La Fiscalía estadounidense que lleva la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén en los tribunales de West Palm Beach, Florida, realizó insinuaciones que podrían complicar más el juicio contra la enfermera de Chávez señalada por tres delitos de lavado de dinero.
En este nuevo episodio del juicio -que aún no comienza-, contra Claudia Díaz, salió a relucir el nombre del empresario de medios y magnate venezolano Raúl Gorrín, reveló Primer Informe.
Según los acusadores, la abogada de la ex Tesorera de Venezuela, Claudia Díaz, están siendo pagados por el coacusado y fugitivo Gorrín.
El gobierno destaca el hecho de que la abogada Marissel Descalzo, quien representa a Díaz, se estaría arriesgando a «responsabilidad penal», si se confirma que el sancionado Gorrín financia sus labores defendiendo a Díaz.
Marissel Descalzo
La información fue publicada en Twitter, por el reportero de la agencia AP, Joshua Goodman.
Prosecutors insinuate—without evidence—that ex Venezuela Treasurer Claudia Diaz's attorney is being paid by her fugitive co-defendant Raul Gorrin.
The government says Diaz's lawyer risks "criminal liability" if the sanctioned Gorrin is funding her defense against bribery charges pic.twitter.com/LGpQn5G8Xt
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) August 24, 2022
Claudia Díaz está detenida en EEUU desde su llegada extraditada desde España el pasado 12 de mayo. Cerca de una semana después, la acusada se declaró no culpable ante el juez William Matthewman.
Aún cuando la abogada Descalzo solicitó la libertad bajo fianza, esta no le fue concedida a su cliente. La corte estimó el presunto riesgo de fuga pues la acusada cuenta con contactos en Florida que podrían ayudarla en ese cometido y que ya han ofrecido pagar hasta 1 millón de dólares por la fianza negada.
En un escrito presentado por la fiscalía en el juzgado, para tratar el tema del financiamiento de la defensa de Díaz, dicen que basado en las representaciones anteriores de los demandados a este Tribunal y señalado en la Orden de los Tribunales – ella informó de que no tiene activos o pasivos y simplemente informó de que está financiada por su marido coacusado fugitivo, Velásquez», refiriéndose al guardaespaldas de Chávez, Adrián José Velásquez Figueroa, quien enfrenta los mismos cargos y permanece en España a la espera de su extradición.
Continúan reclamando que «de acuerdo con la sección 591-507 del VSR, el abogado sólo puede recibir fondos directamente del demandado para servicios legales. Como se discutió anteriormente, la abogada (Descalzo) no tiene una licencia específica de la OFAC para recibir fondos en nombre de la Demandada, de los coacusados fugitivos Velásquez o Gorrín. Por lo tanto, la abogada está potencialmente en violación de las regulaciones de sanciones de los Estados Unidos si está recibiendo fondos del Demandado».
«Si la abogada está recibiendo fondos de la Acusada, entonces la representación de la Acusada de que ella no tiene activos o pasivos y que es mantenida por su esposo coacusado fugitivo es una tergiversación al Tribunal, y estos activos no revelados podrían ser utilizados para huir», reitera la Fiscalía.
Finalizan su texto explicando que «si Velásquez o Gorrin están financiando su defensa y/o financiarían las condiciones propuestas mientras están en libertad temporal a través del abogado, sin la autorización de la OFAC (una licencia específica), entonces el abogado y cualquier individuo y entidad que proporcione servicios a la Demandada también se arriesgaría a la potencial responsabilidad penal».
Un documento de 14 páginas que la abogada Marissel Descalzo, apoderada legal de Claudia Díaz presentó ante el juez federal William P. Dimitrouleas, reclama que «el gobierno está buscando bloquear todo el acceso a la información».
«La única explicación de por qué el gobierno se niega a actuar de manera transparente es porque no tiene la evidencia que dice tener», expresa el texto.
La abogada Descalzo, pidió detalles sobre el supuesto lavado de dinero y cómo ella y su esposo Velásquez Figueroa, transfirieron instrumentos monetarios. También insistió en que fue Gorrín quien transfirió fondos desde cuentas de bancos suizos.
Díaz alega que el gobierno se niega a ofrecerle los documentos básicos para preparar cualquier juicio. Por esto, dice que no puede prepararse ni entender los cargos que enfrenta, ni por qué está acusada de estos delitos en un país al que no viajaba desde 2011.
El gobierno dijo que la información solicitada ya fue suministrada en las evidencias que sustentan las acusaciones. Para la fiscalía, lo ofrecido hasta ahora es suficiente «para notificar a la acusada sobre las acusaciones y para permitirle prepararse para el juicio sin sorpresas».
Díaz exige copias de documentos que muestren el día, hora y lugar de los presuntos sobornos pagados por Gorrín a Díaz, para obtener tasas de cambio preferenciales. También quieren los detalles específicos de las transacciones que ella autorizó a Gorrín y las pruebas de los beneficios que Díaz y su esposo obtuvieron de la trama.
Según la Fiscalía, Díaz aceptó 65 millones de dólares en sobornos de Gorrín para garantizar lucrativas transacciones monetarias cuando ella fue la jefa de la Oficina Nacional del Tesoro. Se estima que unos 8 millones de dólares, llegaron al sur de la Florida.
Marissel Descalzo es una abogada con raíces cubanas radicada en Florida. Sus estudios en la Florida International University y en la University of Miami School of Law, de donde se graduó magna cum laude, demuestran su preparación.
Descalzo se mueve en distintos ámbitos de la defensa privada, sin embargo, los crímenes de cuello blanco y las investigaciones del gobierno, son su fuerte.
La presencia de Descalzo en la defensa de Díaz, ya trajo un breve inconveniente al inicio del proceso cuando la acusada firmó un documento para constar que sabe que su abogada defendió previamente al ex banquero venezolano Gabriel Jiménez Aray. Ambos casos tienen conexiones, por lo que podría perjudicar a la acusada, sin embargo Descalzo fue confirmada como abogada de Díaz en el caso.
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