El contrabando ya no es un problema de puertos. Es la principal fuente de financiación del crimen organizado y de la violencia en el mundo. Y en Colombia es el combustible de la guerra. Los drones acondicionados con artefactos explosivos ingresan en su mayoría de contrabando. Entre el 10 y el 12 de agosto lo demostramos con hechos, en unas jornadas de trabajo realizadas entre la Estrategia Triángulos, operada por StrategosBIP, la Universidad Militar Nueva Granada, en alianza con HSI de los Estados Unidos y el sector privado, y con la participación del Instituto de Ciencia Política, Ameripol, la Dian y las Aduanas de Panamá.
Ahí se dijo, con claridad, lo que el Estado no ha querido asumir de forma íntegra. El contrabando no se atrapa solo en el muelle, ni en las carreteras y bodegas. Se devela siguiendo el papel y el hilo del dinero. Cuando se cruzan datos de importación y exportación y encuentra precios que no cuadran, pesos que no coinciden y destinos que no tienen lógica comercial, ahí está el lavado basado en comercio. Esa fue la lección central que trajo HSI con su modelo de Trade Transparency Units. No es una teoría. Es una metodología probada que nos demuestra que mientras sigamos contando cajas incautadas, las redes están contando volúmenes de dólares lavados.
La segunda verdad es igual de contundente, las rutas no respetan fronteras. Se golpea en Buenaventura y la carga se mueve a Turbo. Golpea en Turbo y se va por Panamá o Guayaquil. Golpea en Guayaquil y aparece en Aruba. Es un sistema elástico, adaptativo, que se mueve más rápido que nuestras instituciones. Por eso la integración regional no es retórica. Es una necesidad operativa.
El sector privado trajo a la mesa lo que el Estado no tiene, inteligencia real de mercado. Gracias a esos aportes, identificamos a Aruba y Curazao como plataforma de trasbordo de cigarrillo de contrabando hacia Venezuela, Colombia y Panamá. Y detectamos algo nuevo y muy grave, una ruta emergente de cigarrillos que viene desde Corea del Sur y que tiene invadida de cigarrillo ilícito a Latinoamérica y el Caribe. Esto no es contrabando hormiga. Es una industria criminal transnacional, sofisticada, con logística propia, con capacidad de penetrar mercados legales y que financia estructuras terroristas.
La conclusión es precisa y hay que decirla sin eufemismos, el comercio ilícito financia la guerra. Es un negocio sofisticado. Se mueve más rápido que el Estado. Y ninguna entidad sola puede con él. Estos hallazgos no son aislados. Convergen, punto por punto, con el informe técnico presentado por la Universidad Militar Nueva Granada al gobierno, particularmente en el pilar relativo a las economías criminales, multicriminalidad y flujos de poder.
Colombia urge de una Estrategia Nacional contra las economías criminales. Con centros integrados de inteligencia operativa, financiera, aduanera y criminal en los territorios fuente de las finanzas ilícitas. Porque estas, son las que capturan las instituciones. Colombia está de 99 en el Índice de Percepción de Corrupción, la UIAF está aislada del mundo para el intercambio de información a través del Canal Seguro Egmont y la DNI está desmantelada.
Esto mismo se discutió en el foro de Prisa Inspira, «Economías Criminales y Control Territorial». La pregunta fue directa y es la que debe hacerse el próximo gobierno: ¿Por qué perseguir las finanzas sigue siendo el eslabón más débil?
Si el comercio ilegal financia la guerra, la respuesta no puede ser decomisar cajas. Tiene que ser desarticular mafias, seguir el dinero, intervenir las rutas que lo mueven y proteger a las instituciones que deben combatirlo.
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