Por: Equipo de investigación de Reporte Total.-
El 25 de abril de 2023, la discreción de un empresario saltó literalmente por los aires en Venezuela. La dantesca explosión de una megamansión en la exclusiva urbanización Pueblo Viejo de Lechería, en el estado Anzoátegui, no solo dejó un saldo trágico de víctimas y un cráter de escombros, sino que destrozó la cuidada fachada de su propietario: Ernesto Guevara Rodríguez, conocido en las sombras del poder como “El Nené” o “El Renco”. Acostumbrado a amasar fortunas por debajo del radar de las autoridades nacionales e internacionales, el siniestro obligó al país a volver la mirada hacia uno de los grandes sobrevivientes del festín cleptocrático venezolano.
Aunque muchos creen que Guevara permanece alejado del negocio petrolero, lejos de haberse retirado, el empresario simplemente mutó, perfeccionando el arte del camuflaje corporativo para seguir operando a control remoto desde la comodidad de sus residencias en Estados Unidos. Para poder ordeñar a la estatal petrolera sin ensuciar su firma, diseñó una sofisticada red de matrioskas empresariales sostenida por una legión de testaferros dóciles y rotativos.
En la primera línea de esta lavandería de identidades destacan dos jóvenes hermanos oriundos de Maturín, estado Monagas: Roigar Enrique y Fernando Rafael Gil Hernández, rostros visibles en compañías como Grupo de Empresas Guevara (GEGCA), Suministros y Procuras GB, С.А. o Desarrollo Tecnológico y Servicios (DTS), C.A. Estos muchachos, que iniciaron como simples empleados de la familia Guevara, sufrieron una metamorfosis milagrosa. De la noche a la mañana, sin capital previo ni pedigrí corporativo, pasaron a erigirse como los flamantes dueños en papel de un gigantesco holding de empresas fantasma. Son el escudo perfecto de la corrupción moderna: rostros anónimos, perfiles públicos inexistentes y una lealtad comprada a la medida.
A Roigar Gil se le asignó el cuidado de las “joyas de la corona” territoriales. Fue ungido como el beneficiario de las sociedades paraguas que controlaban Agropecuaria La Costanera, la firma propietaria de los hatos El Cimarrón y San Carlos, en el municipio Cedeño de Monagas. Estas miles de hectáreas, conformadas por extensas mesas geográficas —cuyas planicies, según oscuros rumores de la zona, son pistas de aterrizaje ideales para los vuelos sigilosos del narcotráfico—, terminaron siendo embargadas por el Seniat. Según rumores que la propia familia Guevara se habría encargado de esparcir en el Oriente venezolano, no fue un acto de justicia del Estado, sino un amargo pase de factura político impulsado por supuestas rencillas con el lider chavista Diosdado Cabello.
Mientras Roigar fungía de terrateniente de utilería, su hermano Fernando Rafael asumió la titularidad de la rama de tecnología, equipos y servicios industriales. Y la maquinaria no se detuvo ni un segundo. Según fuentes vinculadas a PDVSA, a través de estas empresas de fachada a nombre de los Gil Hernández, la red de Guevara ha continuado atragantándose con licitaciones multimillonarias en plena era de sanciones. Válvulas, equipos de perforación y servicios de mantenimiento pesado siguen fluyendo hacia los campos petroleros y filiales de gas del Estado bajo firmas prestadas.
El zar nunca se retiró del negocio; simplemente aprendió a esconder sus manos en los bolsillos de sus empleados.
La cofradía del fraude: Un exjuez, un “Gocho” y licitaciones fantasma
Para saquear sistemáticamente a una corporación estatal no basta con tener a un par de jóvenes dispuestos a prestar su firma; se requiere de una arquitectura legal y operativa a prueba de todo. Es aquí donde el entramado de Ernesto Guevara Rodríguez deja de ser un simple acto de oportunismo corrupto para convertirse en una estructura de crimen organizado. El diseño de esta muralla cuenta con un actor fundamental: el abogado y exjuez Raúl Blonval Paolini.
Incorporar a un exmagistrado a la nómina de testaferros es una jugada de manual de la cleptocracia. Blonval Paolini no solo le otorga a las empresas de fachada —como la contratista Procuras y Servicios RB— una pátina de legitimidad y contratos blindados jurídicamente, sino que su pasado en los tribunales sugiere el acceso a contactos clave para engavetar cualquier amago de investigación judicial en Venezuela. Él es el garante de la impunidad local.
Pero mientras el exjuez redacta el blindaje legal y la familia Guevara disfruta de su botín en los suburbios de Estados Unidos, alguien tiene que ensuciarse las manos en los calurosos campos petroleros de Anzoátegui. Ese rol de “parachoques” en el terreno lo cumple otro testaferro, Rafael Ángel Blanco Castillo, quien actúa como la cara visible de otras empresas del grupo, como Sandpiper Group Ltd.
Sin embargo, el verdadero cerebro que hace que los engranajes de esta maquinaria giren con precisión milimétrica es un ingeniero de sistemas conocido en el holding como Enrique “El Gocho” Padrón. Operando desde las sombras, con tentáculos que se extienden por Zulia y Anzoátegui, Padrón es el administrador real de los contratos. Su pericia técnica es lo que permite al cartel burlar los sistemas de compras del Estado.
Según fuentes vinculadas a PDVSA, Padrón es el artífice de la burla más descarada del grupo: las licitaciones colusorias. Cuando la petrolera, sus empresas mixtas o incluso PDVSA GAS, requieren millonarios suministros de compresores, válvulas o repuestos de hidrógeno, el holding de Guevara inunda el proceso con ofertas provenientes de sus múltiples compañías de maletín. Hacen que el exjuez Blonval compita contra Blanco Castillo y contra los hermanos Gil Hernández. Ante los ojos del Estado, es un proceso de contratación transparente entre proveedores independientes. En la realidad, es una obra de teatro grotesca donde Guevara compite contra sí mismo para asegurar que, sin importar quién gane la licitación, los dólares terminen siempre en las mismas cuentas bancarias.
La lavandería panameña y la burla al Tío Sam
El nivel de escrúpulos de esta red criminal queda en evidencia cuando se revisa el árbol genealógico del fraude. Para establecer su cabecera de playa en el sistema financiero internacional, Ernesto Guevara Rodríguez no dudó en utilizar a la figura más incondicional y vulnerable de su entorno: su propia madre. La hoy difunta Esperanza Rodríguez de Guevara, una señora que bordeaba los ochenta años y sin la más remota experiencia en el negocio petrolero internacional, fue colocada, en principio, como presidenta de una de las sociedades offshore en Panamá, firmando documentos junto al joven testaferro Fernando Gil Hernández. Una anciana y un empleado convertidos, en el papel, en magnates de la energía.
Pero para mover millones de dólares de la corrupción sin disparar las alarmas globales se necesita más que prestanombres dóciles; se requiere alquimia financiera pura. Esa tarea recayó en el “Clan Moncada”, un grupo de contadores y gerentes que fungen como los arquitectos de los números del holding, encargados de maquillar balances y articular firmas en Venezuela, Panamá y Estados Unidos. Su obra maestra fue la creación del “santo grial” del lavado de dinero: su propio banco en las sombras.
A través de sus abogados, la red constituyó en Panamá la firma GF Pancreditos, S.A., inyectándole medio millón de dólares de capital y consiguiendo una licencia oficial del Estado panameño como entidad financiera. Al frente de esta lavandería institucional colocaron a José Jesús Urbina Mendoza, el testaferro de mayor jerarquía internacional de Guevara. Con este “banco propio”, que operó a sus anchas entre 2019 y 2022, el esquema era redondo: la financiera recibía el dinero sucio cobrado a PDVSA, pudiendo luego “prestárselo” a las empresas de Guevara en Estados Unidos. Una táctica clásica de *loan-back* (autopréstamo) para que los dólares producto del saqueo entraran al sistema financiero estadounidense disfrazados de créditos legítimos.
Y es aquí donde la burla alcanza proporciones federales. Mientras Guevara y sus hijos (Ernesto Luis y E. Victoria) operan corporaciones espejo desde oficinas propias o buzones comerciales en Houston, Texas, y Miami, Florida, siguen lucrándose del crudo venezolano, escupiéndole en la cara a las sanciones de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). ¿Cómo burlan al Tío Sam desde su propio patio trasero? Con una triangulación logística descarada.
Según fuentes vinculadas a PDVSA, los herederos corporativos del zar compran maquinaria pesada, válvulas y compresores a fabricantes en China y ordenan su envío marítimo a México. Una vez en territorio azteca —y con el rastro estadounidense borrado del destino final—, los equipos son reexportados a las instalaciones de la petrolera en cualquier rincón de Venezuela, donde las compañías a nombre del exjuez Blonval o el operador Rafael Blanco se encargan de cobrar la jugosa factura.
Es la radiografía perfecta de la impunidad moderna: un contratista que exprime a un país quebrado a través de empleados y ancianas, mientras invierte el botín desde el imperio que jura sancionarlo, todo bajo la mirada ciega de las autoridades. La revolución, para la familia Guevara, siempre fue un negocio en dólares triangulados.
El espejismo corporativo y la carta de los 400 mil dólares
Para sostener este colosal fraude, el clan Guevara ha sembrado un bosque de siglas y razones sociales a lo largo del continente, creando un ecosistema donde las empresas se clonan según la conveniencia del lavado. En Venezuela, la telaraña se ha compuesto de firmas tales como, Desarrollo Tecnológico y Servicios (DTS), el Grupo de Empresas Guevara (GEGCA), Servicios Técnicos Industriales Anaco 81 (Stiaca), Propietaria DTS, entre otras. Pero el verdadero truco de magia financiera radica en el “espejismo corporativo”. Mientras en Anzoátegui los testaferros de bajo perfil meten las facturas en las oficinas de PDVSA, en Estados Unidos el zar y su descendencia cobran a través de compañías espejo como DTS International LLC o Ventex International Corporation, para gozar de los petrodólares bajo la protección del sistema norteamericano.
La prueba reina de esta burla transnacional, y de la insaciable voracidad de la red, quedó plasmada en una misiva oficial fechada el 13 de abril de 2023. Apenas doce días antes de que la fastuosa mansión de Guevara en Lechería volara en pedazos, su empresa Suministros y Procuras G.B., C.A. envió una oferta formal a Petroquiriquire, S.A., una empresa mixta filial de la estatal petrolera. El documento, firmado vagamente por “E. Guevara” —una ambigüedad calculada para proteger tanto al padre como al hijo residenciado en Houston—, proponía la venta de un sistema de compresores de aire importados por la escandalosa suma de más de 405 mil dólares.
Esa carta es un monumento al descaro. Al fecharla y firmarla presuntamente desde Lechería, los Guevara fabricaron una coartada geográfica perfecta para despistar a la OFAC: ante los ojos de las autoridades estadounidenses y del sistema SAP de PDVSA, fingían ser una modesta empresa local operando en Venezuela, cuando en realidad cuadraban la triangulación de los equipos desde sus oficinas comerciales en Norteamérica.
Y por si el cinismo necesitara confirmación, la maquinaria demostró no tener pausa ni escrúpulos. Apenas semanas después del estallido de la mansión en Pueblo Viejo, con el país entero especulando sobre el paradero y la repentina exposición del empresario, la red tuvo la sangre fría de presentar ante PDVSA la estructura de costos para justificar el precio en dólares del compresor. Para esta cofradía de cuello blanco, ni los escombros humeantes de su propia opulencia fueron motivo suficiente para detener la máquina de ordeñar al Estado.
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