CARACAS, Venezuela — La historia empresarial de Oswaldo Jesús Cisneros Fajardo atravesó algunos de los sectores más importantes de la economía venezolana durante varias décadas: bebidas, telecomunicaciones, petróleo, bienes raíces y estructuras corporativas internacionales. Tras su muerte en Miami en 2020, ese entramado quedó además en el centro de una compleja disputa sucesoral entre distintas ramas de su familia.
Cisneros, nacido en Caracas el 27 de febrero de 1941, murió el 8 de noviembre de 2020 en Miami, Florida. Era hijo de Antonio Cisneros y sobrino de Diego Cisneros, fundador de la Organización Diego Cisneros, y desarrolló una rama empresarial propia que llegó a controlar activos de considerable importancia dentro y fuera de Venezuela.
Su vida familiar también terminó teniendo consecuencias directas sobre la administración y eventual reparto de su patrimonio.
El documento que reconstruye su trayectoria señala que Cisneros tuvo tres matrimonios. El primero ocurrió durante su juventud, antes de 1968, y no dejó descendencia pública documentada. El segundo, que se extendió durante más de tres décadas, fue con Ella Fontanals, una cubana radicada en Venezuela después de la revolución de 1959. Posteriormente contrajo matrimonio con Mireya Blavia Gómez, psicopedagoga chileno-venezolana y presidenta de la Fundación Venezuela Sin Límites. Esa última unión quedó sometida a capitulaciones matrimoniales y separación absoluta de bienes.
Nueve herederos y dos ramas familiares
La sucesión de Cisneros quedó estructurada alrededor de nueve herederos pertenecientes a dos ramas familiares.
La primera está integrada por Claudia Cisneros Fontanals, hija biológica de Cisneros; Marisa —también identificada como Maritza— Cisneros Fontanals, hija de Ella Fontanals de una relación anterior y posteriormente adoptada por el empresario; y Mariela Cisneros Fontanals, adoptada por Cisneros y Fontanals durante su matrimonio.
La segunda rama corresponde a seis hijos adoptados durante el matrimonio con Mireya Blavia. En actuaciones judiciales citadas por el documento aparecen los nombres Alfonso Olaf, Carmen Elena, Camila Roxana y Oswaldo Antonio, además de dos menores identificados por las iniciales L.G.C.B. y C.G.C.B.
Las diferencias jurídicas y familiares entre ambos grupos terminarían adquiriendo una relevancia decisiva después de la muerte del empresario.
La ruptura con Pepsi que cambió el mercado venezolano
Uno de los episodios más notorios de la carrera empresarial de Cisneros ocurrió en 1996.
Durante 47 años había manejado la franquicia de Pepsi-Cola mediante Embotelladora Hit de Venezuela S.A., una operación que, según el documento, llegó a controlar más del 80% del mercado venezolano de bebidas carbonatadas.
El 16 de agosto de 1996, el grupo rompió de manera inesperada su contrato con PepsiCo, que debía permanecer vigente hasta 2003, y estableció una alianza de participación equivalente con The Coca-Cola Company. La operación fue valorada en alrededor de 500 millones de dólares.
En apenas 48 horas fue constituida en Panamá Venbottling Holdings Inc., respaldada por sociedades operativas como Carab Enterprises Inc., Empresas Carac S.A., Gasor Enterprises Inc. y Cradley Investments S.A.
El cambio tuvo efectos inmediatos. Las flotas de distribución fueron repintadas y las líneas de producción de 18 plantas venezolanas fueron modificadas para asumir las nuevas marcas. Pepsi desapareció prácticamente de forma inmediata de una parte considerable de los puntos de venta atendidos por el antiguo sistema de distribución.
La operación provocó consecuencias regulatorias y judiciales.
En diciembre de 1996, Procompetencia determinó, según el documento, que la combinación empresarial había acumulado el 85% del mercado total de refrescos y el 100% del segmento de sabores al juntar productos como Hit, Frescolita y Chinotto con Fanta y Sprite.
El organismo impuso a las 18 plantas y a Coca-Cola la multa máxima contemplada por la legislación de entonces: unos 900 millones de bolívares, equivalentes según el documento a aproximadamente 1,9 millones de dólares. También ordenó desinvertir marcas consideradas duplicadas para estimular la competencia, un proceso que posteriormente favoreció el ingreso de Empresas Polar como embotellador de Pepsi.
Un año más tarde, en septiembre de 1997, un tribunal arbitral de la Cámara de Comercio Internacional de París condenó, de acuerdo con el documento, a la Organización Cisneros y Coca-Cola a pagar 94 millones de dólares a PepsiCo por incumplimiento contractual y daños comerciales.
De Telcel a Digitel
Cisneros también desempeñó un papel central en el desarrollo de la telefonía celular venezolana.
En 1991 fundó Telcel Celular C.A., compañía que contribuyó a masificar la telefonía móvil en Venezuela e introdujo el sistema de cobro prepagado. Posteriormente vendió su participación a BellSouth, empresa que terminaría integrada en Telefónica y operando bajo la marca Movistar.
En 2006, Cisneros regresó al sector mediante la compra del 100% de Digitel a Telecom Italia Mobile por 425 millones de dólares.
La operación se realizó a través de Telvenco S.A. Según las cifras recogidas en el documento, Cisneros controlaba el 67,05% del consorcio; Rajendra Singh, el 16,85%; y el banquero Víctor Gill, el 16,10%.
La adquisición permitió a Cisneros imponerse en el proceso de compra frente a América Móvil, del empresario mexicano Carlos Slim, en un contexto en el que restricciones regulatorias limitaban la participación de CANTV.
Tras asumir el control de Digitel, Telvenco integró las operadoras regionales Digicel, activa en el oriente venezolano, e Infonet, con presencia en occidente. La consolidación creó una red GSM de alcance nacional bajo el prefijo comercial 0412.
El desembarco petrolero
Décadas después de sus primeras incursiones empresariales, Cisneros avanzó sobre la industria petrolera.
En noviembre de 2016 anunció desde el Palacio de Miraflores una inversión proyectada de 1.000 millones de dólares destinada a reactivar campos petroleros en Monagas y Delta Amacuro.
La estructura se articuló mediante DP Delta Finance BV, empresa que adquirió una participación del 40% en Petrodelta S.A. El 60% restante permanecía en manos de la estatal PDVSA.
La operación permitió asumir los activos que dejaba en Venezuela la estadounidense Harvest Natural Resources, dentro de un contrato de explotación cuya vigencia estaba proyectada originalmente hasta 2042.
El documento vincula la estructura financiera de esos negocios con varios empresarios y operadores del sector energético.
Entre ellos figura Francisco D’Agostino Casado, descrito como socio estratégico y directivo de Derwick Associates, compañía que participó en contratos del sector eléctrico venezolano durante la emergencia energética de 2009 y 2010.
También aparece Alessandro Bazzoni, intermediario petrolero italiano sancionado en enero de 2021 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El documento atribuye esa medida a su participación en redes de comercialización de crudo venezolano relacionadas con otros intermediarios sancionados.
La estructura tuvo además conexiones familiares.
Alicia Ziegert, exesposa de Ricardo Cisneros, primo de Oswaldo Cisneros, contrajo posteriormente matrimonio con Franco D’Agostino, padre de Francisco D’Agostino. Ese enlace convirtió a Eduardo Cisneros, hijo de Ricardo, y Francisco D’Agostino en hermanastros.
En septiembre de 2015, según el documento, Eduardo Cisneros aportó 30 millones de dólares a Elemento Oil & Gas Ltd. mediante la firma panameña Cedaridge. Elemento, establecida en Malta, estaba entonces vinculada a D’Agostino y Bazzoni.
Después de retrasos relacionados con la entrega de acciones y dudas sobre el retorno del capital, D’Agostino y Bazzoni transfirieron en febrero de 2017 el 100% de Elemento a la familia Cisneros mediante CISA Holdings Limited, bajo administración de Cisneros Corporation en Florida.
Petrodelta cambia de manos en 2026
La situación de Petrodelta volvió a cambiar en 2026.
De acuerdo con el documento, a partir del 1 de julio el Ministerio de Hidrocarburos venezolano reconfiguró la operación de los activos y dejó fuera del esquema a los herederos de Cisneros.
La participación de 40% que mantenía DP Delta Finance BV habría sido desplazada al modificarse el modelo administrativo y trasladarse los campos a la figura de Contrato para el Desarrollo de Actividades Primarias, o CDAP.
Representantes de la sucesión, entre ellos Mireya Blavia y un equipo legal encabezado por Juan Domingo Alfonzo Paradisi, calificaron la medida de confiscación sin indemnización.
Según esa posición jurídica recogida en el documento, las pérdidas alcanzarían unos 2.000 millones de dólares considerando 12 millones de barriles acumulados y el valor proyectado de la operación hasta 2042.
La defensa también sostuvo que, aunque PDVSA no pagaba dividendos desde 2010, el grupo privado continuó cubriendo nóminas y bonos del personal operativo. Esos argumentos corresponden a la posición de los representantes patrimoniales citados en el archivo y no a una determinación judicial consignada en él.
La operación habría pasado a Pacific Coast Energy Company LP, una empresa estadounidense encabezada por el ingeniero Klaus Hasbo y radicada en Orcutt, condado de Santa Bárbara, California.
El documento, citando reportes de Industrial Info Resources, señala que la compañía no tenía experiencia operativa fuera de Estados Unidos. Para sus actividades en Venezuela, Hasbo anunció un fondo de 800 millones de dólares compuesto por capital propio, deuda y créditos comerciales, destinado a reactivar pozos de crudo pesado.
Pacific Coast Energy también había enfrentado litigios empresariales en Delaware y California relacionados con la suspensión de dividendos de Pacific Coast Oil Trust, que motivó demandas de inversionistas institucionales, entre ellos Evergreen Capital Management.
Al mismo tiempo, la empresa participaba en el cierre de campos petroleros urbanos en Los Ángeles, incluido West Pico, con la intención de destinar posteriormente esos terrenos a desarrollos inmobiliarios.
Un expediente inmobiliario en Lara
Otro capítulo incluido en el documento se concentra en el entorno familiar de Mireya Blavia y en un conflicto inmobiliario desarrollado en el estado Lara.
Las investigaciones mencionadas en el archivo se centraron en Juan Andrés Blavia Gómez, hermano de Mireya Blavia y del comunicador Francisco “Panchi” Blavia, y en operaciones relacionadas con Grupo Hispania.
Desde 2004, sociedades como HG Nuevo Triángulo C.A., Inversiones Nuevo Triángulo del Este C.A., Latinfenix C.A., Hispania C.A., Begeca C.A., Greco 2006 C.A., Foca C.A. y Trascendencia C.A. promovieron proyectos residenciales y comerciales en Barquisimeto.
Entre ellos figuraban Plaza Mayor, Torre Ibérica, El Paseo de la Castellana y la Torre DirectTV.
Hacia 2011, las construcciones quedaron paralizadas. Según el documento, más de 600 familias y pequeños comerciantes que habían pagado sus propiedades no recibieron los inmuebles terminados o formalmente protocolizados.
Los afectados formaron la Asociación Civil Quiero Mi Inmueble y presentaron denuncias penales en marzo de 2017.
En noviembre de 2018, el Tribunal 5° de Control del estado Lara emitió una orden de aprehensión contra Juan Andrés Blavia Gómez por la presunta comisión de estafa agravada continuada y asociación para delinquir, además de ordenar la inmovilización de cuentas bancarias de las empresas investigadas.
Blavia fue detenido en Madrid en febrero de 2020 después de la activación de una Notificación Roja de Interpol, según la reconstrucción del documento.
El 29 de julio de ese año, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, mediante la sentencia 51-2020 del expediente AA30-P-2020-000062, declaró procedente solicitar su extradición desde España.
El documento señala que las autoridades españolas no accedieron finalmente a la entrega y que Blavia permaneció en Madrid.
El empresario ha atribuido la paralización de los proyectos, según la versión recogida en el archivo, a dificultades relacionadas con permisos estatales para servicios de agua y electricidad.
En Venezuela, entretanto, continuaron las medidas de prohibición de enajenar y gravar sobre los inmuebles afectados.
El conflicto generó además críticas públicas contra otros integrantes de la familia Blavia.
El documento señala que afectados cuestionaron públicamente a Francisco “Panchi” Blavia y a su esposa, la presentadora de televisión Camila Canabal, por su situación económica y proyectos comerciales en Miami mientras permanecían sin concluir las construcciones de Barquisimeto. Tales cuestionamientos corresponden a señalamientos atribuidos a los afectados y no implican por sí mismos responsabilidad judicial de esas personas.
Ella Fontanals y Mireya Blavia
Los dos matrimonios de mayor duración de Cisneros terminaron además representando modelos familiares y patrimoniales diferentes.
Ella Fontanals llegó a Venezuela procedente de Cuba y durante su juventud trabajó, según el documento, como instructora deportiva y azafata. Se casó con Cisneros en 1968 bajo un régimen de sociedad conyugal.
Fontanals tenía entonces una hija de una relación anterior, Marisa, a quien Cisneros adoptó legalmente. La pareja tuvo posteriormente a Claudia Cisneros y adoptó de manera conjunta a Mariela.
Crónicas citadas por el documento atribuyen a Fontanals influencia en la decisión de Cisneros de entrar en 1991 al negocio de la telefonía celular con Telcel.
Después de su divorcio a comienzos de la década de 2000, Fontanals desarrolló una carrera internacional como coleccionista y mecenas de arte latinoamericano mediante CIFO, Cisneros Fontanals Art Foundation, con actividades vinculadas a Miami, Madrid y La Habana.
Mireya Blavia, por su parte, contrajo matrimonio con Cisneros en 1999 bajo capitulaciones matrimoniales que establecían separación absoluta de bienes.
El documento sostiene que ese régimen impedía que Blavia figurara personalmente como heredera forzosa del patrimonio, aunque la adopción de seis hijos durante el matrimonio le dio, mientras ejerciera su representación legal, una posición relevante dentro de la estructura sucesoral.
Los seis hijos son Alfonso Olaf, Carmen Elena, Camila Roxana, Oswaldo Antonio y dos menores identificados como L.G.C.B. y C.G.C.B. El archivo calcula que esa rama equivale a aproximadamente dos tercios de las cuotas sucesorales familiares.
Blavia fundó en 1999 Venezuela Sin Límites y posteriormente constituyó en Florida Unidos en Red Foundation Inc., organizaciones mediante las cuales desarrolló programas de responsabilidad social relacionados, entre otros, con Digitel y con donantes internacionales.
El documento también recoge testimonios internos y reportes corporativos posteriores a la muerte de Cisneros que describen tensiones laborales y cuestionamientos al estilo de gestión de Blavia. Esas caracterizaciones son presentadas en el archivo como testimonios y reportes, no como conclusiones independientes verificadas.
La batalla por la herencia
La muerte de Cisneros en noviembre de 2020 desencadenó una disputa judicial internacional entre las tres hijas asociadas a la rama Fontanals y el grupo familiar representado por la viuda.
El testamento fue abierto formalmente el 3 de diciembre de 2020 en una sesión telemática organizada desde el escritorio jurídico Tinoco, Travieso, Planchart y Núñez, en Caracas.
Según el documento, Mireya Blavia participó desde Panamá junto a sus hijos adoptivos y su asesor Silvestre Tovar.
También participaron Claudia Cisneros, acompañada por su esposo Andrés Capriles —identificado en el documento como hermano de Henrique Capriles Radonski—, Maritza y Mariela Cisneros, Ella Fontanals y representantes legales del grupo empresarial.
Cisneros había designado a dos albaceas con amplias facultades para administrar, liquidar y adjudicar los bienes, lo que limitaba el acceso directo de las herederas a las cuentas principales.
Claudia Cisneros, identificada en el documento como la única hija biológica del empresario, inició posteriormente una estrategia judicial apoyada por más de 40 abogados.
La rama Fontanals presentó recursos ante tribunales de protección y ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia para cuestionar jurídicamente las adopciones internacionales de los seis hijos de la rama Blavia.
El objetivo de esos procedimientos, de acuerdo con el documento, era conseguir que las tres hijas de la relación con Fontanals fueran reconocidas como herederas universales, argumentando supuestos vicios procesales en las adopciones.
Una fortuna repartida por varios países
El patrimonio disputado incluye bienes y estructuras empresariales distribuidos internacionalmente.
El inventario descrito en el documento menciona una isla privada en las Bahamas, identificada como Cat Island; cuatro aeronaves ejecutivas; participaciones en la Torre La Esmeralda, en El Rosal, Caracas; el Edificio Luxor, en Las Mercedes; y residencias en Madrid, Roma y Nueva York.
También incluye estructuras offshore constituidas históricamente en Panamá, entre ellas Fela Overseas S.A., Bienes y Valores Loja S.A. y Corporación de Inversiones Valencia S.A.
A la batalla familiar se agregó el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT.
Según el documento, el organismo hizo una valoración preliminar del patrimonio superior a 10.000 millones de dólares y reclamó el pago de una alícuota de 30% correspondiente al impuesto sucesoral.
La falta de liquidez inmediata para afrontar la obligación fiscal y la existencia de compromisos bancarios, incluidos los mencionados con JPMorgan, contribuyeron a bloquear la adjudicación efectiva de los bienes entre los herederos.
Una disputa por las cenizas
La confrontación familiar llegó incluso al destino de los restos del empresario.
En julio de 2022, según el documento, las cenizas de Cisneros fueron llevadas a Caracas e inhumadas por decisión de Mireya Blavia en el panteón de la familia Cisneros en el Cementerio General del Sur.
La ceremonia fue privada y, de acuerdo con el archivo, Claudia, Marisa y Mariela Cisneros Fontanals no fueron notificadas previamente ni participaron en la decisión.
Las tres expresaron posteriormente fuertes reclamos por lo que consideraron una exclusión de los actos funerarios de su padre.
El factor Luis Marín
El último elemento descrito en el documento es la relación de Mireya Blavia con Luis Marín, expresidente de Citgo y exdirectivo del área de Exploración y Producción de PDVSA.
Según investigaciones periodísticas y reportes del sector petrolero citados en el archivo, Marín mantuvo cercanía con Blavia y habría colaborado en gestiones destinadas a preservar los canales de interlocución con PDVSA alrededor de Petrodelta.
El documento señala además que la trayectoria de Marín había generado cuestionamientos relacionados con su gestión en la filial estadounidense de PDVSA y con contactos dentro del negocio energético.
Su participación en asuntos de las empresas de la familia habría generado tensiones con los albaceas y un mayor escrutinio por parte de acreedores internacionales, según el texto.
Esos conflictos se produjeron antes de la reconfiguración de las áreas petroleras de Petrodelta por parte del Estado venezolano en 2026, que abrió un nuevo frente en una historia empresarial y familiar que, seis años después de la muerte de Cisneros, seguía lejos de cerrarse.
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