Diego Antonio Salazar Carreño es hijo del exguerrillero, exconstituyentista y miembro fundador del partido Movimiento Quinta República (MVR) en Venezuela, Diego Antonio Salazar Luongo. Primo por parte materna del exministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Según escribiese la periodista Olga Wornat, en La Nación de Argentina, “Salazar Carreño pasó de vendedor de pólizas de seguro a convertirse en uno de los hombres más ricos de Venezuela, y todo gracias a su poderoso pariente, quien le otorgó el multimillonario contrato de la póliza de seguros y reaseguros de Petróleos de Venezuela. Al “Rojo de Oro” le encanta la fiesta, el derroche y los lujos. Vacaciona en Dubai, donde se traslada en su avión, con mucamas, chefs y custodios. Tiene mansiones en EE.UU. y Europa. En Caracas, adquirió un lujoso piso en la urbanización Campo Alegre, pero como le resultaba poco, compró el edificio. Aficionado al canto, creó una orquesta de cien músicos de salsa -con salarios en dólares- con los que ensaya tres veces por semana en el hotel Marriott, cuya planta baja se cierra para él y su banda”.
Según un reportaje de Wall Street Journal, Salazar, junto con Rafael Ramírez, pedían sobornos para presentarse a licitaciones de proyectos de energía. Ambos serían investigados por autoridades federales estadounidenses.
Según un reportaje del diario español El País, publicado el 13 de septiembre de 2018, su nombre engrosa una lista de 28 procesados por blanqueo de capitales entre 2007 y 2012 de Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa). Según la investigación, mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, se movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra. Asimismo, en la lista de procesados también aparece su esposa, Rosycela Díaz.
Se llamaban “empresas de maletín», carecían de actividad y sirvieron para ocultar un emporio inmobiliario en Venezuela fraguado con los más de 2.000 millones de euros expoliados por una red de exministros del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) de la joya de la corona del país, la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
El empresario Diego Salazar, presunto cerebro de la trama que saqueó PDVSA, controló un tinglado de 100 compañías fantasma en Venezuela para ocultar la adquisición de propiedades en el país latinoamericano, según reseñase el diario EL PAÍS.
Por primera vez, el ministerio público venezolano sitúa a Salazar como “socio” de Rafael Ramírez, el que fuera presidente de PDVSA, ministro de Energía y Petróleo y hombre fuerte de los Gobiernos de Chávez.
La telaraña mercantil de Salazar se constituyó entre 2004 y 2016 y controló directamente 28 propiedades. Un apartamento junto a la paradisíaca playa de Tucacas, en el Estado de Falcón, brillaba en el emporio.
La maraña societaria tenía un denominador común: la mayoría de firmas compartían domicilio fiscal. Y 39 de ellas se encontraban en el centro de negocios de Salazar, un acristalado enjambre de oficinas en la Torre Edicampo del municipio de Chacao. Solo una de las compañías, Inversiones CS, cuyo accionista era Luis Mariano Rodríguez, primo de Salazar, tenía 11 locales comerciales a su nombre.
“La finalidad [de las empresas] era ocultar los bienes y la fortuna de los verdaderos propietarios”, indica la Fiscalía de Venezuela en un escrito de acusación contra Salazar y su primo José Enrique Luongo. El documento atribuye a los investigados los delitos de corrupción, tráfico de influencias, legitimación de capitales (blanqueo) y asociación.
Los investigadores descubrieron el tinglado empresarial ficticio durante las indagaciones del saqueo de la petrolera pública. Tirando del hilo, hallaron al registrar decenas de domicilios que las supuestas compañías ocupaban locales vacíos. Así lo reveló en 2017 una inspección policial a dos presuntas firmas controladas por Salazar en la Torre JWM El Rosal de Caracas.
Junto a Salazar y Luongo, las sociedades instrumentales tenían en sus órganos sociales a otros dos miembros del denominado clan Salazar, Rosycela Díaz Gil y Luis Mariano Rodríguez Cabello.
La Fiscalía de Venezuela sitúa a Salazar en el epicentro de una trama de cobro de comisiones a empresas entre 2007 y 2012. Su red se valía para hacer caja de la relación con su primo Rafael Ramírez, que dirigió 12 años PDVSA. Durante este periodo, la petrolera estatal pagó 4,5 millones de euros por informes inexistentes a Alejo Morodo, hijo del exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo.
La organización de Salazar blanqueó en Andorra –según la Fiscalía- un total de 1.347 millones entre 2011 y 2012. El dinero procedía de presuntas comisiones abonadas por compañías, principalmente chinas, a cambio de adjudicaciones del Estado de Venezuela. La red pagaba millonarias comisiones a los directivos de PDVSA y sus filiales con capacidad para otorgar contratos.
Documentos revelan que otro de los miembros de la trama, el que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos, abonó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 5,2 millones a José Luis Parada, exdirector de Producción de PDVSA. Villalobos ordenó el pago a través de una de sus sociedades panameñas, Tristaina Trading, en virtud de un “acuerdo verbal” en enero de 2010. El exviceministro se comprometía en el acuerdo hablado a retribuir al directivo de la petrolera con hasta 10 millones. Parada solo cobró en la BPA 5,2 en un traspaso interno, un mecanismo que no deja rastro, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) del pasado octubre. Un juzgado del principado pirenaico procesó en 2018 a Villalobos junto a otras 27 personas por el saqueo de la petrolera.
A través de otra sociedad instrumental panameña, Josland Investments, Villalobos también transfirió 440.000 euros a Alonso Javier Rodríguez, ex responsable de Proyectos de Corpolec, filial eléctrica de petrolera. Rodríguez justificó ante la BPA sus ingresos como honorarios por unos supuestos servicios de asesoría. Como él, otros altos funcionarios del conglomerado energético venezolano esgrimieron este argumento para burlar los controles de prevención de blanqueo del banco. Una justificación que no convence a los investigadores.
Las pesquisas enmarcan estos pagos en un mecanismo de sobornos a cambio de adjudicación de obras. En esta línea, la trama desembolsó en la BPA 3,5 millones en febrero de 2012 a Carmelo Urdaneta, exabogado del Ministerio de Petróleo del Ejecutivo de Chávez.
Las indagaciones también han aflorado sospechosas operaciones que tienen como protagonista a Mariela Matheus Baptista, ex supervisora de pagos de PDVSA. La antigua empleada de la petrolera cobró 250.000 dólares en marzo de 2011 como supuesta devolución de un préstamo que le concedió a una de las sociedades de la trama, High Advisory Consulting. Los investigadores consideran que no existió tal préstamo, ya que la firma receptora del dinero tenía una liquidez de 5,8 millones. Las pesquisas conectan la transacción con un soborno. Matheus Baptista fue arrestada el pasado julio por su presunta conexión con la trama que saqueó la petrolera.
Por otra parte, la juez instructora del caso en Andorra ordenó rastrear el patrimonio en el principado pirenaico del que fuera directivo de la filial de PDVSA Corporación Eléctrica Nacional (CADAFE), Carlos Enrique Luongo. El exdirectivo manejó una cuenta en la BPA donde cobró 172.544 euros entre 2013 y 2014 por supuestos servicios de asesoría. La magistrada también ordenó cuantificar el supuesto botín en Andorra del que fuera primer secretario de la Embajada de Venezuela en Pekín Luis Enrique Tenorio. La red de Salazar cobró presuntamente comisiones a empresas chinas para “facilitar” contratos en Venezuela.
Salazar fue arrestado en diciembre de 2017 en la cocina de una de sus tres oficinas de 600 metros de la Torre Edicampo de Chacao. Los investigadores encontraron en la caja fuerte de su dormitorio un documento de 14 páginas de un juzgado de Andorra del 30 de noviembre de 2012, cuando arrancó en el país pirenaico la investigación del expolio de la petrolera. Otro de los papeles revelaba que Salazar dio poderes en 2015 a Carlos Enrique Luongo para comprar el 80% de la firma de ingeniería de San Sebastián de los Reyes (Madrid) RLG Asociados.
A golpe de transferencias invisibles, la red de Salazar movió su botín a través de un enjambre de 40 empresas. De Andorra, un pequeño Estado en Europa blindado hasta 2017 por el secreto bancario, el dinero viajó a los paraísos fiscales de Belice, Panamá e Islas Vírgenes Británicas.
Según documentos vistos por el diario EL PAÍS, el fabricante sevillano de generadores eléctricos Ingelec pagó 2,7 millones de euros a la red de sobornos de PDVSA. Como en todos estos casos, los pagos se realizaban con la intermediación de Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez.
Ramírez y Salazar se dedicaron a cobrar sobornos a empresas a cambio de adjudicaciones públicas en Venezuela durante el Gobierno de Chávez.
El entramado ocultó en Andorra unos 2.000 millones de euros entre 2007 y 2012. Principalmente, a través de la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Esa institución financiera fue intervenida en 2015 por su participación en la trama internacional de corrupción protagonizada por Odebrecht.
La Justicia andorrana imputó el pasado mayo a Ingelec por un presunto delito de blanqueo de capitales. La firma sevillana transfirió entre 2009 y 2010 un total de 2,7 millones de euros a una sociedad panameña.
El dinero acabó en una cuenta en la Banca Privada d’Andorra. La cuenta era utilizada para pagar gastos del primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar.
Salazar es uno de los presuntos cabecillas de la trama. Y figura desde 2018 entre los 28 procesados por un juzgado de Andorra por integrar esta red de sobornos y corrupción vinculada con PDVSA. Allí también están los exviceministros chavistas de Energía, Javier Alvarado y Nervis Villalobos.
Los fondos de Ingelec acabaron en una cuenta en el BPA que se utilizó para abonar en 2009 gastos de alojamiento de más de un millón de euros en el hotel de lujo Four Seasons de París. También para enviar 834.000 euros a Estados Unidos para la compra de un inmueble.
Los investigadores andorranos sospechan de la transferencia de Ingelec. Y sostienen que la firma sevillana abonó los fondos a través de la sociedad pantalla (sin actividad) Pessons Mountains del empresario venezolano Roberto Javier Cobucci.
Cobucci justificó ante la BPA que el dinero de Ingelec respondía a un contrato público para la instalación, montaje y mantenimiento de maquinaria para la compañía Electricidad de Caracas.
Los investigadores cuestionan esta versión. “No se ha tenido acceso al encargo de Electricidad de Caracas”, indican en un informe.
Junto a Ingelec, la jueza andorrana Stéphanie García imputó el pasado mayo por blanqueo a Cobucci y a su sociedad Pessons Mountains.
No es la primera vez que los fondos del primo de Rafael Raímrez centran la mirada de los investigadores andorranos El empresario intentó en 2012 enviar 40 millones de Suiza a Francia para la adquisición de una propiedad. Pero una juez bloqueó esta operación.
Desde que a principios de febrero del año 2018 se conoció la presunta vinculación de la exmiss Venezuela Claudia Suárez con el primo de Rafael Ramírez y detenido por desfalco en Pdvsa, Diego Salazar, no se supo más de ella en Venezuela. La presentadora de televisión habría sido una de las clientas de la Banca Privada d’Andorra. Suárez ingresó 1 millón de dólares (816 mil 695 euros) en una cuenta a su nombre en el paraíso fiscal, provenientes de una relación comercial con las empresas High Rise y Red Bouquet.
Y es que Salazar fue el patrocinante de Suárez en el Miss Venezuela en 2006. La joven, que pasó los primeros días de enero de 2018 en las montañas de Vail, Colorado, ostentaba de un chofer, una camioneta blindada y un lujoso apartamento en Campo Alegre -zona predilecta de Salazar. Incluso, compró un vehículo para su padre.
Luego del Miss Venezuela, Salazar la contrató junto a otras modelos, para que trabajaran en sus empresas como secretarias o hacer lobby con empresarios extranjeros. Fuentes relacionadas al concurso revelaron que el vínculo entre Diego Suárez y Claudia Salazar se dio a través de la profesora de pasarela, Gisselle Reyes.
Pagó sobornos para cerrar investigaciones
«¿Qué hizo Diego? Esto te lo digo aquí en privado, llamó a unos amigos policías y les dio como 80.000 dólares y vino la policía y cerró el caso». El que relata el soborno pagado en Venezuela es Luis Mariano, el hombre encargado de gestionar las cuentas en Andorra de Diego Salazar Carreño, enriquecido por sus negocios con Petróleos de Venezuela, reseñó en 2017 EL MUNDO.
Su interlocutor es el gestor de la Banca Privada d’ Andorra (BPA) Pablo Laplana, al que la Guardia Civil española intervino los teléfonos ante las sospechas de que ayudaba a lavar dinero a la mafia rusa. Todo indica que no sólo a la mafia rusa.
Los informes de la operación Clotilde revelan que a finales de 2012 Andorra bloqueó cuentas vinculadas a Salazar en las que había «200 millones de dólares», y por la que habían pasado «miles de millones». Con el bloqueo comienza la operación para levantarlo, algo que según fuentes jurídicas se logró. «Diego [Salazar] quería hacer lo mismo, o sea, sobornar a las autoridades andorranas para que zanjasen el bloqueo judicial», indica el informe remitido a la Audiencia Nacional.
Pero el soborno no es la única vía. Días más tarde el hombre de Salazar y el gestor de BPA comentan que otro directivo de la entidad había propuesto mandar «unas chicas» a hacer «masajes» al policía de Andorra que estaría detrás del bloqueo. Laplana dice que «no habría ningún problema, que juntaría más dinero del que necesitaría».
Según las conversaciones, el bloqueo de fondos se debió a las sospechas de origen corrupto de los fondos, «motivados por el parentesco de Diego con su primo», en referencia al embajador Carreño. Otra conversación entre el gestor del BPA Laplana y un abogado de Salazar llamado Dominique culpan a una alerta francesa generada por una transferencia sospechosa de 99.000 dólares para que Salazar mantuviera en París sus «gastos en hoteles, cenas de lujo, relojes y propiedades». «Aquí lo único que hace es disfrutar de la vida y lo hermoso que es París», comentan entre risas los interlocutores. A su juicio, el único problema es que «estos señores no quieren pagar impuestos». Sólo reconocen una «pequeña trampa»: que usan sociedades opacas de Belice o Panamá.
Los desvelos del BPA por los fondos venezolanos bajo sospecha no se limitan al gestor Laplana, que también estuvo destinado en Banco de Madrid. Se extienden a la cúpula del banco y alcanzan al Gobierno andorrano. «También nosotros por nuestro lado», se escucha relatar al gestor de BPA, «a ver, el director general ya se ha reunido con el ministro de Finanzas y con la directora de lo que sería el banco central de Andorra. Se ha reunido con ellos dos para plantear el malestar por esto», comenta Laplana para demostrar su compromiso con el cliente.
En otra conversación, y entre risas, se dan detalles del encuentro entre un abogado de Salazar y el ministro andorrano. El letrado exhibe documentos oficiales de Venezuela que supuestamente justificarían las operaciones bajo sospecha. El informe de la Guardia Civil recoge que «al final viene la coletilla con el texto ‘Patria Socialismo y Muerte’ y el abogado le dijo irónicamente que se quedaba ‘con las palabras Patria y Socialismo, y no sé tú…'».
El abogado hace ver al ministro la dimensión de lo que puede destaparse. Según el resumen de la Guardia Civil, le advierte de que «en el supuesto de que se demostrase que los clientes imputados pertenecieran a una banda criminal que ha movido más de mil millones de dólares deberían preocuparse, ya que tendrían que salir a la calle con escolta».
Otros pinchazos exponen que los ingresos de Salazar no cesan y es necesario burlar el bloqueo. «Los chinos les estaban pagando y no podía ingresar en las cuentas bloqueadas», dice Luis Mariano por teléfono. Para solucionarlo planea abrir cuentas en otro país. BPA quiere que sea con ellos, pero el empresario venezolano tiene en mente otra cosa. «Luis Mariano dice que recibió directrices de Diego [Salazar] de que la apertura de la cuenta fuera en Ginebra, a lo que Laplana contesta que si tiene problemas con los suizos puede abrir en BPA Panamá y que el lunes se pondrá a manos a la obra».
Sus vínculos con las esferas del poder lo premiaron con múltiples contratos de seguros de Pdvsa que le consiguió su primo Rafael Ramírez durante su gestión como presidente de la estatal petrolera. Gracias a ello se mudó al lujoso conjunto residencial Corteza, en la urbanización Campo Alegre, donde compró varios apartamentos; también adquirió varias oficinas en la torre Edicampo de la misma urbanización para su holding empresarial de intermediación de negocios de alta factura con organismos del Estado, llamado “Inversiones y Asesorías Inverdt S.A”.
Siempre fue aficionado a la música. Tanto así que con su fortuna logró su sueño de ser cantante de salsa y lanzar un disco. Insólitamente, en 2010 su primer sencillo promocional “Amor de mis amores” logró posicionarse como número dos del renglón de Salsa en un top musical venezolano.
Pero este no es el único capricho complacido por Salazar. Estaba acostumbrado a vacacionar en Dubái en su avión privado con mucamas, chefs y escoltas. Era considerado uno de los mejores clientes del Burj Al Arab, el único hotel siete estrellas del mundo, lugar favorito en el Medio Oriente de jeques árabes, personalidades de la realeza y celebridades.
Salazar no escatimaba en cuanto a lujos y despilfarro se refería. En su oficina ubicada en la Torre Edicampo, en Campo Alegre, Caracas, mandó a construir una cocina similar a cualquier costoso restaurante.
Cuatro altos gerentes de la Banca Privada de Andorra aceptaron comisiones exorbitantes para lavar 2 mil millones de dólares de fondos públicos de Venezuela, entre ellos los de Salazar. La idea era “ocultar la procedencia del dinero venezolano a todos los órganos de control”. De hecho, en una conversación Diego Salazar admitió que tiene “una cuenta con 1000 millones”. En sus comunicaciones develó sobornos a la fiscalía andorrana y pago de por lo menos 80.000 dólares a un jefe de la policía de Venezuela. Salazar fue detenido el 1 de diciembre de 2017 en Caracas.
“No te mezcles con él porque huele como el hombre que quiere huir, eh…”, le había aconsejado a Alexandre Djouhri. En febrero de 2015, el intermediario, luego encarcelado en Londres, advirtió al exprimer ministro Dominique de Villepin sobre Diego Salazar, apodado “El señor de los relojes” – el dios de los relojes. En la entrada de una fiesta, Salazar había ofrecido un día a sus invitados a romper el reloj con martillos, por lo que se fueron con un Rolex. Él realmente compró relojes de oro, Rolex y Cartier, por docenas.
En 2012, Dominique de Villepin introdujo al venezolano en la clientela de su empresa de consultoría, para establecer relaciones de confianza y ofrecerle la compra de un banco en Luxemburgo. No sin trabajo, según varios testigos, la liberación de sus fondos secuestrada en Andorra. El episodio apareció en el desvío de las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación de la financiación libia de Sarkozy.
El 4 de diciembre de 2017, en una conferencia, el propio Nicolás Maduro denunció el enriquecimiento de Diego Salazar “y su banda” y el descubrimiento de obras de arte de 800 000 en uno de sus apartamentos en Caracas. “¡Tenía un juego de ajedrez en su oficina con monedas de oro!”.
Diego Salazar y su primo y hombre de confianza, Luis Mariano Rodríguez, pasaron varias temporadas en París realizando importantes gastos en millones de euros en hoteles y tiendas de lujo.
En 2012, el servicio francés contra el blanqueo de dinero Tracfin alertó a las autoridades judiciales de Andorra sobre un curioso pago de 99.980 euros a un gerente del Hotel Crillon en París. Procede de una compañía panameña, Highland Asssets Corp, propiedad de Diego Salazar. Las investigaciones comienzan y los primeros fondos están bloqueados, el 30 de noviembre de 2012, a petición de la fiscalía de Andorra.
El pasado mes de febrero de 2021, Diego Salazar Carreño fue acusado por la fiscalía de Venezuela por presuntamente ser parte de una nueva trama de corrupción ligada a la empresa española Ingelec. Salazar ha sido señalado por corrupción y permanece detenido en la sede del Sebin desde el año 2017.
El Wall Street Journal, señaló que Salazar y Rafael Ramírez pedían sobornos para presentarse a licitaciones de proyectos de energía. Ambos serían investigados por autoridades federales estadounidenses.
La fiscalía de Venezuela asegura que Salazar está vinculado a una red criminal que supuestamente blanqueó más de 1.300 millones de euros (1.400 millones de dólares) en comisiones ilegales a cambio de contratos con Pdvsa.
Fue arrestado en 2017, y según se sabía hasta julio de 2019, aún sigue en prisión. .
Según el Feis, plataforma creada por un grupo de periodistas del Proyecto de Informe de Delincuencia Organizada y Corrupción (Occrp), Salazar es conocido por sus gastos exuberantes que incluyen la compra de 109 relojes equivalentes a 1,7 millones de euros. Además, indicó que gastó 6.000 euros en una sola noche en un bar de París.
«Los documentos muestran también que Salazar habría gastado además 500.000 euros en lujosos vinos en una sola compra en noviembre de 2012, así como cientos de miles de euros en obras de arte y delicadezas culinarias».
Salazar creó la Fundación Diego Salazar (FDS) en el año 2009, lo que le permitió hacer varias donaciones a ONGs.
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