Escándalo Pegasus en Colombia: Ran Gonen y la entrega millonaria usando avión del magnate Idan Ofer

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En septiembre y junio de 2021, dos jets privados aterrizaron en Colombia transportando a ejecutivos de la empresa israelí NSO Group, fabricante del software espía Pegasus. La llegada de estas aeronaves, que provenían de Israel, no sería inusual si no fuera por los detalles que rodean su propiedad y el propósito del viaje, según lo denunciado posteriormente por el presidente Gustavo Petro.

El primer jet, un Gulfstream, arribó a Bogotá el 28 de septiembre de 2021 con Ran Gonen, director de seguridad de NSO Group a bordo. Este avión estaba registrado en la pequeña república de San Marino a nombre del magnate israelí Idan Ofer, uno de los hombres más ricos de Israel, lo que vincula la aeronave con un conocido paraíso fiscal.

Idan Ofer

Tres meses antes, el 26 de junio de 2021, otro jet, un Challenger 604, también había llegado a Colombia. Este segundo avión estaba registrado a nombre de Zarox Holdings en la Isla de Man, un protectorado británico con un historial de ser utilizado también como paraíso fiscal. La Procuraduría de Colombia, en respuesta a la denuncia pública de Petro, inició una diligencia el 23 de octubre de 2024 para investigar estos viajes.

Petro denunció que el entonces gobierno de Iván Duque habría pagado 11 millones de dólares a NSO Group por el software Pegasus. Estas acusaciones apuntan a que el viaje de Ran Gonen tenía como objetivo recoger dicho pago en efectivo.

La ruta de los jets: La llegada al hangar de la policía antidrogas

Los dos jets privados fueron recibidos por la torre de control del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Desde allí, se les transfirió al centro de control policial ubicado en la azotea de las instalaciones de la policía antidrogas. Este centro les proporcionó las instrucciones para aterrizar y estacionar en el hangar de la propia policía, situado en el extremo occidental del aeropuerto.

Según la denuncia del presidente Petro, fue así que se habría producido la entrega del dinero a Gonen. Petro afirmó que «llegaron al Aeropuerto El Dorado. En el hangar de narcóticos de la policía llegó el director general de la empresa propietaria de Pegasus para llevarse el dinero que el gobierno del presidente Duque insiste en negar». La presencia de los jets en un hangar de la policía antidrogas, y la supuesta participación de la Dirección de Inteligencia de la Policía (Dipol) en la compra del software, ha levantado sospechas sobre la naturaleza de la operación y la posible utilización de fondos públicos de manera irregular.

«Que el gobierno anterior, exactamente la Dipol, dirección de la policía, según Inteligencia de la policía, según ese documento, había comprado un software que es prohibido en buena parte del mundo», declaró Petro.

La investigación de la Procuraduría y las implicaciones del caso

La Procuraduría de Colombia llevó a cabo una inspección el 23 de octubre de 2024 en el Registro Aeronáutico colombiano para obtener información sobre los dos jets privados israelíes. Además, se inspeccionó la información y los documentos de la Dirección Antidrogas relacionados con estas aeronaves. La investigación busca determinar si hubo irregularidades en la entrada al país de los ejecutivos de NSO Group y en el supuesto transporte de 11 millones de dólares en efectivo como pago por el software Pegasus.

La denuncia de Petro señala que un delegado de la dirección de Inteligencia de la policía, junto con funcionarios de inmigración, recibieron a los tripulantes israelíes que llegaron para recibir el pago.

La compra y el posible uso del software Pegasus por parte del gobierno anterior han generado un intenso debate público. Pegasus es un software capaz de acceder a la información de dispositivos móviles, incluyendo mensajes, llamadas, ubicación y archivos, planteando serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de las comunicaciones. Su uso está prohibido en varios países debido a su potencial para ser utilizado en actividades de espionaje ilegal.

La investigación de la Procuraduría busca esclarecer los hechos y determinar si se cometieron delitos en la adquisición y el posible uso de este software en Colombia.


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