Jean Carlo Mejía Azuero
Postdoctor en geopolítica y seguridad.
Asesor y consultor internacional.
La multicriminalidad es amorfa y constituye un fenómeno altamente complejo. Coopta al Estado, pero también al empresariado y a las comunidades; su elemento transversal es la corrupción en todos los niveles. Va mucho más allá de las economías criminales y del crimen organizado tradicional, pues simula, cogobierna y, en tiempos de conflicto armado, representa la peor «niebla de la guerra» jamás vista en términos clausewitzianos.
Esta forma de ilegalidad estructural opera a través de franquicias y células compartimentadas, aunque puede emplear estructuras mayores en casos de crímenes de lesa humanidad, de guerra, genocidio e incluso el crimen de agresión. Esto último ocurre en Rusia, donde el negocio del mercenarismo ha roto totalmente los parámetros conceptuales del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de la Convención de 1989 sobre el tema, dando paso a una forma sin precedentes de trata de personas con fines de explotación laboral.
La multicriminalidad comprendió la globalización mucho mejor que los Estados y la comunidad internacional, dejando en crisis los sistemas de cooperación judicial y policial, incluida la extradición y otras figuras del derecho internacional penal. Hoy en día, la multicriminalidad de un país puede ser dirigida desde otro continente, incluso mediante ataques cognitivos que no implican una declaración formal de guerra o su existencia fáctica. Por ejemplo, las maras, en su momento, eran manejadas en parte desde cárceles en Los Ángeles; los Zetas, desde Chicago; y parte del crimen transnacional en Colombia se gestiona desde los Emiratos Árabes Unidos, Rusia e Irán. Por su parte, el ELN opera en Guyana y existen bandas colombianas asentadas en el norte de Chile, dedicadas a los ciberdelitos; ni qué decir del uso de Costa Rica por las FARC.
En definitiva, la multicriminalidad lo controla todo en Estados débiles: desde el «gota a gota» hasta el tráfico ilícito de especies, poniendo contra la pared a los Estados cuando estos insisten en combatirla únicamente mediante métodos tradicionales como el uso de la fuerza.
La multicriminalidad integra sistemas adaptativos que impiden caracterizaciones tradicionales, la investigación judicial a la vieja usanza y el accionar de agencias de inteligencia propias de otros tiempos.
Los sistemas que integran la multicriminalidad —por ejemplo, en el caso colombiano— parten de la macrocriminalidad o crímenes de sistemas; entre ellos, los procedentes del conflicto armado, con conductas y tipos penales muy diversos. A esto se suma un sistema de delincuencia común que, cada vez más, se imbrica con otros tipos de conductas delictivas, brindando capacidades operativas diferenciales y aprovechando los vacíos legales, las fallas de la política criminal, la burocracia procesal penal —razón por la cual se debe actualizar y contextualizar el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA)— y, además, el sistema de integración criminal más poderoso del mundo: el penitenciario. Las cárceles se convirtieron en las «universidades de posgrado» más estructuradas del crimen global, comenzando por la de Abu Ghraib, en Irak, desde donde se gestó ISIS tras el contexto de torturas perpetradas por soldados estadounidenses en la lucha contra el terrorismo.
De igual forma, encontramos el sistema de crimen organizado con todos sus tentáculos: fenómenos no necesariamente ligados al narcotráfico, pero sí propios de una extendida cultura de la ilegalidad en la que conviven múltiples actores. El padre de la descripción de este fenómeno fue John Landesco en su clásico Organized Crime in Chicago (1929). El crimen organizado compra al Estado o lo penetra e infiltra por otras vías. En Colombia, este fenómeno se evidenció claramente con el Cartel de Cali y su estrategia para enfrentar al establecimiento, muy distinta a la empleada por el Cartel de Medellín. La estructura detrás del Cartel de Cali —que incluso instrumentalizó a académicos y los postulados de la criminología crítica— no se ha investigado ni descrito en toda su dimensión, en gran parte por la ausencia de una verdadera inteligencia criminal, campo liderado en su momento por oficiales como el brigadier general de la reserva policial Juan Carlos Buitrago.
Pero si a lo anterior le sumamos la delincuencia organizada transnacional, el panorama empeora drásticamente. Aquí no hablamos solo de narcotráfico, lavado de activos o contrabando, sino de múltiples conductas que parecerían no tener conexión, pero que en realidad sí la tienen: por ejemplo, el vínculo entre actores como el ELN y el Clan del Golfo con estructuras de tráfico ilícito de migrantes en el Caribe. Y mientras se recluta a militares y policías retirados para llevarlos bajo engaño a la República Democrática del Congo, Rusia, Yemen o Arabia Saudita, Colombia ve un flujo creciente de migrantes irregulares que huyen de Asia y África para intentar llegar a Estados Unidos transitando por nuestro territorio.
De esta manera, el hurto de un celular o de un reloj Rolex en Bogotá puede ser dirigido desde las favelas de Río de Janeiro o São Paulo; el contrabando de medicamentos es movido desde ciertos países de Europa; y la formación de sicarios menores de edad se articula desde Ecuador y Venezuela con el propósito de incorporarlos como escudos humanos en Grupos Armados Organizados (GAO) en diversos departamentos. Todo esto sucede mientras se deforesta y se trafica ilegalmente con especies en la Orinoquía y la Amazonía, e ingresan al país armas de todo tipo, municiones, drogas, licores y cigarrillos. Nuestras fronteras —y las de otros Estados— dejaron de ser porosas: hoy sencillamente no existen para la multicriminalidad. De ahí que las políticas nacionalistas antimigración resulten inútiles y solo generen inmensos problemas que no se resuelven desplegando militares, policías o fuerzas intermedias —piénsese en el caso reciente de los ciudadanos marroquíes llegando a España—.
Si a este panorama sombrío le sumamos contextos de guerras proxy, híbridas y cognitivas, la niebla densa desciende hasta el piso. La geopolítica de la multicriminalidad se ha llevado por delante a la de los Estados, y estos —incluido el colombiano— no están preparados para enfrentar semejante amenaza. Principalmente porque, en los territorios perdidos para la legalidad —como todo el occidente colombiano, el Catatumbo, el sur e, increíblemente, sectores de la misma Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, entre otras ciudades—, quienes controlan realmente las tasas de homicidio y otros fenómenos son estructuras criminales multinivel. ¿O es que acaso hemos olvidado que, a menos de dos kilómetros del centro del poder de las tres ramas del Estado y de los órganos de control —es decir, en las narices de todos—, en el «Bronx» se asesinaba a personas, se les descuartizaba y se las disolvía en canecas de 55 galones con ácido, sin que poco o nada pasara? Podemos tener «militarizados» y llenos de autoridades civiles territorios, y estos siguen siendo manejados totalmente por los actores ilegales. Una cosa significa el territorio para el Estado y una totalmente diferente para los criminales.
Recientemente se han producido documentos con recomendaciones esenciales en materia de seguridad y defensa —entre ellos, los aportes de ACORE y de otras organizaciones— que constituyen insumos apicales no solo para el gobierno de turno, sino para el Estado colombiano en su conjunto. Es imposible combatir la multicriminalidad únicamente desde el Ejecutivo: se requiere de todo el Estado y, en realidad, de la cooperación entre altas partes contratantes. Colombia puede asumir un liderazgo mundial —no solo regional— para hacer frente, desde la inteligencia estratégica y su componente multicriminal, a estructuras que jamás habrían sido visualizadas hace apenas unos años. Como le decía un gran general en servicio activo a otro gran general en retiro hace pocas calendas: la guerra de hace cinco años es totalmente diferente a la de hoy, mi general…
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