En la arena política panameña, un escenario inquietante se cierne sobre las inminentes elecciones generales del 5 de mayo. Acusaciones sólidas apuntan a que el presidente saliente, Laurentino Cortizo, junto a sus aliados en la cúpula judicial, estarían gestando un movimiento contundente para impedir que José Raúl Mulino, el candidato puntero según los sondeos, alcance la presidencia de la nación istmeña.
Las denuncias viralizadas esbozan un presunto golpe de Estado institucional, una maniobra orquestada desde los más altos estrados del poder para cercenar las aspiraciones de Mulino, visto como el delfín del expresidente Ricardo Martinelli, cuya sombra se proyecta sobre el proceso electoral. El objetivo sería evitar, a toda costa, que personas afines al exmandatario asuman el máximo cargo ejecutivo.
En el ojo del huracán se encuentran magistrados designados durante la administración de Cortizo, a quienes se les atribuye la intención de inhabilitar a Mulino como candidato presidencial, pese a que las encuestas lo perfilan como el aspirante con mayores probabilidades de conquistar el voto popular.
La tormenta se agita en las redes sociales, donde circulan detalles sobre una ponencia que, se asegura, contendría la decisión prácticamente consumada de impedir la participación de Mulino, aunque los togados se han declarado en sesión permanente hasta arribar a un fallo concluyente.
«Me corresponde durante los 10 días que iniciaron el 22 de abril hasta el 6 de mayo, 10 días para confeccionar un proyecto de fallo que debo poner a circular a los magistrados, y no solo es necesario analizar las demandas y opiniones del Procurador y 88 alegatos presentados, sino que también hacer un estudio de lo que es la Constitución y la Ley de qué consideramos que es la mejor decisión y requiere un análisis profundo», expresó el pasado 25 de abril el magistrado ponente Olmedo Arrocha, encargado de presentar el proyecto de sentencia.
Esta trama, presuntamente motorizada por Cortizo y el vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien a su vez es candidato presidencial, y que contaría además con el respaldo de diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de otros integrantes del oficialismo, amenaza con desatar una crisis institucional en vísperas de los comicios, sumiendo al país en un remolino de incertidumbre y tensión política.
Cronología de los procesos judiciales y plazos legales
En el vórtice de la contienda electoral panameña, la maquinaria judicial se pone en marcha para dirimir una controversia que podría redefinir el rumbo de las elecciones. El martes 30 de abril, un hito clave se marcó cuando el magistrado Olmedo Arrocha, a quien se le encomendó llevar la batuta en este caso trascendental, presentó el proyecto de fallo sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el acuerdo del Tribunal Electoral que habilitó a José Raúl Mulino como candidato presidencial.
Fuentes allegadas al ámbito judicial revelaron que el pleno de la Corte Suprema de Justicia, presidido por la magistrada María López, se declaró en sesión permanente durante un lapso de tres días para analizar a fondo el proyecto elaborado por Arrocha. Este paso crucial se produce después de que el pasado 25 de abril, el propio Arrocha explicara que tenía hasta el 6 de mayo para entregar su ponencia.
«¿Qué pasa después del 6 de mayo? Se tiene que poner en lectura simultánea 20 días, y luego si hay dos observaciones por lo menos, que disienten de la parte resolutiva, entonces el suscrito tendrá que llevarlo a consideración del Pleno, e incluso se puede perder la ponencia si sienten que la parte resolutiva no le es enfática», aclaró Arrocha el 25 de abril, delineando el intrincado camino procesal que se avecina.
Mientras tanto, voces autorizadas del gremio jurídico han vertido sus análisis sobre los plazos legales involucrados. El abogado Dionisio Rodríguez considera que «los tiempos no dan para antes de elecciones tener un fallo, inclusive ni siquiera prontamente después de las votaciones». Por su parte, el jurista Alfonso Fraguela explicó que «los efectos jurídicos de las acciones de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactiva sino que son a futuro, es decir que en estos momentos Mulino puede correr y si gana el 5 de mayo, el fallo que emitiera la CSJ no se le pudiera aplicar, porque sería a futuro y él ya ganó las elecciones».
Este intrincado entramado procesal, regido por plazos y formalidades legales, plantea un escenario en el que la decisión judicial podría verse atrapada en un limbo temporal, con implicaciones potencialmente cruciales para el desenlace de los comicios presidenciales.
Postura del Tribunal Electoral sobre la designación de Mulino
En medio de la vorágine judicial que envuelve el caso de José Raúl Mulino, el Tribunal Electoral (TE) ha desempeñado un rol clave al brindar claridad sobre los fundamentos legales que respaldaron su decisión de habilitarlo como candidato presidencial. El pleno del TE respondió con prontitud al magistrado Olmedo Arrocha, encargado de analizar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra dicho acuerdo.
En una misiva remitida un día después de la solicitud de Arrocha, el TE dejó en claro que la habilitación de Mulino como aspirante a la máxima magistratura se sustenta en la legislación vigente, específicamente en su condición de suplente del candidato presidencial original, Ricardo Martinelli.
«La norma establece que cuando un candidato principal pierde su carácter de postulado, por cualquier causa, el suplente asumirá su lugar», explicaron los magistrados electorales al togado de la Corte Suprema.
Asimismo, el TE enfatizó que ni el partido Realizando Metas ni Alianza, las fuerzas políticas que postularon inicialmente a Martinelli, tuvieron que solicitar formalmente que Mulino fuera designado como su nuevo abanderado presidencial. «Lo que hicimos es porque la ley lo dice, una cuestión que operaba de pleno derecho. Aquí no había que consultarle nada a Alianza ni a RM (Ricardo Martinelli)», subrayó el magistrado Luis Guerra.
Esta postura contundente del Tribunal Electoral, amparada en los preceptos legales vigentes, constituye un pilar fundamental en la defensa de la decisión de permitir a Mulino suceder a Martinelli en la contienda electoral. Al mismo tiempo, siembra un contrapeso jurídico frente a los cuestionamientos que buscan invalidar su candidatura presidencial.
En este escenario de interpretaciones legales y posturas encontradas, el TE ha asumido la posición de garante de la normativa electoral, respaldando la legitimidad de la participación de Mulino en los comicios y dejando en manos de la Corte Suprema la última palabra sobre su constitucionalidad.
Perfil y antecedentes de José Raúl Mulino como candidato presidencial
En el torbellino político que sacude a Panamá, la figura de José Raúl Mulino ha emergido como el inesperado protagonista de una coyuntura electoral sin precedentes. Este abogado, especializado en derecho marítimo por la prestigiosa Universidad de Tulane en Nueva Orleans, ha asumido el rol de delfín del expresidente Ricardo Martinelli, convirtiéndose en su sucesor en la carrera por la presidencia.
José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli
Inicialmente, Mulino no figuraba en los planes de Martinelli para integrar su fórmula presidencial. En un giro sorpresivo, reemplazó a la esposa del exmandatario, Marta Linares, quien desistió de buscar la vicepresidencia en octubre pasado, aduciendo obstáculos por su afinidad con su cónyuge.
A principios de marzo, un revés judicial sacudió los cimientos de la candidatura de Martinelli, cuando fue inhabilitado para continuar en la contienda tras confirmarse una condena de más de diez años de prisión por blanqueo de capitales. Fue entonces cuando Mulino recibió la autorización del Tribunal Electoral para tomar su lugar en una nómina inédita, ya que no cuenta con candidato a la vicepresidencia.
Pese a este imprevisto, Mulino se lanzó de lleno a la campaña con una estrategia bien definida: atraer al electorado con la promesa de regresar a los «buenos tiempos» económicos y la generación de empleo que caracterizaron la gestión de Martinelli, un magnate de los supermercados cuya administración (2009-2014) impulsó un rápido crecimiento económico en Panamá, gracias a megaproyectos como la expansión del Canal y la construcción de la primera línea del Metro capitalino.
«Atacamos como nunca antes el desempleo y la pobreza», destacó Mulino a sus seguidores en el cierre de campaña, evocando los logros del gobierno de su mentor político.
No obstante, el historial de Mulino también incluye un capítulo como funcionario público durante la administración de Martinelli. Fungió como ministro de Gobierno y Justicia, cartera que luego se dividió para dar paso al Ministerio de Seguridad Pública, del cual también estuvo al frente.
En ese período, Mulino se jacta de haber expulsado a un frente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la selvática provincia del Darién, en la frontera con Colombia. No obstante, expertos señalan que fue precisamente durante su gestión cuando afloró la migración irregular por esa inhóspita zona, donde presuntamente seguían operando traficantes de drogas, armas y, posteriormente, de migrantes.
Con este bagaje, José Raúl Mulino se ha convertido en la apuesta inesperada de las fuerzas políticas afines a Martinelli, en una contienda electoral que podría redefinir el rumbo de Panamá y cuyo desenlace aún se encuentra envuelto en la incertidumbre jurídica y política.
Análisis y comentarios sobre el caso y posibles implicaciones
La intrincada escena alrededor de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino ha desatado un torrente de análisis y especulaciones en torno a las posibles implicaciones que podría acarrear para el proceso democrático panameño. En la vorágine de esta coyuntura sin precedentes, voces prominentes han vertido sus perspectivas, delineando escenarios potenciales y alertando sobre los riesgos latentes.
El analista político Juan Carlos Tapia no ha escatimado en críticas hacia la obstinación de ciertos magistrados, quienes, en su opinión, parecen anteponer sus deseos a la paz y tranquilidad del país. Tapia ha esgrimido los artículos correspondientes del Código Judicial para demostrar que los plazos legales sobrepasan la fecha del 5 de mayo, fecha pautada para los comicios.
Artículos aplicables del Código Judicial de Panamá en el caso de demandas de inconstitucionalidad
«Aunque se quiera forzar una decisión aberrante, los tiempos legales no dan, porque los artículos 2567 al 2570 indican claramente que, después de darse el fallo, deben ser notificados por 3 días y, posteriormente, ser publicados en gaceta oficial. Esto podría interpretarse como un golpe de Estado institucional», advirtió Tapia, exhortando a anteponer el bienestar de la nación por encima de la obstinación personal.
Pareciera que la obstinacion de 5 Magistradas no les importa con la paz y tranquilidad de este país.
Estoy incluyendo los artículos correspondientes para que Uds lo lean y demostrar que los plazos legales sobrepasan la fecha del 5 de Mayo. Explico:
Aunque se quiera forzar una… pic.twitter.com/udvUjUMBoy— Juan Carlos Tapia (@JCTapiaLMB) April 30, 2024
Este análisis encuentra eco en las voces de expertos jurídicos como Dionisio Rodríguez y Alfonso Fraguela, quienes han señalado la improbabilidad de que un fallo definitivo sobre la candidatura de Mulino pueda emitirse antes de los comicios, e incluso prontamente después de las votaciones.
En este mar de incertidumbre jurídica, el analista Edwin Cabrera ha revelado que el pleno de la Corte Suprema de Justicia se encuentra en sesión permanente, analizando la ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, encargado de presentar el proyecto de fallo. Según Cabrera, el «mercado negro de la información» (MERNI) se encuentra al rojo vivo, indicando la ferviente especulación que rodea este caso.
La reunión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia está funcionando con carácter permanente y ya existe o está circulando la ponencia del Magistrado.
El #MERNI está 🔥 @ARCA_Media @panamaendirecto— Edwin Cabrera (@EdwinECabreraU) April 30, 2024
Mientras tanto, voces como la de Tapia claman por la preservación de la paz y la aceptación del veredicto de las urnas, independientemente del candidato que resulte victorioso. En un escenario tan volátil e incierto, el llamado a anteponer el bienestar de la nación por encima de intereses particulares resuena como un imperativo ineludible.
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