“A la economía venezolana la han rescatado las guerras. A Hugo Chávez lo rescató la invasión en Irak en 2003 y la de Ucrania a Nicolás Maduro”, afirmó el economista Ángel Alvarado, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, al referirse que en buena medida parte de la recuperación productiva del país en 2022 se debe al repunte de los precios del crudo, sobre todo tras la acción militar de Rusia en febrero pasado. “El alza de los precios actual del petróleo tiene que ver con una guerra, como ocurrió en el pasado entre Irán e Irak, la de Yom Kippur o las del golfo. Todas las guerras se acaban y hay que estar preparados para esa caída si no hay cambios en el volumen de exportación”, acotó.
La advertencia viene a ensombrecer los discursos de optimismo a juro que predominan en las declaraciones y mensajes de emprendedores, empresarios e influenciadores que se expresan sobre todo en las redes sociales y los medios de comunicación en Venezuela.
El monitoreo que realiza el OVF indica que en 2022 se registra una desaceleración en el ritmo de crecimiento de las exportaciones petroleras, aún cuando se retomaron los suministros a Repsol y ENI tras la autorización que otorgó el Departamento del Tesoro a estas empresas europeas para recibir crudo venezolano pero estos volúmenes son para la amortización de deuda que tiene Petróleos de Venezuela (PDVSA) con esas compañías, informó Petroguía.
“En caso de no ocurrir cambios, lo que vamos a tener en el segundo semestre es un valle en el comportamiento de las exportaciones petroleras”, dijo Alvarado. “Si no hay cambios en el volumen de exportación de crudo, la mejora que vamos a ver es solo por la vía de los precios y el final la historia se repetirá porque los precios del crudo terminan cayendo”, añadió.
Alvarado profundiza su explicación señalando que en caso de que no existan modificaciones en la política de sanciones, junto a modificaciones que se adopten internamente con el fin de reactivar la inversión, el crecimiento de la economía en 2022 podrá convertirse en 2023 en un estancamiento económico.
Las perspectivas que tiene la Cámara Petrolera de Venezuela (CPV) son similares a las que indica el OVF, incluso con el agregado de que el soporte con ligero crecimiento que se pueda alcanzar básicamente se le debe a la Empresa Nacional de Petróleo de Irán (NIOC por sus siglas en inglés) a través del canje de condensados por crudo, el suministro de aditivos para las refinerías y la comercialización que realiza del producto venezolano en el mercado asiático a costa de descuentos o rebajas.
“Si se mantiene la actual situación con respaldo de Irán, podemos incrementar la producción en 200.000 barriles diarios adicionales y llegar a 1 millón de barriles por día”, sostiene Reinaldo Quintero, ahora ex presidente de la CPV. “Nuestra infraestructura actual da hasta 1,2 millones de barriles diarios e incluso de 1,5 millones de barriles si se hacen labores de mantenimiento”, añadió.
Quintero insiste en la necesidad del levantamiento de las sanciones por parte de Estados Unidos para elevar la producción y pone como ejemplo de reacción favorable de corto plazo lo que ocurrió con las exportaciones tras los suministros hechos a favor de Repsol y ENI.
El ex directivo gremial, no obstante, también habla de “auto sanciones” para referirse a los errores u omisiones cometidos en esta industria, tanto en el gobierno de Hugo Chávez como en el de Nicolás Maduro. En tal sentido, reitera la solicitud hecha por la Cámara Petrolera que se modifique, flexibilice o derogue la Ley que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos del Sector de Hidrocarburos.
“Si se le libera o quita el efecto que limitó los servicios de empresas privadas, eso vendría a ser como nuestro Sambil”, comentó Quintero haciendo un símil con la medida que devolvió el Centro Comercial de La Candelaria en Caracas a la empresa constructora Sambil, propiedad de la familia Cohén.
A lo anterior se suma la petición de este gremio que se restituya la confianza y seguridad jurídica mediante la utilización de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en vez de la Ley Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, cuya aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente a finales de 2020, ha sido considerada como inconstitucional e ilegal por parte de los abogados y bufetes que asesoran a compañías transnacionales socias de Petróleos de Venezuela en empresas mixtas.
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