, experimentó la Santa Sede en este turbio negocio inmobiliario.
Las piezas faltantes del rompecabezas: El rol de Credit Suisse y las dudas que persisten
La comparecencia de Peña Parra ante el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido ha arrojado algo de luz sobre los entresijos de este oscuro asunto, pero también ha dejado varias interrogantes sin respuesta. La defensa de Mincione busca demostrar que su cliente fue un mero intermediario en la compraventa del edificio y que no se benefició ilegalmente de la operación.
El nombre del banco Credit Suisse ha emergido en varias ocasiones durante el juicio. La entidad financiera actuó como intermediaria en algunas de las transacciones relacionadas con la compra del inmueble y se le acusa de no haber detectado las irregularidades. La fiscalía vaticana sostiene que Torzi, utilizando facturas falsas, logró obtener el control del edificio y extorsionó a la Santa Sede para obtener un beneficio millonario.
Aún quedan por esclarecer varios puntos, como el grado de conocimiento que tenía la Secretaría de Estado sobre las operaciones de Torzi y si existieron mecanismos de control interno que fallaron.
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