Venezuela, mordaza a los intérpretes: “Amenazados por los servicios”. Los organizadores desactivan el portal que recogía candidaturas

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Por Estefano Tamburrini

“Fuimos atacados por agentes gubernamentales”, cuenta Pierina Emonet, médica, que promovió la plataforma en la que se habían inscrito 100.000 personas. Los testimonios: “Estamos en peligro”.

“Han surgido casos documentados de intérpretes voluntarios perseguidos por las fuerzas estatales —Sebin, Dgcim y otros organismos— simplemente por haber colaborado como intérpretes con las brigadas internacionales de rescate”. Este es el mensaje que apareció en los últimos días en la plataforma creada para reclutar personas disponibles para cerrar la brecha lingüística entre residentes de Caracas, La Guaira y alrededores —autoridades locales, operadores, desplazados, familiares de las víctimas— y los rescatistas extranjeros llegados al lugar.

La perspectiva de su presencia en las zonas golpeadas por el terremoto del 24 de junio no gustó a los militares, recelosos ante la eventual fuga de información hacia los operadores extranjeros. Así comenzó el cerco. “Es una cuestión de seguridad nacional que ustedes no quieren entender —les dijo un agente de la Dirección de Contrainteligencia Militar—. Es mejor que se vayan”.

Luego llegaron las intimidaciones. “Habíamos creado una plataforma en línea. La idea era reclutar personas con dominio del inglés o de otras lenguas extranjeras. Pero fuimos atacados por agentes gubernamentales. No nos lo esperábamos, en tiempos de emergencia”, cuenta Pierina Emonet, médica, a Ilfattoquotidiano.it. “Recibimos numerosas amenazas y muchos voluntarios se asustaron, retirándose de una lista informal que, en pocas horas, había reunido 100.000 disponibilidades”.

La plataforma —titulada interp-aid.lovable.app, promovida en redes sociales por Emonet— fue suspendida tras las numerosas denuncias llegadas de los propios voluntarios. “Sus contactos estaban allí, en línea —añade Emonet—, a disposición de cualquiera que los necesitara, dada la magnitud de la emergencia”. Según el material recibido por Ilfatto.it, muchos voluntarios fueron contactados por teléfono o en redes sociales con mensajes amenazantes.

“Necesito salirme. Estamos recibiendo amenazas”, escribió una voluntaria al periodista Mickell Feo, que contribuyó a coordinar los trabajos de la plataforma. “Conocen a mi familia —añadió—. Y nos están pidiendo dinero”. Otra voluntaria denunció una situación similar.

También el influencer Sebastián Martínez, presa de la desesperación, denuncia: “Considero responsable al régimen si me ocurre algo”. Y añade: “Mis cuentas han sido suspendidas. Soy víctima de persecución y represión por parte de los órganos del Estado”.

Ante la magnitud de las amenazas, los organizadores decidieron desactivar el portal una semana después de su creación. “Están saliendo a la luz casos documentados de intérpretes voluntarios perseguidos por las fuerzas del orden por el solo hecho de colaborar como intérpretes con brigadas internacionales de rescate”, denunciaron los promotores de la iniciativa en una nota, citando a la inteligencia y a la contrainteligencia militar. Finalmente, los organizadores eliminaron toda la base de datos para no poner en peligro a los voluntarios.

La decisión responde a la necesidad de “preservar la integridad de todos”. Sin embargo, harían falta intérpretes allí donde las operaciones de rescate están llegando a su fin, con escasas probabilidades de encontrar otros supervivientes.

“Las autoridades apuntan a expulsar a todos —confía a Ilfattoquotidiano.it un médico que trabaja en el depósito de cadáveres habilitado en el puerto de La Guaira—. Por aquí pasan al menos 400 muertos al día. Caracas y Washington buscan ocultar la magnitud del desastre. Prevalecen los intereses”.

Por el momento, la administración de Delcy Rodríguez evita responder sobre las irregularidades denunciadas por los voluntarios o por otros sectores de la sociedad civil. También guarda silencio el encargado de Negocios de Estados Unidos, John Barrett, que en cambio elogia la “transparencia” y la “disponibilidad” de Caracas en las operaciones posteriores al sismo.

“Temen la organización de las comunidades, que en estas horas han demostrado capacidad de autogestión”, dijo el sociólogo Roberto Briceño León, denunciando las represalias de Caracas contra las iniciativas surgidas desde abajo. “En ausencia del Estado —prosiguió—, la sociedad busca su propio camino, aliándose con organizaciones como la Iglesia católica para la distribución de ayuda humanitaria”.

Aumenta así la tensión, con enfrentamientos entre agentes y ciudadanos en Parque del Oeste, porque las fuerzas del orden impedían la distribución de ayuda humanitaria, y en otras zonas del país que se consideran abandonadas por las instituciones.




 

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