MIAMI.- Un memorando restringido de la alta burocracia sanitaria ecuatoriana devela el cierre definitivo de las compras excepcionales de Ketamina en Ecuador, materia básica de la droga ilícita Tusi, también conocida como “cocaína rosada”. El mayor comprador ha sido el narcotraficante ecuatoriano Marco Serrano Mejía (quiteño de 55 años), quien, pese a las evidencias en su contra, está libre.
El cierre de las compras de Ketamina coincide con la peor crisis de seguridad por el desvío de este anestésico hacia el narcotráfico ecuatoriano.
Gran cantidad de la “cocaína rosada” producida por Serrano Mejía es exportada para el consumo en Colombia.
La Ketamina es un potente anestésico disociativo utilizado en la medicina humana y veterinaria que actúa bloqueando los receptores NMDA del cerebro para inducir sedación, analgesia profunda y amnesia. A diferencia de otros sedantes, mantiene estables las funciones respiratorias y cardiovasculares y, debido a sus intensos efectos secundarios de desconexión corporal y alucinaciones, es desviada frecuentemente al mercado ilícito, donde se comercializa en polvo o cristales y se utiliza como el componente base para fabricar drogas sintéticas y adulteradas como el Tusi.
El Tusi o “cocaína rosada” es una peligrosa sustancia sintética cuyo nombre evoca falsamente al compuesto psicodélico 2C-B, pero que en realidad es un cóctel químico variable de bajo costo. Los análisis toxicológicos demuestran que consiste en una mezcla adulterada Ketamina con estimulantes como el éxtasis (MDMA), cafeína y anfetaminas, combinada con colorantes de repostería y saborizantes artificiales. Esta agresiva interacción molecular anula las alarmas biológicas del organismo, provocando graves cuadros de disociación, parálisis psicomotriz, picos de hipertensión y un riesgo crítico de infarto o sobredosis en entornos de ocio nocturno.
Esta investigación periodística tuvo acceso exclusivo al Memorando Nro. MSP-SRSNS-2025-0529-M, hasta ahora restringido, firmado por la Subsecretaria de Rectoría, Espc. Jenniffer Andrea Calvopiña Medina, del Ministerio de Salud Pública de Ecuador, que ordena la revocatoria inmediata de la autorización para adquirir el fármaco en la Red Pública Integral de Salud (RPIS).
Mientras el Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador cierra los candados burocráticos argumentando un abastecimiento óptimo de los ocho sedantes base en las bodegas estatales, los estamentos de inteligencia policial apuntan a una realidad mucho más oscura. Detrás del fin de esta excepción administrativa se esconde la cacería judicial contra Marco Serrano Mejía, un fabricante de medicinas supuestamente lícitas, a quien las autoridades de varios países suramericanos señalan hoy como la mente criminal detrás de la mayor red de tráfico de Ketamina y Tusi.
La investigación penal ecuatoriana contra Serrano Mejía desnuda un historial delictivo de larga data camuflado bajo el ropaje de la industria farmacéutica. Antiguamente, operaba bajo la razón social de Laboratorios Ginsberg, una empresa que acumuló un profundo desprestigio debido a denuncias por graves fallas de control sanitario. Entre los antecedentes más escandalosos que constan en los archivos judiciales se encuentra el empaque erróneo de ácido fólico en ampollas plásticas en forma de burbujas correspondientes a medicamentos de alta peligrosidad para la presión arterial, así como la comercialización de ampollas e inyectables contaminados con grapas, pelos y partículas sucias.
Tras ser declarado en tres ocasiones como proveedor incumplido por el Estado ecuatoriano y sufrir múltiples clausuras por violar el Manual de Buenas Prácticas de las autoridades sanitarias, Serrano Mejía decidió cambiar el nombre de su operación a Laboratorio Zentrum, la única firma donde aparece legalmente como representante.
Bajo la fachada de Zentrum, Serrano estructuró un sofisticado entramado delictivo de corte mafioso. Para eludir los radares financieros, constituyó un conglomerado de empresas fantasmas dedicadas a la comercialización y transporte, colocando como accionistas y representantes legales a su círculo familiar íntimo —esposa, hijos, hermanos y primos— y a empleados de bajo rango con extrema vulnerabilidad económica, tales como choferes, operarios de planta y personal de limpieza.
El esquema criminal de Serrano colapsó a finales de enero de 2026. En un despliegue coordinado de tres operativos simultáneos en las ciudades de Quito y Tulcán, la Policía Nacional ejecutó la mayor incautación de Ketamina registrada en los anales policiales del Ecuador: 10 toneladas del anestésico disociativo en estado puro.
El cargamento criminal fue decomisado debido a que no contaba con los permisos obligatorios del Ministerio del Interior para su almacenamiento, tránsito o venta, puesto que desde enero del presente año la Ketamina fue catalogada como un producto sujeto a fiscalización estricta por dicha cartera de Estado. Asimismo, la sustancia carecía por completo de registro sanitario expedido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) o por AGROCALIDAD. La ley ecuatoriana exige de forma taxativa que los laboratorios que procesan productos veterinarios operen en plantas de exclusividad absoluta; Serrano no disponía de dicha infraestructura y, según reportes de inteligencia, apenas se encontraba construyendo una edificación para intentar blanquear su actividad.
Para justificar la tenencia del cargamento multimillonario, Marco Serrano Mejía alegó ante los fiscales que el lote de 10 toneladas había sido producido durante el año anterior y que permanecía embodegado a la espera de la emisión de las licencias reglamentarias. Sin embargo, la unidad de investigación criminal desbarató la coartada al comprobar el nexo logístico del transporte: mientras una fracción de la droga permanecía oculta en la capital, el grueso del cargamento fue interceptado en flagrancia a bordo de camiones de carga pesada que avanzaban a alta velocidad sobre la carretera panamericana con rumbo directo hacia Colombia, con el objetivo de abastecer sus laboratorios de Tusi en este país, protegidos por bandas criminales transnacionales en la zona limítrofe.
Serrano Mejía, igualmente, exporta Tusi a Estados Unidos y “se cree que también lo ha estado fabricado últimamente en ese país”, dijo una fuente judicial colombiana.
Fuentes ecuatoriana del caso advierten que, si bien el año pasado la Ketamina no arrastraba los controles rigurosos del Ministerio del Interior, su fabricación jamás gozó de libre albedrío. La normativa obligaba a que cada gramo producido justificara su salida mediante recetas médicas específicas; documentos que el entorno de Serrano Mejía no ha podido consignar ante el despacho de la Fiscalía, en medio de un proceso penal que la opinión pública denuncia como “extrañamente estancado” en las cortes de la provincia ecuatoriana de Pichincha.
El cierre de las compras públicas decretado por la Subsecretaria Calvopiña Medina y vigilado en el frente hospitalario por el Director Nacional de Atención Integral en Salud, Willian Roberth Villarroel Trujillo, opera así como un cerrojo administrativo contra las mafias: al prohibir que las UCI de los hospitales públicos adquieran más unidades y ordenar el control diario de las ampollas remanentes bajo llave, el gobierno ecuatoriano dice que intenta cortar de raíz el mercado de desvío interno que empresarios criminales como Marco Serrano alimentaron con impunidad durante años.
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