A principios del pasado abril, un lujoso yate de 86 metros de eslora asomó por el archipiélago venezolano de Los Roques. A bordo del Ecstasea, el magnate belga-paquistaní Alshair Fiyaz disfrutaba del Caribe, aunque ese no fuera el único plan. Fiyaz visitó Maturín, la capital petrolera del oriente de Venezuela. Y más concretamente, la sede de Petrodelta, una empresa mixta formada por Corporación Venezolana de Petróleo (CVP, perteneciente a la estatal PDVSA) y la privada DP Delta Finance, que explotaba seis importantes yacimientos en la zona.
No fue una visita discreta: Fiyaz llegó a Petrodelta acompañado de unos ejecutivos californianos y fue recibido por el vicepresidente de PDVSA y altos cargos de CVP. Nadie avisó al otro socio, Delta Finance, fundada por Oswaldo Cisneros y encabezada hoy por su viuda, Mireya Blavia. «Nos extrañó, preguntamos, y nos dijeron que eran invitados de PDVSA», explica desde Caracas Silvestre Tovar, director de la empresa.
Las suspicacias estaban justificadas. Dos meses después, el Ministerio de Hidrocarburos revocó las concesiones de los seis campos petroleros, cuyos derechos de explotación tenía Delta hasta 2042, alegando «incumplimiento de contrato». Para entonces, los yacimientos habían pasado a manos de una pequeña empresa de California, Pacific Coast Energy Company. «Son desconocidos en el sector. Tienen un campito con unos ingresos de menos de un cuarto de Petrodelta, que no es tampoco de las grandes operadoras en Venezuela. Y les ha adjudicado unos campos con mucha capacidad de producción», asegura a THE OBJECTIVE un miembro del equipo de abogados de Delta Finance. Los hilos llevan a un fondo de inversión europeo vinculado a Alshair Fiyaz.
«Todo se ha hecho de forma irregular y oscura. Se abrió un expediente sancionador a nuestras espaldas, han vulnerado los derechos a la defensa y al debido proceso de DP Delta Finance», explica Silvestre Tovar. Un final tormentoso que culmina un recorrido marcado por la crisis, las sanciones y el impago de PDVSA a su socio, que entregaba los barriles de crudo pero nunca recibió ni dividendos ni reembolsos por las inversiones y los gastos operativos. «Supuestamente estamos en una transición a una mejora de las condiciones del país. Pero es más de lo mismo», lamenta Tovar.
¿Volvemos a los tiempos del «exprópiese» chavista, esta vez con las bendiciones de Estados Unidos? «Técnicamente, prefiero llamarlo ‘confiscación’», comenta el director de Delta Finance. «Con la expropiación normalmente te dicen: ‘Te vamos a expropiar, vamos a negociar’, y terminan dándote lo que quieran, pero por lo menos te invitan. Aquí simplemente, por ponerlo en una metáfora, cambiaron el letrero. Quitaron el nuestro, pusieron el de Pacific, dijeron: ‘Ya esta oficina no es de ustedes’, y listo».
La opacidad, dice Tovar, es frecuente. «PDVSA ya no hace empresas mixtas. A Delcy no le gustan. Ahora firman contratos de una duración de dos años, mucho más ventajosos para los socios. Pero todo el proceso es sumamente oscuro. No se sabe cuáles son los términos, ni cómo escogen a los participantes».
Es poco probable que Donald Trump haya leído a Lampedusa, pero su política en Venezuela aplica las máximas del gatopardismo: mover las fichas… para que todo siga igual. Washington «extrajo» el pasado 3 de enero al dictador Nicolás Maduro y lo sustituyó por su mano derecha, Delcy Rodríguez, y su camarilla, que no tienen ninguna prisa por dejar paso a la transición democrática. Y la Ley de Hidrocarburos que aprobaron de inmediato, en teoría para abrir y dinamizar una industria petrolera devastada tras casi tres décadas de chavismo, ha dado más poder discrecional a la cúpula y ha facilitado la llegada de personajes inquietantes, como Alejandro Betancourt.
El adjetivo más suave que la prensa aplica a Betancourt es «polémico». Se trata de uno de los bolichicos que se hicieron multimillonarios al calor de la corrupción en la etapa de Hugo Chávez, como proveedor de plantas eléctricas «de dudosa calidad», según la web ArmandoInfo. Investigado por blanqueo de capitales en Suiza y España y reclamado por las autoridades helvéticas, Betancourt tenía el pasaporte retenido en Reino Unido, donde vivía entre dos mansiones. De repente, en mayo, la fiscalía de Zúrich revocó la solicitud de extradición y Betancourt aterrizó en Caracas, en su jet privado, convertido en el hombre fuerte del petróleo venezolano. The Washington Post revelaría después las maniobras de Washington para liberarle de sus ataduras judiciales (aunque en Suiza y España la causa sigue abierta).
Betancourt ha sido mediador entre la Casa Blanca y Delcy Rodríguez, y hoy reorganiza el sector petrolero junto a Mauricio Claver-Carone, un lobista de origen cubano a quien la prensa norteamericana define como «el virrey no oficial» de Trump en América Latina. «Betancourt es el gran acomodador», dicen en Caracas. Y el operador del Gobierno estadounidense. EEUU tendrá acceso a una quinta parte del crudo venezolano a través de la petrolera de Betancourt, North American Blue Energy Partner (Nabep), en la que el Pentágono tiene el 35% de las acciones. El régimen le ha otorgado la explotación de 17 campos petroleros, con unas reservas de 65.000 millones de barriles, el 20% del total nacional. A cambio, Venezuela recibirá más de 200.000 millones en impuestos y regalías.
Este es el eje del «mayor acuerdo petrolero de la historia mundial», en palabras de Trump, sellado el 28 de agosto entre Venezuela y Estados Unidos. Con este arreglo, el presidente norteamericano promete abaratar la gasolina, que el conflicto de Irán y el cierre parcial del estrecho de Ormuz han encarecido. Una maniobra con la vista puesta en las elecciones de noviembre, de mitad de mandato. Washington también confía en devolver la confianza a las grandes multinacionales como Exxon, Chevron, Repsol o ENI, escarmentadas con el régimen venezolano y a la espera de más certidumbre política y judicial. De momento, solo Chevron ha anunciado que invertirá 7.000 millones de dólares (unos 6.027 millones de euros) en los próximos cinco años.
Episodios como el de Delta Finance no contribuyen a disipar las reticencias. «Que sepamos, somos la única de las 42 empresas mixtas a las que han quitado los activos. A otras les han quitado las acciones. Y eso a pesar de que somos de las pocas petroleras que están en ‘Good Standing’, es decir, legalmente activas, registradas y al día con sus obligaciones fiscales y normativas», explica Silvestre Tovar. «Aunque seamos una compañía local, las grandes se ven reflejadas en nuestro espejo».
Delta Finance no se ha quedado atrás. Su equipo legal informó a las autoridades estadounidenses de las irregularidades: la embajada, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, que dirige Marco Rubio, no han dado respuesta. «No pueden decir que no sabían lo que estaba pasando, por lo menos con nosotros». También contactaron ya en mayo con Pacific Coast Energy en California. «Les dijimos que se estaban metiendo en una empresa que ya tenía un dueño. Según su abogado, PDVSA les dijo que se ocuparía de nosotros».
Delta Finance no descarta recurrir a los tribunales estadounidenses y al arbitraje internacional, más allá de los poco fiables tribunales en Venezuela. Cifran el daño ocasionado en 2.000 millones de dólares (unos 1.720 en euros). Mireya de Cisneros ha dejado claro que no busca indemnización, sino recuperar los campos de la empresa mixta. «Este proceso no solamente afecta a la parte petrolera y económica», señala Silvestre Tovar. «Estamos hablando de la marcha del país, de una nueva etapa que se puede frustrar».
El rumbo que está tomando la Casa Blanca ha agudizado la preocupación. «Estados Unidos está propiciando la apropiación de activos y ha firmado un acuerdo inconstitucional con un gobierno opresor e ilegítimo», asegura el economista Ricardo Hausmann, exministro venezolano y profesor en Harvard. «Delcy carece de autoridad constitucional para comprometer a Venezuela en un acuerdo de este tipo. No prosperará. Ninguna gran petrolera estadounidense lo tomará en serio, pues saben que no perdurará».
La propia María Corina Machado, líder de la oposición y artífice de la victoria electoral de Edmundo González Urrutia en 2024, no esconde su desánimo. La reactivación de la industria de hidrocarburos es vital para la reconstrucción de Venezuela, dice, y la ayuda de EEUU es crucial, pero «las cosas tienen que hacerse bien». Es decir, «con seguridad jurídica, un marco legal transparente, con reglas aprobadas por una Asamblea Nacional legítima, no por decreto ni a puerta cerrada, sino con licitaciones públicas y abiertas, y una agencia de hidrocarburos independiente». Las profundas transformaciones que necesita Venezuela, subraya, pasan por un gran acuerdo nacional.
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