Alejandro Velasco y Raiza Alvarado de Velasco – 16 de noviembre de 2026
Ante todo, agradecemos a un trabajador de la industria 2002-2003 la buena voluntad de hacernos llegar el artículo publicado en LinkedIn por Alberto Bellorín.
Nuestros criterios y opinión se ciñen estrictamente al ámbito personal, tomando como base el artículo de Bellorín y respetando todas las vías de lucha de los trabajadores. Partimos de la premisa de que todos suman a la causa si se logra sacar de la ecuación la competencia interna entre las organizaciones.
Hasta donde hemos podido comprobar, ninguna de las organizaciones oficiales que representan a los trabajadores petroleros de 2002-2003 ha publicado un cálculo técnico de la deuda, junto con un método claro y de alto nivel para cancelarla.
Ningún partido político, de ninguna facción, ha asumido un compromiso genuino para honrar el pago que por derecho les corresponde a los trabajadores petroleros despedidos en 2002-2003. A nuestro juicio, salvo casos muy puntuales, en estos 23 años el tema se ha usado más para el proselitismo y el protagonismo partidista que para buscar soluciones.
El 14 de noviembre de 2026, la propuesta de Alberto Bellorín, publicada en su boletín «The Energy Blueprint» en LinkedIn [1], abre una luz de esperanza en la lucha incansable de más de 23 años en torno al caso 2249 ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, cuyas recomendaciones el Gobierno venezolano decidió ignorar [2][4]. El método Bellorín marca un antes y un después, al aportar un precedente histórico relevante para nuestro caso, el antecedente de Irak.
La deuda se puede pagar, pero solo si el mecanismo de pago se diseña para resistir a acreedores, políticos e intermediarios. La causa raíz de que nadie haya cobrado en 23 años no es la falta de dinero, sino la falta de tres cosas: una lista confiable, un método de cálculo aceptado y un mecanismo de pago que ningún gobierno pueda tocar.
I. Lo que nadie puede discutir
Entre diciembre de 2002 y marzo de 2003, PDVSA despidió cerca de la mitad de su plantilla, unos 18.000 trabajadores de nómina [3]. Si a ello sumamos al personal contratado, de filiales y de otras áreas, se llega a una cifra estimada para marzo de 2003 de aproximadamente 23.000 trabajadores petroleros despedidos ilegalmente [1][3]. El Comité de Libertad Sindical de la OIT deploró estos «despidos masivos antisindicales» que afectaron a más de 23.000 trabajadores e instó al Gobierno, «en los términos más firmes», a iniciar negociaciones con las centrales de trabajadores más representativas para encontrar una solución a los casos pendientes [2]; un año después lamentó que el Gobierno venezolano no hubiera desatendido esa recomendación [4].
Del universo de trabajadores petroleros de 2002-2003, muchos superan hoy los 60 años, y algunos, los 80. En el transcurso de los años, en la búsqueda de reivindicación, muchos han fallecido; otros viven la ignominia del abandono con severos quebrantos de salud [5], sumados a trágicas rupturas de la estructura familiar y episodios de suicidio en el núcleo familiar, entre otros. Ya en mayo de 2003 la prensa reportaba 4 suicidios entre los despedidos, y para octubre de 2005 Gente del Petróleo contabilizaba 32 [6][7]. Detrás de cada petrolero despedido hay cónyuges, hijos y nietos, son decenas de miles de vidas afectadas.
Como bien acota Bellorín en su artículo, «Ellos construyeron PDVSA. Ya es hora de pagarles» [1]. A lo que cabe agregar que estos trabajadores aportaron sus vidas a la construcción de Venezuela, al igual que muchos otros venezolanos.
La Constitución venezolana es muy clara en su artículo 92, al establecer que las prestaciones sociales son de pago inmediato y que todo retraso genera intereses a favor del trabajador [8]. De manera que el derecho les asiste y está establecido en la Carta Magna sin margen de dudas. Una vez comprobada la existencia de este respaldo jurídico, el paso siguiente es verificar cuánto se le debe a cada trabajador y cuál sería el procedimiento más expedito para honrar el pago correspondiente.
Los trabajadores no solo perdieron sus empleos, prestaciones, cajas de ahorros, jubilación y patrimonio familiar, sino también su derecho a vivir con dignidad. Fueron expuestos al escarnio público mediante listas negras, entre ellas las listas Tascón y Maisanta, cuyo uso discriminatorio documentó Human Rights Watch y condenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y cuyos efectos, según investigaciones de 2026, todavía persisten [5][9][11][24][25], y que impidieron su contratación por parte de empresas que, por temor u otras razones, se plegaron al régimen de exclusión al que fueron sometidos. La propia OIT recogió la denuncia de que PDVSA pidió por escrito a sus empresas afiliadas que no contrataran a los despedidos y, en el párrafo 1499 de su informe 337 de junio de 2005, pidió al Gobierno investigar y poner fin a toda práctica antisindical [2]. Estas acciones obligaron a muchos a emigrar, al no quedarles otro medio de subsistencia; otros, al quedarse en el territorio nacional, sufrieron la humillación y la destrucción moral de sus hogares; centenares fueron desalojados de las viviendas de la empresa, lo que la OIT calificó como «daños irrecuperables a los trabajadores y sus familias» [2]. Hubo quienes, doblegados por la necesidad, se vieron forzados a firmar actas de arrepentimiento para poder sostener a sus familias.
Ese daño moral también tiene respaldo legal. El Código Civil extiende la obligación de reparar a «todo daño material o moral causado por el acto ilícito» (artículo 1.196) [10]. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a Venezuela por despedir a trabajadores incluidos en la Lista Tascón, una lista de represalia política, y ordenó indemnizarlas por el daño material y moral (caso San Miguel Sosa y otras, 2018) [11].
Pagar no compite con la recuperación del país, la hace posible.
II. Lo que se puede comprobar
Antes de proponer nada, vale la pena comprobar lo que dice el artículo de Bellorín, punto por punto.
Las cuentas de Bellorín cuadran con sus supuestos. Su cálculo solo incluye salarios caídos, fondos de ahorro, prestaciones y pensiones. Los pasivos calculados en 2003 (552.000 millones de bolívares, unos US$345 millones) más US$126 millones de pensiones suman US$470 millones. Actualizados a una tasa de interés de entre el 5 % y el 6 % anual durante 23 años, esa cifra crece hasta los US$1.450 a 1.800 millones que él cita. Con la producción y el precio del petróleo que él supone, el mecanismo pagaría en los plazos indicados si el porcentaje se calcula sobre toda la producción del país. Si los recursos salen exclusivamente de la participación de PDVSA, como propone el autor, el porcentaje tendría que ser mayor y los plazos de pago deben recalcularse. Además, esos cálculos se basan en 18.486 trabajadores [1], pero la cifra real es mayor, si se suman las filiales, los despidos se acercan a 23.000 [1][12], que es la cifra presentada ante la OIT [2]. Si la lista definitiva confirma ese número, el monto total de la deuda crecería aproximadamente en la misma proporción, según las condiciones de cada beneficiario. Por eso conviene expresar la deuda por trabajador y no solo como un total, así el monto se ajusta automáticamente cuando cambia la lista.
Lo que todavía no cuadra es la vía judicial. Los tribunales no han producido un pago. Según la propia Citgo, cortes federales de Delaware y Florida ya rechazaron demandas anteriores de los trabajadores petroleros; en mayo de 2026 se presentó una nueva demanda en Delaware [13]. En Miami sigue abierto el caso de una extrabajadora, Lopenza contra PDVSA: el 11 de mayo de 2026 el tribunal federal de Miami declaró en rebeldía a PDVSA y a su junta administradora. PDVSA no respondió a la demanda dentro del plazo establecido por el mencionado tribunal de Miami, y en noviembre se presentó una segunda demanda enmendada [12][14]. Pero una declaración en rebeldía no es una sentencia, y mucho menos un pago. Mientras tanto, recordemos que un año antes, en noviembre de 2025, un juez aprobó la venta de la casa matriz de Citgo por US$5.900 millones, y en principio, ese dinero ya tiene destino. En efecto, irá a los acreedores que llevan años litigando contra Venezuela por otras deudas [15]. Venezuela apeló la orden ante la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, que atiende las apelaciones de los tribunales federales de Delaware, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de EE.UU. (OFAC), la agencia que administra las sanciones contra Venezuela, todavía no ha dado su autorización para completar esa venta [16][17].
Pagar una deuda con el petróleo de un país ya se ha hecho antes, y funcionó. Después de que Irak invadiera Kuwait, el Consejo de Seguridad de la ONU estableció un mecanismo mediante el cual una parte de los ingresos por exportaciones de petróleo iraquí se destinaba a un fondo de compensación, y con ese dinero se pagaron US$52.400 millones a más de 1,5 millones de personas [18]. Este precedente demuestra que los ingresos petroleros pueden utilizarse para financiar compensaciones a gran escala, aunque bajo circunstancias jurídicas y políticas diferentes.
Esa idea central también resiste el escrutinio: que el comprador del petróleo deposite una parte fija de cada venta directamente en una cuenta protegida en Estados Unidos, sin que el dinero pase nunca por las manos del gobierno venezolano. Es, hasta ahora, la mejor forma de evitar que ese dinero se pierda otra vez.
III. Lo que falta por resolver
Precisamente porque la mejor propuesta pública sobre la mesa es la de Bellorín, vale la pena afinarla. Una idea sólida no es todavía una idea lista para aplicarse, y ocho ajustes la harían más difícil de rebatir y más segura para los trabajadores.
El primer punto es que se necesita una Comisión que evalúe el daño moral con categorías y montos fijos por tipo de daño, acreditados con documentos. En efecto, hay daños morales de diferentes tipos causados por la decisión de despidos como fueron, por ejemplo, suicidios, salud, desalojos, familias rotas y listas negras.
El segundo punto, y el más básico, es quiénes cobran. Las cifras de trabajadores despedidos van de 18.486 a 23.000 personas, según la fuente que se consulte. Antes de pagar hace falta una lista oficial y cerrada, cruzada con la nómina de 2002 y los registros del Seguro Social, con verificación de identidad, revisión individual de cada caso y un trámite simple para los herederos de quienes ya fallecieron. Los despidos masivos están documentados [3], y cualquier caso particular en discusión debe resolverse con pruebas, no con generalizaciones. Los jubilados de PDVSA de aquella época, que también perdieron parte de su pensión y de su seguro médico, merecen un censo y una solución propia, sin mezclarlos en la lista de despedidos 2002-2003, para no retrasar a ninguno de los dos grupos.
El tercer punto es qué se paga primero, porque en realidad hay dos deudas distintas. La primera es la que la ley ya reconoce y que se puede probar con documentos, los salarios caídos calculados en 2003, las prestaciones sociales, la indemnización por despido, los ahorros y fondos de pensión, que eran dinero de los propios trabajadores, no un regalo del Estado. Esa debe pagarse primero, sin discusión. La segunda es la reparación por los ingresos que dejaron de percibir después de esos salarios caídos ya calculados y por el daño a sus vidas, una cifra que no tiene recibo. Como referencia de magnitud, se hace mención del caso del ingeniero Robny Jauregui quien calculó un pasivo acumulado para PDVSA al año 2017, basado en 15 años de salarios caídos para 22.000 trabajadores, de entre US$14.800 y 37.700 millones [19]; no es una reparación por daño a la vida, pero da una idea de la escala del problema. Esa segunda deuda debe evaluarla una comisión independiente, para que la discusión sobre su monto no retrase el pago de lo que nadie discute. Nadie propone pagar todo mañana. Lo urgente es reconocer la deuda, cerrar la lista de beneficiarios y fijar el mecanismo de pago. El calendario de pagos puede ajustarse a la capacidad de caja del país sin dejar de ser obligatorio.
El cuarto punto es quién paga y cuánto. El artículo de Bellorín propone que la porción salga solo de la parte de la producción que le corresponde a PDVSA, pero el cálculo que usa se basa en el valor de toda la producción petrolera del país. Esto hay que aclararlo porque si el dinero sale únicamente de la parte de PDVSA, el porcentaje real que se le descontaría sería mayor al que el artículo sugiere.
El quinto punto es qué pasa después de pagar la deuda. Bellorín propone que, una vez saldada, quede un 1,5 % permanente que cada trabajador pueda heredar o incluso vender. Ese derecho perpetuo podría chocar con el artículo 12 de la Constitución, que establece que los yacimientos petroleros son de la República y no se pueden enajenar, es decir, no se pueden vender ni transferir a manos privadas [8]. Además, existe un riesgo más terrenal. Un jubilado con apuros económicos podría verse obligado a vender ese derecho barato a un especulador. Es preferible un pago con un tope definido, que no se pueda vender mientras dure.
El sexto punto es la herramienta legal para hacerlo. La deuda legal debe calcularse con la ley laboral vigente en el 2003, actualizada a valores de hoy, 2026; no hace falta inventar derechos nuevos. Estos reclamos tienen más de 20 años, y la ley laboral venezolana fija plazos para cobrar que, en teoría, ya vencieron. Una ley aprobada por la Asamblea Nacional ofrecería la base jurídica más sólida para establecer un mecanismo obligatorio de pago en cada contrato petrolero futuro. La situación de los plazos de prescripción tendría que resolverse conforme a la legislación aplicable. Un decreto presidencial no alcanza, porque el próximo gobierno lo puede deshacer con otro decreto.
El séptimo punto es protegerse de otros acreedores. En 2019, en el caso Crystallex, la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, decidió que PDVSA es «alter ego» de la República venezolana para efectos de embargo, es decir, los bienes de PDVSA pueden embargarse para cobrar deudas de la República [20]. Eso significa que otros acreedores de Venezuela podrían alegar que también tienen derecho a ese dinero. Mientras duren las sanciones de Estados Unidos, una licencia de la OFAC podría autorizar las operaciones necesarias para implementar el mecanismo, pero por sí sola no lo protege frente a otros acreedores ni establece prioridad sobre sus reclamaciones. Si las sanciones se levantan, esa autorización podría dejar de ser necesaria. Por eso el acuerdo debe ser aprobado por un tribunal de EE.UU. y reconocido como deuda prioritaria dentro de la reestructuración de la deuda venezolana que se anunció en mayo de 2026 [21]. Para entrar en esa reestructuración, la deuda con los petroleros debe estar inventariada y registrada como un pasivo, como exigen las normas contables, definiendo claramente quiénes son los acreedores, cuánto se les debe y con qué prioridad. Un reclamo validado por un tribunal es la forma de quedar en ese inventario.
El octavo y último punto es evitar que el mecanismo se corrompa por dentro. Es el principio contable de segregación de funciones; quien financia el fondo no debe ser quien verifique cuánto petróleo se produjo y se vendió. Los honorarios de abogados e intermediarios deben tener un tope fijado por ley, y cada pago debe llegar directamente a la cuenta del trabajador o de sus herederos, sin pasar por terceros. Cada mes debería conciliarse lo vendido, lo depositado en el fondo y lo pagado a cada beneficiario, y cualquier diferencia debería explicarse en público.
IV. Un camino que sume a todos
Las demandas que siguen en los tribunales y el fondo de pago que propone Bellorín no se excluyen entre sí. Un acuerdo aprobado por un tribunal de EE.UU. podría cerrar los juicios en curso y, al mismo tiempo, dar a los trabajadores una protección diseñada para que ningún gobierno pueda revocarla después.
La ley estadounidense ya tiene una figura para administrar este tipo de pagos que es el fondo calificado de liquidación («Qualified Settlement Fund»), regulado en la sección 468B del Código de Rentas Internas de EE.UU. [22]. Esta figura podría estudiarse para administrar los pagos, siempre que se cumplan sus requisitos legales y fiscales. Lo crea o aprueba un tribunal, existe para resolver reclamos derivados de un mismo hecho y mantiene sus fondos separados de cualquier otro patrimonio. Estados Unidos es la sede natural del fondo de pago: allí están el control de las licencias, los tribunales que pueden aprobar el acuerdo y buena parte de los compradores del crudo venezolano.
Para lograrlo, los propios trabajadores deben organizarse. Todas sus organizaciones, tanto las que buscan una solución dentro de Venezuela como las que litigan en Estados Unidos, deberían sentarse en un mismo comité de reclamantes. Separadas, compiten por la misma atención; juntas, son el acreedor más legítimo que tiene Venezuela.
El comité de reclamantes debe protegerse del riesgo de captura política partidista, un riesgo real en cualquier organización de este tipo. Por eso el comité debería elegirse por voto secreto entre beneficiarios verificados, con supervisión independiente. Sus miembros deberían declarar sus vínculos partidistas, no ocupar cargos políticos y rendir cuentas públicamente.
Queda una pregunta clave: ¿cómo conocen y aprueban los trabajadores petroleros el cálculo final? Hoy existe una propuesta detallada pública y otras que no lo son, pero ninguna debería imponerse. Proponemos un proceso en cinco pasos. Primero, un padrón verificado, en el que cada trabajador pueda revisar y corregir su propio expediente. Segundo, un actuario independiente, contratado por el comité de reclamantes, que evalúe todas las propuestas con los mismos criterios y publique un método único de cálculo, abierto a comentarios. Tercero, los beneficiarios verificados votan ese método en voto secreto y supervisado, por separado para la deuda legal y la reparación, de modo que un desacuerdo sobre la segunda no frene el pago de la primera. Cuarto, cada trabajador recibe su estado de cuenta personal y puede aceptarlo o impugnarlo con pruebas ante un panel independiente. Quinto, el tribunal de EE.UU. que apruebe el fondo notifica a todos los beneficiarios, escucha las objeciones y solo aprueba un acuerdo justo, razonable y adecuado; quien no esté de acuerdo podrá excluirse y seguir su propio reclamo, si el tribunal lo permite en la estructura procesal que se adopte [23]. Así, el concepto se aprueba en conjunto, el monto se acepta uno por uno y nadie queda obligado en contra de su voluntad.
V. La decisión que falta
Muchos de estos profesionales pueden ser clave para levantar de nuevo la industria petrolera. Saldar la deuda es también abrirles la puerta para volver.
Y como todo proceso de pagos, se necesita control permanente: indicadores públicos, auditados cada trimestre, de beneficiarios verificados, beneficiarios pagados, monto desembolsado, reclamos resueltos y tiempo promedio de pago.
La deuda es real, y la fuente para pagarla existe: es el petróleo. Primero hace falta una decisión que la reconozca; después, una evaluación económica de cómo pagarla bien. Igualmente, primero lo que la ley ya reconoce, después la reparación, todo respaldado por una ley, una cuenta protegida y una lista de beneficiarios que nadie pueda alterar.
¿Crees que algún político se comprometerá a pagar esta deuda?
¿Cuál crees tú que es el camino a tomar?
Este artículo expresa nuestra opinión personal y no representa la posición de TRANSBACO ni de sus clientes.
VI. Referencias
- Bellorín, A. «Ellos construyeron PDVSA. Ya es hora de pagarles». The Energy Blueprint, vol. 49. LinkedIn, 14 de noviembre de 2026.
- Organización Internacional del Trabajo, Consejo de Administración. 337.º informe del Comité de Libertad Sindical, Caso núm. 2249 (Venezuela), documento GB.293/7. Ginebra, junio de 2005, párrs. 1471-1499.
- Human Rights Watch. A Decade Under Chávez, cap. V. Septiembre de 2008.
https://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908/5.htm - Organización Internacional del Trabajo. 342.º informe del Comité de Libertad Sindical, Caso núm. 2249 (Venezuela), párr. 202. Ginebra, junio de 2006.
- Ramírez S., E. A. y García, B. Veinte años de lucha por la Meritocracia y la Democracia. Gente del Petróleo-Unapetrol. Caracas, 2022.
https://petroleumag.com/wp-content/uploads/2023/12/20-anos-de-lucha-por-la-meritocracia-y-la-democracia.pdf - Immigration and Refugee Board of Canada. Respuesta a solicitud de información VEN42695.FE sobre ex empleados de PDVSA, 21 de mayo de 2004.
https://www.ecoi.net/en/document/1249023.html - Jatar, A. I. Apartheid del siglo XXI, cap. III, «Las primeras víctimas». Súmate, s. f.
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 5.453, 24 de marzo de 2000. Arts. 12 y 92.
- González, O. «Tu voto es secreto, tus datos no». IPYS Venezuela, s. f.
https://ipysvenezuela.org/el-voto-es-secreto-tus-datos-no/185-2/ - Código Civil de Venezuela, art. 1.196. Gaceta Oficial Extraordinaria N.º 2.990, 26 de julio de 1982.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso San Miguel Sosa y otras vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C N.º 348.
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_348_esp.pdf - El Nacional. «Corte federal de EE UU declara en rebeldía a Pdvsa y a su junta administradora ad hoc en demanda de extrabajadores; Citgo se opone a medida cautelar». 8 de junio de 2026.
https://www.elnacional.com/2026/06/corte-federal-eeuu-declara-rebeldia-pdvsa-citgo-demanda/ - CITGO Petroleum Corporation. «CITGO Petroleum Corporation Denies Allegations of Recently Filed Complaint». PR Newswire, 27 de mayo de 2026.
- El Nacional. «Extraba jadora despedida en el paro petrolero demanda a Pdvsa y Citgo en Miami por pensión y prestaciones». 13 de noviembre de 2026.
- The Maritime Executive. «Court Paves Way for Sale of Venezuelan-Owned Refiner Citgo». 25 de noviembre de 2025.
- Argus Media. «US Citgo Sale Hangs in the Balance». 26 de enero de 2026.
- IISD, Investment Treaty News. «Court-Ordered Sale of Citgo’s Parent Contested as Venezuela Appeals and OFAC Withholds Clearance». 9 de septiembre de 2026.
- United Nations Geneva. «United Nations Compensation Commission Pays Out Final Compensation». Enero de 2022.
https://www.ungeneva.org/en/news-media/press-release/2022/01/united-nations-compensation-commission-pays-out-final-compensation - Jauregui, R. «Valor presente (2025) de los pasivos laborales de los trabajadores despedidos injustamente de PDVSA en 2002-2003». Petróleo y Sociedad Venezolana, 6 de abril de 2026.
- Crystallex International Corp. v. Bolivarian Republic of Venezuela, 932 F.3d 126 (3d Cir. 2019).
- MercoPress. «Venezuela Announces Formal Restructuring of Its External Debt After Nearly a Decade in Default». 14 de mayo de 2026.
https://en.mercopress.com/2026/05/14/venezuela-announces-formal-restructuring-of-its-external-debt-after-nearly-a-decade-in-default - Estados Unidos. Internal Revenue Code, 26 U.S.C. § 468B, y Treasury Regulation § 1.468B-1, Qualified Settlement Funds.
- Estados Unidos. Federal Rules of Civil Procedure, Regla 23(e), aprobación de acuerdos en acciones colectivas.
- Human Rights Watch. A Decade Under Chávez, cap. II. Septiembre de 2008.
https://www.hrw.org/reports/2008/venezuela0908/2.htm - El Estímulo. «El verdadero origen de las listas Maisanta y Tascón». 30 de abril de 2026.
https://elestimulo.com/politica/2026-04-30/el-verdadero-origen-de-las-listas-maisanta-y-tascon/


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